La Municipalidad de Yerba Buena ha dado un paso más en pos de su objetivo de municipalizar el servicio de recolección de residuos urbanos. Este lunes se conoció el decreto a través del cual los gobernantes decidieron adjudicarle la compra de 12 camiones a una de las dos empresas que habían presentado sus ofertas en un concurso de licitación pública, por un monto de $ 36,8 millones.

En total, adquirirán ocho camiones compactadores de residuos sólidos urbanos; dos camiones con caja volcadora para la recogida de los restos verdes y productos de chipeo y dos camiones con caja volcadora trasera, para trasladar los deshechos hacia la planta de transferencia de residuos de San Felipe, en la capital provincial.

La elegida fue la concesionaria de Mercedes Benz en Tucumán, por sobre la empresa Econovo. “Ambas propuestas corresponden a unidades competitivas. La elección de cualquiera eleva notablemente la calidad del parque automotor del municipio. Pero hemos considerado superadora una de esas ofertas porque sus equipos tienen mayor cilindrada; caja automática y servicio técnico móvil de asistencia in situ”, argumenta el secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio, Hernán Macedo, por escrito.

Los camiones se pagarán en 16 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Las primeras siete serán atendidas con el presupuesto municipal 2018, y las siguientes serán imputadas en el ejercicio presupuestario del año que viene.

Cepos y “donaciones”

Pese a que el intendente yerbabuenense, el radical Mariano Campero, tiene resuelta la municipalización de la prestación, debe darles explicaciones a quienes objetan el proceso. Por un lado, la apoderada de Marm Group -la empresa que coloca los trabarruedas en esa ciudad-, Jacqueline Darelli, impugnó los pliegos de bases y condiciones de la licitación pública, aduciendo que no pudo realizar su oferta.

También el abogado Carlos Luis Álvarez, como patrocinante de la firma Corporación de Servicios SRL, hizo una presentación. Entre otras cuestiones, habló de “plazos exiguos”, lo que dificultó la posibilidad de su representante de concursar. Además, planteó que se violentaron disposiciones legales. “Advertimos que, en forma oculta, se estableció que el adjudicatario deberá entregar a la Municipalidad, además de los bienes adjudicados, un vehículo motor tipo Pick Up, doble cabina. No existe la menor duda de que esta camioneta debió haber estado en la lista de objetos licitados”, escribió Alvarez, en un escrito de unas ocho páginas.

De acuerdo con su declaración, al no estar previsto en el llamado a licitación, ese coche debe considerarse una donación. El letrado argumenta también que, de ser así, debería haberse requerido al Concejo Deliberante la aceptación de la donación, de forma previa.

Mientras el departamento de asuntos legales del municipio prepara las contestaciones, el jefe de Gabinete, Manuel Courel, anticipa la respuesta: “el llamado a licitación se hizo con varios días de anticipación”. El funcionario menciona, además, que Alvarez ha sido parte del gabinete del ex intendente Daniel Toledo, y actualmente ha firmado presentaciones de concejales de la oposición. Con esto, deja entrever -según él- intencionalidades políticas por detrás de las impugnaciones.

Con repecto a la camioneta en cuestión, afirma que no se trata de una donación, sino de un “adicional”. Añade que eso suele hacerse en los procesos licitatorios, incluso nacionales. “Se puede pedir un adicional relacionado con el objeto de la licitación y se supone que el oferente lo incluye en el precio”, dijo.

Actualmente, la recolección de residuos domiciliarios es efectuada por la empresa Servicios y Construcciones La Banda, de Mario Delfor Criado. A fines de abril debían prorrogarle el contrato. Pero eso no sucedió. Los funcionarios le dijeron al empresario que, en adelante, la administración municipal iba a acometer esa tarea. Y le pidieron que continúe hasta que ellos estuviesen listos. Mientras, llamaron a una licitación pública, cuya adjudicación es la que se realizó el lunes pasado.