El responsable de la Dirección de Hidráulica de la Municipalidad de La Plata, Luis Caruso, fue procesado por el juez federal Sergio Torres en el marco de una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole, partido de Almirante Brown, para la que se destinaron más de cinco millones de pesos que jamás se ejecutaron.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente judicial, el funcionario, que responde directamente al intendente Julio Garro, no pidió, como responsable del área de Hidráulica del distrito del sur del Conurbano, las autorizaciones correspondientes a los órganos competentes. A  su vez, se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, los cuales nunca se hicieron, para poder recibir los fondos nacionales.

La obra, que debía haber comenzado en 2009 y concluido en 2015, recibió el dinero que correspondía para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. A pesar de esto, lo que se hizo fue una planta con deficiencias estructurales y defectos de diseño, completamente inútil e imposible de ser puesta en funcionamiento. A su vez, el magistrado se encuentra investigando a dónde fueron a parar los fondos que se desviaron.

Por esta causa también fueron procesados el exintendente de Almirante Brown y actual diputado nacional Darío Giustozzi; el exadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Eduardo Bortolozzi; el exsubadministrador y luego administrador de Enhosa, Lucio Mario Tamburo, y el exsecretario de Infraestructura de Almirante Brown, Daniel Bolettieri.

Mutismo oficial

Caruso, quien llegó a la función pública por expreso pedido de Julio Garro, es un viejo conocido de la política local, ya que ocupó la misma función que hoy desempeña durante la época de Julio Alak como intendente. Tras la salida de este último del Ejecutivo local, el funcionario platense consiguió colarse como una de las personas de confianza de Giustozzi en Almirante Brown.

La imputación sobre Caruso vuelve a poner en el centro de la escena política la cantidad de funcionarios públicos que se encuentran cubriendo espacios de poder a pesar de estar procesados por la Justicia por diferentes ilícitos. Algo similar había sucedido el año pasado, cuando el exsecretario de Seguridad local, Daniel Piqué, fue imputado por incumplimiento de sus deberes en el caso que investiga el fallecimiento de la estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí.

De acuerdo a lo que establece el Artículo 246 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuando hay un funcionario implicado por la Justicia en alguna clase de delito público, inmediatamente debe ser separado de su cargo, cosa que hasta el momento no se ha hecho, incumpliendo de esa forma con la ley vigente.

El mencionado artículo de la legislación bonaerense establece que “los funcionarios o empleados a quienes se imputara la comisión de irregularidades graves serán preventivamente suspendidos y, si el caso lo exigiera, la autoridad municipal procederá en la forma indicada en el Artículo 73 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia”. 

Por ahora, las autoridades municipales han guardado silencio sobre la situación judicial de Caruso, no pidiéndole explicaciones sobre su accionar en las causas que se le imputan, aunque la continuidad en el cargo y el mutismo oficial hablan por sí mismos sobre la actitud que tomarán al respecto.

Detalles de un caso complejo

La causa judicial por la que Luis Caruso fue procesado fue iniciada por el juez federal Sergio Torres, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le impusiera la orden de supervisar y controlar los trabajos para proveer agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza.

El titular del Juzgado Federal Correccional nº 12 encontró en forma inmediata una serie de irregularidades, por lo que decidió efectuar una denuncia que, tras el sorteo, recayó en su propio juzgado. Allí, pudo observar cómo Caruso y el resto de los imputados llevaron adelante distintas acciones para “desviar” el dinero que se bajaba para la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole, “despilfarrando” así los recursos públicos.

Otro de los artilugios usados por los funcionarios de Almirante Brown en las maniobras ilícitas fue el de “olvidar” tramitar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de Buenos Aires, avanzando así con una obra que no contaba con el consentimiento de los entes pertinentes, como es el caso de la Agencia de Planificación (APLA), un organismo tripartito de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar los trabajos.

“Se despilfarraron ingentes recursos públicos en un proyecto que siempre se supo que era ineficaz e inviable. Para poder alcanzar tal cometido, desplegaron una gestión que exhibe un sinnúmero de irregularidades de diversa consideración, con las que se pretendió justificar, avalar y esconder esa infiel actuación y el resultado aludido”, aseveró el magistrado en el fallo que terminó con el procesamiento de los imputados.

Para dictaminar la medida, Torres adujo que “el universo de partícipes ostentaba todas las funciones de administración, dirección y gestión de los fondos que se asignaron al proyecto. Además, el conjunto concentraba gran parte de las funciones de contralor, siendo que –como ya fue dicho- aquellas otras que se mantenían en manos de entes ajenos al grupo fueron ilegítima e ilegalmente apropiadas por los nombrados, con el único y claro fin de garantizar el desfalco y su ocultación”.