Tuvo que pasar el escándalo por la fuga y la recaptura de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez –los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci- para que finalmente ayer se decidiera incrementar la recompensa para quien otorgue datos certeros que permitan dar con el paradero del autor intelectual de esa masacre: Ibar Esteban Pérez Corradi, desaparecido desde hace 45 meses. 

Así lo anunció ayer el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. “La gobernadora (María Eugenia Vidal) me ha encomendado incrementar la recompensa al máximo: se habían ofrecido 100 mil pesos y hoy (por ayer) mismo voy a sacar el decreto para llevarlo a 2 millones de pesos. En el caso de los prófugos de Santa Fe, (la oferta) provocó muchos llamados y alertas que nos ayudaron", explicó el funcionario. Cabe recordar que no bien se produjo la fuga de este capo narco, la recompensa se había fijado en apenas $10 mil.

¿Por qué, durante todo este tiempo, se mantuvo una cifra tan irrisoria en concepto de recompensa, siendo que estamos hablando de uno de los principales narcotraficantes de nuestro país? La explicación habría que encontrarla en el hecho de que el gobierno K y el sciolismo nunca quisieron encontrarlo. ¿El motivo? Si recapturan a Pérez Corradi, muchos de sus cómplices políticos –estrechamente ligados al kirchnerismo- podrían caer con él. La lista es larga e incluye, entre otros nombres, al exjefe de gabinete,  Aníbal “La Morsa” Fernández y sus principales operadores políticos en Quilmes; el ex titular de la AFIP y actual responsable de la Auditoria General de la Nación, Ricardo Echegaray; el ex viceministro de Salud de Daniel Scioli, Alberto Costa, entre otros. Hasta la propia Cristina Kirchner debería sentarse en el banquillo de los acusados para dar explicaciones ya que su campaña presidencial, en 2007, se financió en gran parte con aportes de protagonistas de esta mafia, algunos de ellos socios comerciales de Pérez Corradi.

“En la causa del Triple Crimen de General Rodríguez,  están probados que hubo cientos de llamados entre Pérez Corradi con Martín Lanatta, y de estos con la gente del Registro Nacional de Armas (Renar), que en aquella época era conducido por Andrés Meiszner, que es el hijo de José Luis Meiszner, mano derecha de Aníbal Fernández, y que está acusado ahora por el escándalo de corrupción en la FIFA. Es la pista que no se siguió porque nunca fueron llamados a declarar. Desde lo personal tengo muchísimas esperanzas para que en la próxima declaración indagatoria  que le formule la jueza María Servini de Cubría a Martín Lanatta, que es el 18 de enero, surjan elementos que nos permitan encontrar la verdad en todo este caso”, dijo a Hoy el ex diputado Walter Martello, quien formó parte del equipo de investigación sobre “Narcotráfico y Crimen organizado” que coordinó Elisa Carrió en el año 2009. Este informe aportó importantes pruebas en la causa en la que los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci fueron condenados a cadena perpetua.

Martello agregó: “Las tres declaraciones anteriores que efectuó Martín Lanatta en el juzgado de Servini de Cubría fueron muy importantes en cuanto a lo que tienen que ver con la atribución de responsabilidades concretas en el caso. Esperemos que la fuga no haya cambiado esta situación en la investigación, y él siga aportando datos porque Lanatta es un nexo para llegar a Pérez Corradi, y Pérez Corradi a su vez, es un vínculo clave para poder desentrañar todas las conexiones políticas que hubo en la mafia de la efedrina con la clase política nacional y provincial”, dijo a Hoy.

Pérez Corradi es considerado como uno de los principales nexos entre la denominada mafia de la efedrina y el temible cartel de Sinaloa, conducido por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, recientemente recapturado luego de haber protagonizado, el año pasado, una cinematográfica fuga de una cárcel de máxima seguridad. Cabe recordar que, a principios del gobierno de Cristina Kirchner, se había detectado a una ex amante y operadora del Chapo Guzmán, María Alejandra López Madrid, después conocida como “la reina de la efedrina”. El 2 de mayo del 2008 se le retuvo el equipaje en el aeropuerto de Ezeiza junto al de su amiga Petra Torres cuando se embarcaban rumbo a México. Encontraron unas latas con una sustancia sospechosa pero como no había equipos especiales para analizarla se les retuvo el cargamento y las pasajeras pudieron salir del país sin problemas. Llevaban 20 kilos de efedrina, una sustancia que se utiliza en la elaboración de aspirinas y broncodilatadores y que los narcos necesitan para elaborar las redituables drogas sintéticas que se consumen como caramelos en las “fiestas” estadounidenses.

Un tiempo antes, la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) ya había advertido formalmente al gobierno K –especialmente a Dirección de la Aduana, que por aquel entonces era conducida por Ricardo Echegaray- por los nexos de la mafia de la efedrina con el Chapo Guzmán. ¿Qué hizo Echegaray? Absolutamente nada. Por el contrario se profundizó la falta de controles al punto que la importación de la efedrina que se triangulaba con destino a México creció exponencialmente durante su gestión: entre 2006 y 2008 el ingreso al país de ese alcaloide se multiplicó 11 veces. Existen sospechas concretas de que Pérez Corradi era un protegido de Echegaray.

Cabe destacar que, gracias al programa de blanqueo de capitales que instrumentó Echegaray en la AFIP, la esposa del líder narco logró ingresar al sistema 4 millones de pesos que obviamente no estaban declarados.  En definitiva, las conexiones narcos del kirchnerismo destilan un olor a podrido cada vez más fuerte.

“Hay que avanzar contra el Narco-Estrado”

Ante una consulta de Hoy, el diputado nacional Fernando Sánchez, uno de los colaboradores más cercanos de Elisa Carrió, afirmó que “aumentar la recompensa es una medida correcta. Ibar Pérez Corradi es la pieza principal para avanzar en la causa del tráfico de efedrina. El gobierno de Cristina Kirchner, donde Aníbal Fernández era una pieza clave, lo dejaron profugar, dando cuenta de las complicidades políticas al más alto nivel que ha tenido este personaje”.

“Con decisión política se puede todo, y a nuestro país eso le resulta imprescindible para avanzar. Luchar contra el Narco-Estado que comenzó a instalar el kirchnerismo es fundamental”, sostuvo Sánchez. Y remarcó que “Aníbal Fernández fue durante muchos años el responsable directo de las fuerzas de seguridad en nuestro país, y por muchos motivos nosotros le pedimos en reiteradas ocasiones el juicio político sin que seamos escuchados por el kirchnerismo y muchas fuerzas de la oposición”

Conexiones políticas que llegan hasta la región

Pérez Corradi no solo tiene lazos políticos con Aníbal Fernández, sino también con dirigentes sciolistas como el exviceministro de Salud de la provincia durante el gobierno sciolista, Alberto Costa, quien debió renunciar a su cargo tras conocerse su participación en la denominada mafia de los medicamentos que terminó con la detención del dirigente sindical Juan José Zanola. Costa también fue presidente de la Federación Odontológica de La Plata, Berisso y Ensenada y se encuentra procesado en esa causa a la espera que se defina la fecha del juicio oral.

El lazo de Pérez Corradi con Costa era el empresario de droguerías Néstor Lorenzo, quien a través de la firma Elaboradora de Productos Biológicos SA, participó en la supuesta adulteración de medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos. Eso no es todo: según pudo saber Hoy, durante los gobiernos de Felipe Solá y Daniel Scioli, Lorenzo tenía contactos millonarios con distintos organismos de la Provincia como el IOMA.

Costa también fue socio en una clínica odontológica del actual concejal K de Berisso, Oscar Potes. Se trata de un edil que también se desempeñó como secretario de Promoción Social de la Capital del Inmigrante durante la gestión del kirchnerista Enrique Slezack. A propuesta de Costa, Potes declaró como testigo en la causa por la mafia de los medicamentos.

Aníbal Fernández está relacionado además a través de su asesor legal Gustavo Frasquet, un sombrío abogado de Quilmes defensor de múltiples narcotraficantes de la zona, y del propio Pérez Corradi, con el ex comisario involucrado en el atentado a la AMIA, Juan José Ribelli, quien hace unos meses atrás quedó en evidencia por haber apoyado económicamente la campaña presidencial de Daniel Scioli para las PASO. Ribelli habría ayudado a Frasquet en la defensa por las denuncias que se presentaron contra Fernández. No es un dato menor que el socio del ex comisario sospechado de corrupción en su paso por la Bonaerense sea Carlos Broitman, un conocido defensor de narcos como Henry López de Jesús Londoño, alias Mi Sangre, un ex paramilitar colombiano que fue detenido en un country de Tigre.

¿Cómo fue el triple crimen?

El 13 de agosto de 2008 encontraron en una zanja al costado de la ruta 6, en General Rodríguez, los cuerpos de tres jóvenes empresarios: Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Los habían asesinado dos días antes. Forza y Ferrón se dedicaban a la compra y venta de medicamentos. Bina era un publicista que tenía una conexión con Jesús Martínez Espinosa, otro “rey de la efedrina”, que se encargaba de comprar la sustancia para venderla al cartel de Sinaloa y otros clientes que tenía en su nómina mexicana.  El negocio era muy lucrativo para todos hasta que apareció un competidor, el argentino Ibar Pérez Corradi, quien contrató a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci, para que se deshicieran de sus adversarios. Todos fueron condenados a prisión perpetua por los asesinatos en diciembre de 2012. Pérez Corradi, que ya era buscado por un caso de narcotráfico en el estado de Maine, espera el pedido de extradición de la justicia estadounidense.

Quilmes en el centro de la escena

Para entender el entramado de la mafia de la efedrina es necesario conocer como se maneja el submundo de la política en Quilmes que tiene en la figura de Aníbal Fernández a uno de sus máximos exponentes.

Quilmes goza del triste privilegio de haber sido el primer municipio de la provincia en tener un intendente prófugo de la justicia como lo fue Aníbal Fernández en 1994, cuando tuvo que huir escondido en el baúl de un auto. Pero, gracias a la impunidad reinante, volvió al ruedo y logró que su ex chofer, Sergio Villordo, se convirtiera en intendente en 2003. Villordo aprendió de su entonces jefe el manejo del municipio, sus negocios y como salir impune ante las acusaciones que le fueran formuladas oportunamente. De hecho fue investigado por uno de los hechos más aberrantes que se haya registrado en el Conurbano en los últimos tiempos: “el caso del cadáver en el freezer” que se inició cuando Gladys Pérez, ex concubina de Sebastián Giancristóforo (más conocido como "Cacho Rey", muerto en 2005) denunció en la Justicia que en 2003 Villordo y otros colaboradores, habrían escondido en un freezer el cadáver de un hombre al que habrían atropellado. Y al que meses después enterrarían.

Cacho Rey era puntero de Aníbal Fernández y distintas fuentes lo sindican como uno de los responsables junto a Martín Lanatta, a Osvaldo “Dedo” Becerra (ex jefe de la barra brava de Quilmes, club que tiene a La Morsa como presidente) y otros del ataque a militantes del sector del PJ que responde al ex diputado nacional Eduardo Camaño, en plena disputa por el control partidario de ese distrito durante el 2005.

Alejandro Giancristóforo, hijo de Cacho Rey, fue secretario de Andrés Matías Meiszner, el ex titular del registro de Armas (RENAR) durante la gestión de Aníbal Fernández como ministro del Interior. Andrés es hijo de José Luis Meiszner, ex presidente de Quilmes y ex segundo de Julio Grondona en la AFA. Cabe recordar que Meiszner padre el año pasado cayó en desgracia al quedar imputado en la causa en la que se investiga el pago de coimas millonarias en la Fifa, por lo que tuvo que entregarse a la Justicia de Estados Unidos. Antes de quedar involucrado en el triple crimen, Martín Lanatta solía rondar una confitería que se encuentra frente al Renar a efectos de "vender" sus servicios a quien lo precise. Merced a sus contactos, cualquier interesado podía obtener la oportuna tenencia y portación de armas, aún cuando no estuviera calificado para ello.

Buscan que los narcos no estén en contacto

El juez federal Sergio Torres ordenó que los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci no estén en contacto en la cárcel de Ezeiza con dos personas detenidas por narcotráfico: se trata de Mario Segovia, conocido como el "rey de la efedrina", y el ucraniano Yury Kepich, ambos detenidos en Ezeiza. Segovia tiene dos condenas a nueve y 14 años de prisión por tráfico de efedrina, el mismo precursor químico al que estaban vinculados los tres asesinados en General Rodríguez, hecho por el que los Lanatta y Schillaci están condenados a perpetua.

Por su parte, Kepich está preso por un homicidio que se habría cometido en una disputa por narcotráfico y el juez Torres lo está investigando por tráfico de cocaína de Argentina a Europa.

Otra información que tuvo en cuenta el juez Torres es que Kepich organizaba hace años asados en la cárcel de los que participaban tres narcos muy conocidos: el mexicano Jesús Martínez Espinoza, el peruano Marcos Estrada González, y Miguel Ángel "Maleluco" Villalba.

Martínez Espinoza está condenado por el laboratorio de anfetaminas encontrado en una quinta de Ingeniero Maschwitz y Marcos Estrada González es el líder de la venta de drogas en la villa 1-11-14. Por su parte, Villalba está condenado a 23 años de prisión por liderar la venta de drogas en la localidad bonaerense de San Martín.