Estas iniciativas se plantearon en cuatro dimensiones: la reorganización de las fuerzas de seguridad, funciones del poder judicial federal, misiones del sistema de salud y competencias del sistema de educación.

Carlos Martínez, candidato a diputado nacional, expresó que "en relación al rol de las fuerzas de seguridad es tarea impostergable crear una Agencia Nacional contra el crimen organizado y reformular los caóticos e ineficientes esquemas de enfrentamiento con este delito transnacional y los grupos criminales altamente sofisticados. A parte de lo anunciado anteriormente, y dentro del nuevo organismo, se debe poner en funcionamiento distintos departamentos o áreas de abordaje, entre ellas, las de combate e investigación de delitos económicos, en particular, lavado de dinero, trata de personas, delitos cibernéticos y un área de frontera, así como una sección especial de inteligencia criminal sobre delitos complejos".

Asimismo, el actual diputado provincial, manifestó: "actualmente hay una superposición de funciones entre las fuerzas nacionales y las policías provinciales que cuenta con un departamento de drogas peligrosas eficiente pero de dimensiones insignificantes para abordar tamaña tarea. Nosotros le vamos a fijar a esa agencia federal un plan estratégico nacional y un organismo que controle el cumplimiento de las metas fijadas en dicho plan", aseguró el actual candidato.

Respecto al rol judicial, Martínez aclaró que "la justicia federal debe reenfocarse en lo inmediato en la persecución de los delitos de transporte, comercialización, producción y distribución de estupefacientes en gran escala para lo cual hay que afectar más presupuesto y recursos humanos y derogar la ley de narcomenudeo, destinado a la punición de consumidores y perejiles, en su mayoría, de clases humildes. En ese sentido, Martínez recordó que "los diversos espacios políticos que formamos "Progresistas" hemos presentado, a través de nuestros actuales legisladores, varias iniciativas tendientes a despenalizar la tenencia para consumo personal y la tenencia simple con fines de consumo personal".

Para finalizar, se refirió al papel en esta cuestión de los sistemas de salud y educación: "el tratamiento de las adicciones debe darse como un problema de salud mental, tal como lo establece la nueva ley nacional, ya que el adicto no es un delincuente, salvo que cometa un delito", expresó.

En tanto al tema educativo, Martínez le otorgó fundamental importancia a la actividad de concientización y capacitación de los diversos actores de la educación, así como a la participación de la sociedad civil para prevenir tanto las adicciones como el consumo indebido de drogas. En ese sentido se refirió a "la ley 26586 que fue sancionada hace más de seis años y no cumple con sus objetivos porque no se le destina partidas presupuestarias suficientes por parte del gobierno nacional".