El juez de instrucción Juan Ramos Padilla procesó por el delito de “encubrimiento calificado con ánimo de lucro” a los trabajadores de prensa, a quienes les trabó un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.

También fueron procesadas las policías María Silvina García, subinspectora de la División Fotografía Policial, y la cabo Silvia Susana Bustamante, quienes -según el juez- “aprovecharon sus cargos y funciones para sustraerlas con la finalidad de posteriormente venderlas a cambio de un importe dinerario, que según consta de las pruebas analizadas rondaría la suma de 20 mil pesos”.

En cuanto a los periodistas, “se les reprocha el haber participado en la adquisición -previa compra por un importe dinerario- de las fotografías sustraídas, a sabiendas de ello y con ánimo de lucro”.

“No se difundieron imágenes que podrían denominarse comunes sino, por el contrario, se publicaron fotografías que podrían ser consideradas morbosas, de mal gusto, repudiables, innecesarias, y que claramente afectaron el ámbito privado e íntimo al no respetarse a la víctima ni a su familia, máxime cuando el hecho ocurrió en el interior de su vivienda particular”, resume el fallo.

El juez Ramos Padilla, con intervención del secretario Alfredo Godoy, citó como fundamento del procesamiento el Código de Ética del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), “que cuestiona este tipo de publicaciones”.

“El buen gusto es un valor periodístico, por lo que la curiosidad escatológica, la estridencia innecesaria y la morbosidad son actitudes a evitar. El periodista debe respetar la privacidad de las personas”, sostiene ese Código.

Las fotos de Jazmín de Grazia muerta en el interior de su departamento en el barrio porteño de La Recoleta fueron publicadas por el diario Crónica, en su portada y páginas interiores, en la edición del 10 de febrero de 2012, cuatro días después del deceso.