El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal nº3 de Mar del Plata, procesó a funcionarios del PAMI Mar del Plata por administración fraudulenta.

El magistrado corroboró la conformación de una administración fraudulenta entre los integrantes de una sociedad falsa o “fantasma”, cuyo objeto era la prestación de servicios odontológicos, y funcionarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Los procesados son: Néstor Fabián Pardo, Marcela  Susana  Pagano, Rubén Carlos Aparicio, Rubén Carlos Pallaro, Ricardo Rubén Vaquero, María Alejandra Urdampilleta, Hugo Daniel Artero, Berta  María  Pasini y Cesar  Miguel Lozano.

En ese contexto, la investigación determinó la configuración de una maniobra tendiente a defraudar al Estado Nacional a través de la creación de una sociedad falsa, denominada Integradora del Sudeste SRL (integrada por personas fallecidas o prestanombres). La misma contrató de hecho y de manera irregular por un período prolongado de tiempo, por lo menos desde el 2005 al 2008, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (en adelante INSSJP) a los efectos de brindar presuntos servicios odontológicos cuya prestación generó un perjuicio patrimonial para las arcas del organismo estatal.

Tal maniobra conllevó a no controlar las prestaciones que se hacían para facturar prestaciones no realizadas o realizadas por personal médico no autorizado. En ese marco es que esta sociedad falsa presentaba al cobro ante el INSSJP, expedientes relacionados con presuntos servicios odontológicos prestados, con firmas de personas inexistentes o fallecidas provocando un perjuicio patrimonial.

El procesamiento dictado alcanzó a la entonces directora a cargo de la Unidad de Gestión Local XI de Mar del Plata, dependiente del INSSJP, a los auditores del organismo y a los responsables de la empresa cuestionada. A todos ellos, además, se les dictó un embargo de un millón de pesos.

Finalmente, también se dictó procesamiento respecto a un escribano, por el delito de falsedad ideológica, a quien se le decretó un embargo por la suma de 50.000 pesos.