El expediente está a cargo del juez federal Sergio Torres y el procesamiento, que estuvo acompañado por un embargo de 3 millones de pesos, no se limita al legislador nacional sino que también alcanza a otro ex intendente, Daniel Bolettieri, que fue Secretario de Infraestructura de Giustozzi, y a Luis Carusso,  ex director de Hidráulica y Saneamiento de la comuna.

Según se supo el magistrado constató un perjuicio para el Estado que podría superar los 5 millones de pesos por la construcción de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales que no funciona, a pesar de que las obras finalizaron en el año 2015.  La sospecha es que tanto Giustozzi como Bolettieri estuvieron todo el tiempo al tanto de que la planta no iba a funcionar y aún así avanzaron con su construcción.

Vale recordar que las obras de saneamiento de la región quedaron sujetas al control del juez Torres por orden de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se denunciaran irregularidades en todos los trabajos que se realizaban en la cuenca Matanza-Riachuelo, algunas de las cuales pudieron ser comprobadas tras la primera investigación.

La posición de los funcionarios quedó complicada porque aún si lograran demostrar que no se trata de un hecho de corrupción en beneficio de algún empresario amigo, el no funcionamiento de la obra habla de falta de controles por parte del Estado municipal.