Días atrás ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que propone la modificación de la Ley Nº 3509 de la Obra Social de los Empleados Públicos, con la finalidad de detallar en forma clara el alcance de la promoción, recuperación y rehabilitación integral de la salud, incorporando la eliminación de edad como tope para acceder a los tratamientos y la gratuidad de los mismos para los afiliados discapacitados. La iniciativa es impulsada por los legisladores Jorge Sosa y Silvina Acevedo, quienes a partir de diferentes reuniones con referentes de organizaciones, padres y familiares de personas con capacidades diferentes entendieron la necesidad de llevar adelante este proyecto de ley de manera urgente para su pronto debate y posterior aprobación.

El proyecto en sus fundamentos refiere sobre el derecho a la salud que tiene toda persona, como derecho consustancial con su propia naturaleza humana, es una conquista muy reciente. Lo es como concepto pero no llega todavía a ser una realidad en muchos países, provincias y ciudades, en múltiples circunstancias que cada uno de nosotros ha podido vivir, se advierte.

“Antes de seguir adelante, no sabemos si será una provocación lanzar al aire la siguiente pregunta: ¿A qué tipo de salud tiene derecho una persona con discapacidad? Quizá nos escandalice, así enunciada. Al parecer, no todas las personas tienen los mismos derechos a la salud, empezando por el primero de todos, el derecho a la vida. La población con discapacidad ve todavía mermado en la práctica su acceso a la salud. Éste es el día en que todavía se niegan en nuestro país exploraciones médicas o actuaciones terapéuticas a personas con discapacidad; unas veces por ignorancia, otras por falta de previsión, y otras porque persiste todavía ese sentimiento de que "total, ¿para qué...?". Pues bien, es preciso proclamar con claridad el siguiente principio: a ninguna persona con discapacidad se debe negar forma alguna de tratamiento que hubiera de ser aplicada sin titubear a otra persona que no tuviera discapacidad. Va en ello un principio fundamental: la dignidad de la condición humana”, remarcaron.

En otro orden, ambos legisladores presentaron otra propuesta para establecer un nuevo régimen de Licencia por Tratamiento de Agente, Tutor de Hijo y/o Cónyuge con Discapacidad para todos los agentes que trabajen en la Administración Pública en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, entidades autárquicas o descentralizadas.

El proyecto se fundamenta en las razones y motivos de este nuevo régimen que prevé licencias por mayor tiempo continuo para tratamiento tanto en la provincia como fuera de ésta, para todo agente público que cuente con discapacidad como también tenga a cargo a un hijo y/o cónyuge con capacidades especiales.