La Unión Europea (UE) y Canadá firmaron ayer un acuerdo de libre comercio, considerado como el más ambicioso negociado hasta ahora porque elimina barreras arancelarias e incrementa los intercambios entre ambas economías, algo que fue ampliamente criticado por los beneficios millonarios para las empresas multinacionales y que provocó disturbios y descontento popular.

“El CETA (nombre con el se conoce al acuerdo comercial) es el mejor, el más progresista negociado nunca por la UE”, celebró ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para quien el acuerdo fijará los estándares de la veintena de acuerdos de libre comercio que negocia la UE con otros países. En la presentación del tratado lo acompañaba el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El CETA, acrónimo en inglés para Acuerdo Comercial y Económico Integral, afecta a unos 545 millones de personas y tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros en la economía de la UE y de 8000 en la de Canadá, según el gobierno del bloque europeo.

Se trata de un pacto que, además de eliminar tasas aduaneras y aceptar la homologación recíproca de normas que afectan a productos manufacturados, refuerza la protección de patentes farmacéuticas, convalida títulos universitarios y abre los mercados de licitaciones públicas, entre otros puntos controvertidos.

En tanto, la UE destaca que el acuerdo eliminará anualmente más de 500 millones de euros en aranceles a las empresas europeas de forma que se dará durante “décadas” un impulso a las exportaciones, un sector del que actualmente dependen 31 millones de los empleos en el bloque. Sin embargo, no todos creen que este acuerdo comercial mejorará la vida de los ciudadanos de la UE y Canadá.

Sectores ecologistas y progresistas criticaron hoy fuertemente el acuerdo y denunciaron que fue negociado de manera opaca y redactado para beneficio de las empresas multinacionales, al margen de los ciudadanos cuyas vidas serán afectadas.

Entre los puntos más controvertidos del CETA se encuentra el sistema de tribunales privados de arbitrajes, previstos para resolver los litigios entre inversores y Estados de forma que se estandaricen marcos normativos y se aceleren las sentencias. Los movimientos antiglobalización creen que se trata, en realidad, de un sistema que coloca en manos privadas con intereses oscuros la capacidad de los Estados de administrar justicia, según sus propios valores, intereses y reglas.

Ante esta oposición ciudadana a los tribunales de arbitraje privados, los negociadores se vieron obligados a modificarlos para que fueran la UE y Canadá los que designaran a los magistrados, en vez de las empresas y los Estados. Además introdujeron el derecho de apelación y elevaron las exigencias éticas que deben cumplir los jueces.

El CETA podrá aplicarse casi en su totalidad a partir del próximo enero, cuando está previsto que lo apruebe –sin dificultades– el Parlamento Europeo (PE). Pero para implementarse completamente, el acuerdo deberá ser ratificado por los Parlamentos nacionales de los Veintiocho países miembros, un proceso que promete ser largo y farragoso.

El descontento popular contra este acuerdo se plasmó ayer en las protestas frente a la sede del Consejo Europeo en Bruselas. Según informó la policía, 16 manifestantes fueron detenidos por traspasar los controles de seguridad. La protesta fue pacifica, aunque algunos manifestantes lanzaron bolsas de pintura contra la fachada de cristal del edificio y un grupo de personas logró colarse hasta la entrada del Consejo Europeo.

Los detractores del CETA temen que el acuerdo pueda reducir los actuales estándares ambientales y de protección al consumidor.

Mientras muchos de los manifestantes se mostraron defraudados por la firma de ayer, la organización ambiental Greenpeace pronosticó en un comunicado que el acuerdo no superará el necesario proceso de ratificación por los parlamentos nacionales ni los exámenes jurídicos.

“Es hora de que nuestros gobiernos pongan fin a la colaboración con los lobbies empresariales y rediseñen una política comercial que respete la democracia y promueva el interés público”, reclamó la organización.