Diputados de la oposición porteña y representantes de la comunidad educativa anunciaron este lunes que promoverán en la Legislatura local el pedido de juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que firmaron un fallo que estableció que solo pueden exigir vacantes en las escuelas públicas las personas que no puedan pagar la educación privada para sus hijos.

La iniciativa, que ingresará esta tarde al parlamento porteño, busca que los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público; mientras que exceptúa del alcance de la medida a la magistrada Alicia Ruiz, quien no firmó el escrito.

Puntualmente, el fallo del máximo tribunal hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Ciudad, ante la demanda presentada en 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara la vacante a su hijo en un jardín de infantes.

En la resolución, los cuatro jueces consideraron que no existe una obligación del Estado local de ofrecer vacantes a todas las niñas y niños de entre 45 días a 3 años de edad que y habilita criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias.

La decisión de los jueces fue repudiada este lunes durante una conferencia de prensa, organizada en las puertas de la Legislatura porteña, donde participaron legisladores del Frente de Todos (FdT) y del Frente de Izquierda, así como también representantes sindicales, de centros de estudiantes, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa.

“Es imprescindible iniciar una investigación a fondo sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público de los integrantes que tribunal que firmaron este fallo que es un gran disparate, aberrante y atenta contra la Constitución de la Ciudad y contra todos los derechos y garantías consagrados”, dijo la legisladora del FdT y vicepresidenta de la comisión de Educación, Lorena Pokoik.

Agregó además que “la Justicia, a pedido de Horacio Rodríguez Larreta y de la ministra Soledad Acuña, dicta un fallo a medida de lo que el Gobierno porteño necesita para seguir ajustando la educación pública”.

Referentes comunitarios calificaron el fallo como "un recorte a la educación".

Por su parte, la diputada Myriam Bregman afirmó que la conferencia convocada “es solo una primera respuesta a este escandaloso fallo y será el inicio de una serie de medidas porque es un fallo que no se puede aplicar, que no hay por qué cumplirlo porque es inconstitucional ya que viola el artículo 24 de la Constitución porteña”.

Paula Caligna, de UTE, consideró a la resolución judicial de “una maniobra del Gobierno porteño que utiliza a la Justicia para recortar la educación”; al tiempo que Alejandra López, de Sadop dijo que desde el sindicato que representa “no vamos a permitir la mercantilización de la educación y que nuestros pibes se queden sin vacantes”,

En sintonía, Micaela Rodríguez, del colectivo “La vacante es un derecho”, evaluó que la decisión judicial “dice que no es nuestro derecho elegir la educación de nuestros hijos, sino que depende de nuestro salario y de nuestra situación económica”.

Por su parte, el diputado del FdT Santiago Roberto dijo que “es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del Gobierno porteño y representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes que, desde hace años, reclaman las familias que eligen la escuela pública”.

“Este fallo viene a decirles a todas las familias que no busquen la vía judicial para reclamar una vacante escolar justo en un año que sabemos que va a haber más familias que se van a volcar a la educación pública, por lo que se puede esperar un récord de pedidos judiciales”, explicó la diputada María Bielli.

El pedido de juicio político por parte de la Legislatura figura en el artículo 92 de la Carta Magna porteña y puede estar “fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes”.

Y puede alcanzar “al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de Incapaces y al Defensor del Pueblo”.

Para avanzar en el tratamiento dentro de la Legislatura, el expediente deberá ser debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, desde donde podrá ser girado al recinto de sesiones para su debate y posible aprobación, para lo que demandará de al menos 40 votos afirmativos, de los 60 que componen la cámara.

En ese sentido, el oficialismo porteño, que responde a Larreta, suma 26 escaños propios en el bloque Vamos Juntos; a lo que se adicionan once más de las bancadas de UCR y el Socialismo; lo que deja al arco opositor con 23 votos, lo que los posiciona lejos de poder conseguir una sanción favorable respecto del juicio político.