El proyecta argumenta que "se considera adultos mayores a las personas de ambos sexos, mayores de 60 años, imposibilitados, limitados en su autonomía por razones sanitarias o socio-económicas que les impiden sustentarse de manera independiente o autónoma".

En el registro, deberán inscribirse todas las organizaciones públicas o privadas que aspiren a recibir todo tipo de ayudas o subsidios para atender a la población de adultos mayores mediante el funcionamiento de centros de día, asilos, hogares de ancianos, geriátricos y las restantes denominaciones que aludan a tal tipo de actividad con poblaciones en estado de vulnerabilidad social.

Los CAMGS, deberán responsabilizarse por las calificaciones de su personal directivo y operativo, garantizando que los médicos, enfermeros, cuidadores diplomados, trabajadores sociales cumplan con los requisitos de idoneidad y experiencia acreditada en la atención y cuidado de adultos mayores.

En el caso de los profesionales, deberán contratar un seguro de responsabilidad profesional que garantice sus intervenciones de las eventuales consecuencias de prácticas inadecuadas.

Asimismo, la iniciativa reconoce y ampara el derecho de los familiares a elegir el establecimiento en que se cobijarán a los adultos mayores a su cargo, dentro de los límites que establezca la oportuna reglamentación.

Prevé además, que el Estado apoye el ejercicio del derecho mediante un aporte subsidiario, cuya afectación y uso controlará para asegurar la equidad del sistema de asistencia a la ancianidad indigente.

Es tarea del Estado remediar las situaciones de precariedad social comprobables en el segmento de adultos mayores indigentes y constituye también, una oportunidad de aumentar el beneficio social de los recursos”, indica la autora en los fundamentos.