El juez Pablo Farah procesó con prisión preventiva a cinco uniformados. Un caso de apremios ilegales que golpeó a Urtubey.
Gabriel A. Morini.
La justicia decidió procesar con prisión preventiva a los cinco policías de la provincia de Salta que torturaron a dos detenidos en una comisaría de la localidad de General Güemes. El episodio que trascendió gracias a que fue filmado y subido a Internet disparó una ola de cuestionamientos sobre el control de la fuerza por parte del gobierno provincial a cargo de Juan Manuel Urtubey, cuyo accionar registraba múltiples denuncias por apremios ilegales. El juez Pablo Farah resolvió la situación procesal de los diez imputados que tiene el expediente, dos de los cuales fueron marginados de la investigación. "Del plexo probatorio que hay tenemos además las versiones de las víctimas que son contundentes y una confesión libre y espontánea por parte de la persona que filmó la situación", apuntó Farah en diálogo con Tiempo Argentino.
En un fallo de 30 carillas consideró que los policías Marcos Gabriel Gordillo, Héctor Raúl Gabriel Ramírez, Leonardo Esteban Serrano, Matías Eduardo Cruz y Alberto Antonio Ontivero son "coautores materiales penalmente responsables del delito de imposición de torturas". A ellos se les dictó la prisión preventiva por lo que continuarán detenidos. En tanto, Farah también procesó a Roberto Augusto Barrionuevo –quien filmó el video– "por resultar autor penalmente responsable del delito de omisión de denunciar el delito de tortura" a sus superiores, pero el magistrado le otorgó la excarcelación, aunque "con medidas restrictivas de la libertad".
Para los responsables de la Comisaría Nº 11, la comisario inspector Beatriz Campos y el subcomisario Luis Omar Vivas, Farah dispuso su procesamiento "por resultar presuntos autores responsables del delito de omisión funcional". Ambos oficiales permanecerán en ejercicio de su libertad provisoria", añade el fallo. Respecto de Mario Bautista Sarapura y Sergio Ricardo Ferro, el juez dictó la falta de mérito, ya que consideró que hasta el momento no se logró determinar su vinculación con las torturas.
El hecho se produjo en 2011 en el patio de la misma dependencia salteña pero recién se conoció a través de un video difundido en Internet en julio pasado. Allí se podía ver a los policías interrogando a dos detenidos identificados como Mario Luis Rodríguez y Miguel Ángel Martínez, semidesnudos y esposados a los que se le aplicaba la técnica conocida como "submarino seco", que consta de sostener una bolsa de plástico en la cabeza hasta provocar la asfixia. También los uniformados les arrojaron baldes de agua en la cabeza también con el objetivo de provocarles tormentos. La causa se inició por una denuncia del propio ministro de Seguridad salteño, Eduardo Sylvester, una vez que se conoció la filmación. A través de fotos y ruedas de reconocimiento los torturados reconocieron a sus victimarios, a los que conocían por sus apodos.
Farah tuvo en cuenta las agresiones descriptas de manera cruda por las víctimas y su situación de indefensión, por lo que apuntó como agravante "la alevosía que representa el hecho de no poder obtener el auxilio de parte de terceras personas". El juez enfatizó que las conductas de los policías "están reñidas con la naturaleza humana y con la forma de vida civilizada" y, por ello, "resultan repudiables en cualquier contexto histórico de que se trate". «
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