En estos momentos en que la opinión pública está “sensibilizada” por el decreto Presidencial que, contrariando a lo establecido en la polémica Ley de Reparación Histórica a Jubilados y Blanqueo de Capitales, permite a los familiares de funcionarios públicos sincerar bienes y dineros, el diputado Santiago presentó una iniciativa que intenta transparentar el manejo de los fondos  públicos en la provincia de Buenos  Aires y recuperar “la esencia republicana en la publicidad de los actos de gobierno”, según dijo.

El artículo 1º de la ley presentada por el legislador  oriundo en Rojas especifica: “Prohíbase la inclusión de nombres, símbolos o imágenes que impliquen la promoción personal del Gobernador, Vicegobernador, ministros u otros funcionarios del Poder Ejecutivo; como así también de integrantes del Poder Legislativo, en el marco de la publicidad oficial que se sustenta con fondos del presupuesto provincial”.

Asimismo, el diputado Santiago extiende la prohibición a “intendentes, secretarios u otros funcionarios de los Departamentos Ejecutivos; y a los concejales, consejeros escolares y demás integrantes de los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares, en lo referido al uso de la publicidad oficial sustentada con fondos del presupuesto municipal o provincial”.

El tercer y último artículo establece una Disposición Transitoria: “De existir, al momento de su promulgación, publicidad en los medios de comunicación, en la vía pública o en cualquier otro medio que viole lo establecido en los artículos precedentes, la misma deberá cesar de inmediato o se deberá modificar su contenido a fin de adecuarla a lo aquí normado”.

El actual Vicepresidente II de la Cámara Baja bonaerense, fundamentó en el proyecto subrasyando que “la publicidad oficial en nuestra Provincia ha sido tomada, desde hace ya muchos años, como botín de promoción personal de autoridades o funcionarios, tanto en el ámbito de la gobernación como en las intendencias”.

E inmediatamente describió que “resulta habitual ver que los gobiernos comunican sus acciones, o lo que ellos consideran sus logros, con una identificación personal del gobernante de turno. Claramente esta actitud está en las antípodas del pensamiento republicano del que deberíamos abrevar, situándose por ende cerca de procedimientos de gobiernos autócratas, donde la figura del líder es resaltada de manera impúdica para intentar manipular la voluntad del ciudadano”.

Santiago considera que a 33 años de la restauración democrática “debería ser un concepto plenamente compartido que el dinero público, que es de todos los bonaerenses, no puede ser utilizado para alabar los logros de quien ocupa circunstancialmente un cargo, en lugar de informar a los ciudadanos la acción de gobierno”.

Tras recordar que existe a nivel nacional un marco legal vigente que lamentablemente no se cumple acabadamente (la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública), Santiago resalta que el artículo 42 establece taxativamente: “La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.

Por último, Santiago señala que todos los integrantes de la Legislatura “debemos establecer una pauta clara y precisa para el accionar de las autoridades ejecutivas o legislativas provinciales y municipales, que impida la promoción personal de las mismas con fondos que son de todos los bonaerenses independientemente de sus banderías políticas”.