La procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) giró a la Justicia una denuncia penal contra Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y sus “socios ocultos”, por lavado de dinero, vaciamiento de sus empresas de medios de comunicación, manejos irregulares de cifras millonarias de publicidad oficial y evasión de aportes impositivos y previsionales.

“La denuncia la presentó la PROCELAC, pero no es una investigación propia”, aclaró una fuente del organismo oficial. “Es una denuncia muy completa que nos llegó a principios de esta semana, que presentaron los síndicos de los trabajadores del diario Tiempo Argentino; y como nos pareció que era sólida, la giramos a la Justicia para que investigue posibles delitos”, agregaron desde la Procuraduría.

La causa la llevará adelante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

En la denuncia que presentaron los síndicos Javier Borrelli y Claudio Mardones, se planteó que “Szpolski y Garfunkel habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos, a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado y cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios en los que aparecen repetidamente sociedades comerciales y una firma radicada en Panamá”.

El kirchnerismo repartía avisos para premiar a los medios alineados con el gobierno y castigar a los que eran críticos de la gestión oficial. A los medios de Szpolski y Garfunkel, del ex Grupo 23, les dieron más de $ 2.000 millones durante la “década ganada”. Sólo en 2015 esos medios recibieron $ 422 millones de publicidad oficial, incluyendo los avisos de la Secretaría de Comunicación Pública y la ANSES.

Durante los gobiernos K el Grupo 23 acumuló más de 20 medios que formaron parte del aparato de propaganda kirchnerista, la mayoría financiados casi exclusivamente con pauta oficial, como CN23, Radio América, los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, el sitio Infonews, el dominical Miradas al Sur y las revistas Veintitrés, Auto Bild y Forbes Argentina, entre otros. Pero su vaciamiento empresarial, la poca audiencia de sus medios y el cambio de gobierno provocaron la desintegración del grupo, en menos de un año, luego de ser el mayor multimedio kirchnerista y el mayor receptor de publicidad oficial en la gestión de Cristina Kirchner.

CN23, El Argentino y FM Vorterix pasaron a fomar parte del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con un intercambio de acciones con Szpolski-Garfunkel. Radio América fue intervenida por el gobierno, luego de varios meses sin pagar los salarios. Las radios Rock & Pop y Splendid fueron vendidas a Fénix Entertainment Group. El dominical Miradas al Sur lo compró el Movimiento Evita, que luego lo cerró y no le pagó las indemnizaciones a sus trabajadores. La revista Veintitrés y el diario BAE los compró el Grupo Olmos, dueño de Crónica y Crónica TV, que hace poco dejó de publicar la revista en papel. La imprenta Poligráfica del Plata quebró. Y cerraron las revistas 7Días, Auto Bild, Forbes Argentina, Lonely Planet, entre otras.

Infonews era el último medio que quedó en manos de Szpolski, candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria en las últimas elecciones, hasta que en mayo pasado lo cerró. Pero en agosto reabrió, de la mano de sus trabajadores, que habían quedado sin empleo y decidieron relanzarlo en forma de cooperativa. Algo similar habían hecho los trabajadores del diario Tiempo Argentino, que estuvieron varios meses sin cobrar sus salarios, lo reconvirtieron en cooperativa y lo volvieron a publicar como semanario dominical. 

Fuentes de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo, que edita Tiempo Argentino, señalaron que detrás de Szpolski y Garfunkel, había socios ocultos que participaban de ese conglomerado de empresas de medios, que estaban a nombre de testaferros y, “en su mayoría, estaban registradas como pymes para pagar la mitad del IVA”. Esos socios eran “una serie de figuras clave vinculadas al espionaje vernáculo”, como Juan José Gallea, Darío Richarte y Javier Fernández, según la denuncia que presentó la PROCELAC, a la que tuvo acceso Clarín.

Gallea cumplió un rol importante en ese grupo de medios, donde fue gerente general de 2009 a 2012, y luego siguió haciendo tareas, hasta que se disolvió el grupo ultra K. El actual gobierno designó a Gallea como director de Administración y Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Gallea tiene un papel clave en los vínculos de Szpolski que se denuncian en este escrito”, sostuvo la denuncia.

Richarte era el abogado de ese grupo de medios y es el socio de Gallea en Magnum, empresa accionista mayoritaria de Panificadora Balcarce (Sacaan). Ahora Richarte es vicepresidente de Boca Juniors y mano derecha del presidente de Boca, Daniel Angelici; además de haber sido el número dos de la SIDE, bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando Gallea tenía el mismo cargo que ocupa ahora en la AFI.

Javier Fernández le prestó más de $ 8 millones al grupo de medios y su anciano tío integraba los directorios de varias empresas del grupo. Es íntimo amigo de Richarte y juntos hicieron lobby en los tribunales federales de Comodoro Py a favor de todos los funcionarios del gobierno kirchnerista, muchas veces como voceros de los espías. En la actualidad, integra el directorio de la Auditoría General de la Nación (AGN), en representación del kirchnerismo.

Dos denuncias similares a la de PROCELAC fueron presentadas por los diputados Elisa Carrió (Cambiemos) y Walter Martello (Frente Renovador), ante la justicia Penal Económica y la Unidad de Información Financiera. Además, el fiscal Emilio Guerberoff imputó a Szpolski, su ex chofer y a Mario Pergolini, ademas de a otros ex directivos, por “apropiación indebida” de aportes previsionales y de la seguridad social de sus empleados, así como del impuesto a las ganancias, por $ 85 millones, a partir de una denuncia de la AFIP.