Ayer, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) Prof. Silvia Sánchez ratificó que presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de turno en Río Gallegos para que se abra una investigación sobre ingreso de personal al área que preside de forma irregular. Señaló que además de denunciar se ha convertido en querellante y explicó que fue citada a declarar, además de pedir que quien pueda aportar datos se presente ante la Justicia. La funcionaria expuso que por ahora tiene conocimiento de que se habría producido un ingreso bajo esta modalidad. Indicó que esa persona habría abonado determinada suma de dinero para ser empleado estatal. Asimismo, no descartó que puedan sumarse más casos y señaló que abrió un sumario administrativo a personal de su área para “deslindar responsabilidad”. 

SumarioEn conferencia de prensa, Sánchez dijo que tomó “conocimiento hace unos 15 días (mediante un oficio de la Justicia) de que existiría una persona que en el marco de una visita social manifestó haber ingresado a la administración pública y que debió pagar para hacerlo”. La docente sostuvo que “ni bien tomó conocimiento radicó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción en Río Gallegos” y ordenó hacia el interior del organismo que lleva adelante el inicio de “una información sumaria para la investigación interna y deslindar responsabilidades a los sectores del Consejo que tiene injerencia en los ingresos y liquidación de haberes”. Señaló que la denuncia es cursada en la Justicia como una causa penal, “yo he sido citada a declarar y me he constituido como funcionaria querellante”, aseveró.En tanto, explicó que al personal que se le ha iniciado el sumario interno ha sido convocado a dar explicaciones ante las autoridades educativas y “estamos avanzando en una investigación administrativa y a medida que avanza en la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos Provincial y la Dirección de Sumarios se llamará a quienes resulten involucrados en una situación irregular y, de ser necesario, será investigado y sancionado con las acciones que corresponda”. 

VersionesEn este escenario, Sánchez fue abordada sobre versiones que dieron a rodar ex funcionarios del Gabinete Provincial. Sobre esto, la titular del CPE dijo que “hay muchas versiones circulando y considero que los funcionarios tenemos el deber de denunciar cualquier acto irregular que pueda ir en contra del erario público, y como ciudadanos estamos obligados a denunciar estos actos”, destacó. También dijo que quien tenga “mayores datos, que se presente ante la Justicia para contar lo que sabe. En la calle se habla mucho sobre estas cosas, pero poca gente está dispuesta a hacer lo que se debe”. Más adelante, expresó que en el oficio de la Justicia da cuenta de que habría otros ingresos bajo esa modalidad “pero no hay precisiones y esperamos las definiciones de la Justicia”. Al ser indagada sobre la vigencia del decreto provincial que prohíbe el ingreso de personal ante las adversidades económicas del erario público, Sánchez expresó que hay ministerios que se encuentran exceptuados y ello corresponde al CPE. Sostuvo que “todos los años creamos escuelas y servicios educativos para la población y se requiere de personal docente y no docente”, detallando que esos se produjeron con “el visto bueno de la única autoridad que pueda generar ingresos, el gobernador Daniel Peralta”. Finalmente, sostuvo que en su gestión, que ya lleva un año y medio, no ha superado las 50 altas laborales.