Por mayoría, la Legislatura aprobó este mediodía la prórroga durante dos años de la emergencia en seguridad pública por la avanzada de los delitos contra la propiedad y del narcotráfico, y por la crisis que atraviesan cárceles, comisarías y otros sitios de arresto. Además, se agregó la declaración de la emergencia en seguridad vial.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Stella Maris Córdoba. Los detalles de la norma van a ser determinados en la reglamentación de ley o con la sanción de nuevos proyectos que determinen el contenido de este estado de excepción. Con esto, la Legislatura busca que se reduzca la cantidad de muertos por accidentes.

Córdoba argumentó que durante 2016 en Tucumán murieron 341 personas en accidentes de tránsito, ocupando el cuarto puesto a nivel nacional. Además, respecto al tema inseguridad, apuntó contra el secretario de Seguridad, Paul Hofer. "Para que tengamos seguridad los tucumanos es necesario remover la manzana podrida de la secretaria de Seguridad. Se compraron autos, chalecos, armas y motos, pero no se cambió al secretario, que es el verdadero impedimento para mejorar la seguridad", dijo.

El radical Fernando Valdez, en tanto, calificó de "epidémica" la situación en materia de inseguridad en la provincia. "La comisión de seguridad debe hacer un análisis detallado de la situación de seguridad de la provincia. No tiene un registro del mapa del delito", cuestionó.

La sesión de hoy fue convocada de urgencia el fin de semana por el presidente subrogante del Poder Legislativo, Julio Silman (PJ-Tucumán Crece), a instancias de una presentación de los radicales José Canelada y Adela Estofán. Los legisladores afines a Cambiemos advirtieron que la ley 8.931, que había declarado el estado de emergencia durante un año a partir de 2016, había perdido vigencia durante el fin de semana que pasó por falta de tratamiento. Además, junto a otros opositores, como Claudio Viña (Fuerza Republicana), Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Eudoro Aráoz (UCR) y Luis González (Arturo Illia), solicitaron la citación de los ministros Regino Amado(Gobierno, Justicia y Seguridad) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), ya que estas áreas eran las encargadas de aplicar la ley de emergencia en seguridad y adicciones.

Estos parlamentarios objetaron a Amado sobre todo, ya que debía entregar el tercer informe cuatrimestral a la comisión especial de Seguimiento del Estado de Emergencia, pero tuvo una mora de casi dos semanas. Desde el Gobierno se aclaró que dicho informe fue presentado ayer en las comisiones de Seguridad, a cargo de Javier Pucharras, y de Seguimiento del Estado de Emergencia, que preside Silman. 

El estado de emergencia en seguridad permite, por ejemplo, que se habilite a policías retirados a hacer tareas administrativas, a fin de que esos agentes puedan salir a las calles. También se otorgó la posibilidad de efectuar contrataciones directas de urgencia. Y se creó una comisión especial interpoderes que puede aportar a las políticas de seguridad del Ejecutivo.