El Senado en su última sesión ordinaria convirtió en Ley el proyecto por el cual aquellas empresas que brinden servicios públicos en el ámbito de la provincia (caso de EDESA, de GasNor, de telefonía, etc.), deberán abstenerse de efectuar la suspensión de la prestación si el usuario no abonó su factura y cayó en día inhábil, feriado o víspera del mismo.

El proyecto de Ley provenía desde la Cámara de Diputados, que le había otorgado media sanción, ahora con la aprobación dado por la Cámara Alta, pasa al Poder Ejecutivo Provincial para su correspondiente promulgación.

Otro proyecto de Ley que le otorgó sanción definitiva el Senado correspondió al que provenía en revisión desde Diputados, por el cual se incorpora el inciso 29) al artículo 276 del Código Fiscal. Dicho artículo establece el alcance del impuesto a los sellos a las actas, actos, instrumentos o acuerdos que se suscriban como consecuencia de la utilización del sistema de mediación, previstos por la Ley Nº 7324.

Pedidos de informes

Además del pedido de informe sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH) del Norte provincial, que Nuevo Diario difundió en su edición de ayer, se aprobaron el jueves los siguientes: de los senadores Santiago Payo (San Martín-PJ) y Jorge Rodríguez (Rosario de Lerma-PJ), solicitando al interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), informe a la brevedad, sobre el servicio de atención al público prestado por el organismo en relación a la cantidad de filiales con que cuenta en la provincia, la individualización de cada una y la dirección, cantidad de personal y horarios de atención de cada una.

Surgido de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, a pedido del senador Jorge Rodríguez, se solicita al ministro de Ambiente y Producción Sustentable, para que en el plazo de cinco días informe, la actuación de dicho organismo respecto de la prevención, fiscalización, infracciones, decomiso, depósito y transporte de sustancias contaminantes o peligrosas y olores nauseabundos emanados de la industria del cuero de la Curtiembre Arlei con sede en el Municipio de Rosario de Lerma.

Y el de la senadora Claudia Silvina Vargas (Cafayate-UCR) que requiere al ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos y al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para que en un plazo de cinco días informen sobre la realización de relevamientos e informes técnicos respecto de terrenos privados para la eventual construcción de nuevas viviendas en el departamento Cafayate.