A través de una nota presentada al HCD, a la cual 0223.com.ar tuvo acceso, pidieron la “modificación y/o suspensión de la ordenanza 18.740 hasta que se logre una norma que atienda las problemáticas del sector productivo, agrícola y frutihortícola, sin ignorar a las instituciones oficiales y privadas, leyes nacionales, provinciales, y a profesionales vinculados al sector”. Según explicaron desde el sector, la cuestionada normativa, “si bien tiene como objetivo cuidar la salud de la población, propone la prohibición total del uso de agroquímicos y fertilizantes en prácticamente toda la actividad productiva del Partido de General Pueyrredon”, medida que calificaron de “extrema e inaplicable, más teniendo en cuenta que en los principales productores frutihortícolas del mundo, la comunidad que trabaja en la actividad convive calle por medio con las explotaciones productivas”. “La unidad de gestión creada por decreto 1157 del 6 de julio de 2011, bajo la gestión del intendente Pulti, fue conformada para tratar de consensuar una salida a la problemática, incluyendo a todas las actividades vinculadas con el sector; inclusive las entidades ambientalistas que proponían como única vía la producción orgánica”, señalaron. En ese marco, evaluaron que “esta vía propuesta, si bien es teóricamente una alternativa que podría ser tenida en cuenta en un futuro, debe fundamentarse en un programa que contenga un proyecto de investigación serio, de largo plazo y con inversiones acordes para determinar la factibilidad de realización y el valor del cultivo orgánico para cada especie”. A su vez, subrayaron que “se deberán estudiar las recomendaciones y con total precisión, determinar cómo controlar cada una de las plagas de enfermedades y virus de enfermedades que afectan normalmente a todos los cultivos de la zona”. Asimismo, indicaron que “si se repensara a la relocalización de la actividad, nos encontraríamos con problemas que van desde costosísimos hasta infranqueables que harían inviable esta opción”. “El motivo de ello serían los costos de adquisición de tierras, la infraestructura de provisión de energía, etcétera”, añadieron. Más adelante, repararon en que, “suponiendo que pudieran existir grandes subsidios a la actividad para relocalizarla en un plazo de 10 a 15 años, sucedería que el mismo contenido de la ordenanza contendría una nueva habilitación para producir la relocalización de las tierras”. “El camino entonces es seguir trabajando responsablemente con las actuales técnicas productivas en los cinturones verdes, tal como se hace en la mayoría de las zonas productoras importantes del mundo. Para ello se debe hacer un uso racional de los agroquímicos, utilizar en cercanías de áreas urbanas los productos de menor toxicidad, teniendo en cuenta al momento de su aplicación las condiciones ambientales, y utilizar los implementos más adecuados, que dependerán de cada cultivo y/o plaga o enfermedad presente”, advirtieron. Por último, aseveraron que “hoy más que nunca, debido a los grandes desafíos que enfrentan los productores para abastecer en cantidad y calidad de alimentos a una demanda cada vez más numerosa y exigente, se debe legislar de tal forma que permita producir conformes a los lineamientos sugeridos a nivel nacional por el INTA, SENASA, Ministerio de Asuntos Agrarios, Colegios de Ingenieros y otras entidades relacionadas el sector; y no para unas pocas personas que tienen como objetivo hacer desaparecer la producción agrícola y frutihortícola del Partido de General Pueyrredon”.