Mientras el dólar pegaba este martes un inesperado brinco, vibración que afectó también en el exterior a las acciones de empresas argentinas, la Capital vivía las vísperas de dos días, miércoles y jueves, signados por posibles decisiones del Congreso y su repercusión en la calle. “Pronóstico reservado”, repetían senadores y diputados cuando se les preguntaba cómo será el miércoles azaroso. No obstante, fuentes de la Cámara de Senadores consideraban improbable que se realice el jueves la sesión de ese cuerpo pedida por el oficialismo y la oposición con intenciones muy diferentes. El peronismo le solicitó la reunión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta natural del Senado, para tratar los respectivos acuerdos senatoriales a los dos candidatos propuestos para jueces de la Corte Suprema, el jurista Manuel García-Mansilla y el actual juez federal Ariel Lijo. Supuestamente, el peronismo se apresta a rechazar los dos acuerdos y por eso quiere la reunión. El pedido del oficialismo mileísta es, por el contrario, para tratar el proyecto de ficha limpia, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que, de aprobarse en el Senado, dejaría fuera del juego electoral a Cristina Kirchner. En efecto, esa iniciativa dispone que no podrán ser candidatos (ni ejercer cargos públicos) quienes estén condenados por casos de corrupción en dos instancias de la Justicia. Es el caso de Cristina Kirchner, que fue condenada por un tribunal oral y por la Cámara de Casación a seis años de prisión por corrupción en el manejo de la obra pública en Santa Cruz. El expediente será enviado por Casación seguramente a la Corte Suprema, pero sería extraño que este tribunal acepte analizar un expediente con resultados idénticos en todas las instancias de la Justicia.

De todos modos, el Gobierno pidió el tratamiento de ficha limpia para espantar al peronismo (que considera ese proyecto un intento de proscribir a su jefa política) e impedir el quorum del Senado y el eventual rechazo de los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Senadores oficialistas argumentaron que, más allá de las diferencias de Javier y Karina Milei con Villarruel, es improbable que esta permita que se abra una sesión del cuerpo por cualquier razón. La oposición necesita los dos tercios de los votos presentes para agregar a cualquier agenda preestablecida el tratamiento de los acuerdos a los dos candidatos a jueces supremos. Esta es una interpretación del reglamento; existe otra explicación, que indica que los acuerdos a jueces de la Corte deben darse en una sesión especialmente convocada y que, por consiguiente, tales acuerdos o rechazos no pueden ser impuestos en cualquier reunión. “La Cámara será citada especialmente en sesión de acuerdos por resolución de la Presidencia, y mediante cédula firmada por el secretario del cuerpo”, dice el artículo 23 del reglamento del Senado cuando se refiere a las sesiones para darles acuerdos a candidatos a jueces de la Corte. Con todo, un senador fue tajante: “Cualquier tema necesita el voto de los dos tercios para ser tratado si no está en el temario”. Punto. No habría ninguna excepción, según esa opinión, con los jueces de la Corte. Por eso, la vicepresidenta aspira a postergar la sesión para la próxima semana, al menos.

Los dos candidatos tienen ya el dictamen de la Comisión de Acuerdos, necesario para que lo trate el plenario del cuerpo. Muy pocos senadores anticipan un acuerdo para esos candidatos, aunque algunos zigzaguean en sus predicciones cuando se trata de Lijo. La información del periodista Gustavo Ybarra publicada el lunes en LA NACION es casi una denuncia sobre la moral de la mayoría de los senadores. Según esa crónica, en el Senado tomaron nota de la eventual “venganza de Lijo” y del “poder de fuego y del manejo corporativo de Comodoro Py” que el juez federal les aplicaría a los senadores que voten en contra de su acuerdo. Hay temor por eso. Inclusive, una senadora contó que un amigo la llamó para alertarla de que no se pronunciara contra Lijo porque podrían “armarle una causa”. Nunca supo si fue un consejo afectuoso o una amenaza velada. ¿Tuvo miedo?, se le preguntó. “Sí, pero el coraje consiste en vencer el miedo”, respondió. No se sabe, por lo tanto, si se trata de una amenaza, de una extorsión o de una advertencia. Pero el clima que se vive en el Senado, descripto por el periodista, es una confesión de parte, por lo menos de algunos (o de muchos) senadores. Debe consignarse, para disipar las confusiones, que los jueces federales resuelven pocos delitos, pero graves: delincuencia organizada, delitos contra la administración pública (corrupción, dicho de otro modo), lavado de dinero, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, entre algunos más. Si tales amenazas penetraron en un número significativo de senadores, es porque estos tienen la conciencia cargada de culpas.

Por las dudas, y también para que no caiga sobre ellos el manto de la sospecha, el bloque de senadores radicales decidió este martes enviarle un mensaje al Gobierno: es mejor, dijo, que el Presidente retire los pliegos de los candidatos para evitar una seria derrota institucional. “Es un favor que le hicimos, aunque nadie nos pidió ese favor”, dijo uno de los senadores. Es, a la vez, el mismo consejo que ya hace varios días le dio a Milei el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo. “Retiren esos candidatos porque ninguno tendrá acuerdo del Senado”, le habría dicho el mandatario mendocino a un funcionario con acceso directo al jefe del Estado. El consejo del bloque radical se decidió a pesar de que algunos senadores estaban dispuestos a votar a favor del acuerdo a García-Mansilla. Uno de esos votos es el de Carolina Losada, que había adelantado que votaría en contra del académico luego de que este aceptara ser designado por decreto. Sin embargo, Losada volvió, luego de reflexionar, a su posición inicial en apoyo de García-Mansilla y en contra de Lijo. Por lo demás, es difícil imaginar un voto a favor de Lijo por parte de senadores que acatan a Cristina Kirchner, cuando a esta la corren con el proyecto de ficha limpia y cuando el Gobierno se negó a negociar con ella un ampliación de la Corte y a incluir en un supuesto acuerdo el nombre del procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales) y la designación de unos 150 jueces en cargos vacantes de la Justicia. Cristina Kirchner no imaginó nunca una Corte Suprema sin que ella participara de su integración, sobre todo ahora cuando su situación judicial está llegando a esa instancia, la más alta y decisiva de la Justicia.

La otra reunión está convocada para la mañana del miércoles en la Cámara de Diputados. Fue una convocatoria rara porque la impulsó el mismo Gobierno para que ese cuerpo tratara el decreto de necesidad y urgencia que aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario; la convocatoria se hizo cuando no existía siquiera el dictamen de la comisión bicameral que debe analizar esos decretos. Es raro, en efecto, que el oficialismo haya sido el promotor de la reunión porque coincide con un día de expectativas, sobre todo después del miércoles pasado cuando una intensa ráfaga de violencia sacudió a la ciudad; sucedió en una marcha de jubilados de la que participaron barrabravas de segunda y tercera línea y otros delincuentes presuntamente rentados. Este miércoles estarán también en la Plaza del Congreso agrupaciones de jubilados, a las que se le agregarán convocatorias de ATE, el gremio de los estatales; los sindicatos de docentes porteños, y organizaciones sociales, casi todas de filiación kirchnerista o trotskista. Publicaciones de la izquierda anunciaron que también participarán “agrupaciones de hinchas de fútbol” (¿barrabravas?) y recordaron que el domingo se cantó en las tribunas contra el Presidente y contra Patricia Bullrich.

Si bien la convocatoria de gremios como ATE y los de los docentes porteños podría darle, según algunos funcionarios, cierto orden a la manifestación, otros miembros del Gobierno señalaban que todo es imprevisible y que nunca faltará algún revoltoso dispuesto al salvajismo. De todos modos, el martes era evidente que el vértice del poder había decidido tomar cartas en el asunto. Al mediodía se reunieron en la Casa de Gobierno, convocados por el súper asesor Santiago Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los principales jefes del servicio de inteligencia estatal, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, y funcionarios de los ministerios de Justicia y de Transporte. Al parecer, la decisión era no dejarle a Bullrich el monopolio de las decisiones sobre una eventual represión durante las marchas opositoras del miércoles. Los tumultos de la semana pasada en esa misma plaza frente al Congreso dejaron gravemente herido a una fotógrafo freelance, Pablo Grillo, y muchos otros participantes con lesiones leves. Un alto funcionario le dijo a LA NACION que las imágenes de violencia desenfrenada de la semana pasada podrían haber beneficiado al Gobierno frente a la opinión pública pacífica, pero que una reproducción permanente de la violencia se volverá inevitablemente en contra de la administración de Javier Milei. Entrará a jugar, en ese caso hipotético, el poder presidencial de controlar la política y el orden público. Es un riesgo peligroso a siete meses de las primeras elecciones que deberá enfrentar Milei desde la poltrona presidencial.