La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó ayer procesada por primera vez. El juez federal Claudio Bonadio la halló responsable, junto a otros 14 ex funcionarios, del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública por la venta de dólar futuro. El magistrado, enfrentado abiertamente con la ex mandataria, se dio el gusto de inaugurar el primer avance certero de la Justicia Federal contra la ex presidenta.

En su fallo, que dará pie a la polémica, Bonadio también procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, a los miembros del directorio del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). A cada uno –incluida CFK– lo embargó por $ 15 millones. Los acusó de haber vendido dólares a futuro “a un precio aproximado de $ 10,65 cuando (el Central) podría haberlo hecho a un valor aproximado de $ 14 o $ 15”, precio del mercado de Nueva York para ventas de futuros. Si bien la responsabilidad de la operación recae en las autoridades del Central, y el juez no enumeró ninguna documentación o pruebas de que la operación financiera fue ordenada por Fernández de Kirchner y Kicillof, Bonadio consideró que “es impensable” que la entonces presidenta y el ministro de Economía no hayan tenido responsabilidad en esta política monetaria.

Luego de que se instaló la discusión sobre las consecuencias políticas de una posible detención de Cristina, el juez hizo un apartado en su fallo para aclarar que no corresponde dictar la prisión preventiva para los procesados porque siempre estuvieron a disposición de la Justicia, no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de su investigación. Fue también un mensaje indirecto para algunos de sus colegas y miembros del gobierno actual, quienes criticaron a Bonadio por haber indagado a CFK y haberla así “traído de nuevo a la escena política”, con acto y movilización frente a los tribunales federales.

El caso. El magistrado dijo que Fernández de Kirchner y Kicillof fijaron el dólar futuro a un “precio de regalo” para “mantener el valor oficial de la divisa estadounidense por debajo del que verdaderamente tenía”. Luego, los miembros del directorio del Central fueron “‘instrumentos’ de su voluntad” y operaron como coautores del supuesto delito. Por eso, procesó a diez ex funcionarios del Central, como Vanoli, Pedro Biscay y Miguel Angel Pesce.

El magistrado calculó que, en menos de 45 días hábiles, el Central pasó de vender US$ 5 mil millones a US$ 17 mil millones. “Es impensable que una operación financiera de esta magnitud sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo. Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente– a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del Banco Central y, por supuesto, a los directores de la CNV”, dijo el juez en su escrito. Además, sostuvo que de no cumplir con las supuestas órdenes presidenciales, esos funcionarios del Central y la CVN “eran totalmente intercambiables”. Citó como ejemplo los reemplazos de Martín Redrado por Mercedes Marcó del Pont, y de Juan Carlos Fábrega por Alejandro Vanoli.