Esta investigación apunta sólo a los movimientos presupuestarios detectados en el transcurso de 2015, último año de gestión. Sin embargo, el organismo de control encontró irregularidades de diversa complejidad que no están contempladas en este fallo y van desde gastos injustificados hasta el pago de sueldos a empleados ñoquis, cifra que ascendería a 400 mil pesos por año, por persona.

El monto que deberán abonar en concepto de “reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal” es de 90.779.046 pesos. Los cargos del Tribunal de Cuentas son hacia Héctor Scavuzzo, pero el exministro Breitenstein sería solidario directo, por lo que si no podría responder uno, lo deberá hacer el otro.

Detenidos

En marzo de 2016, Scavuzzo fue detenido junto a cinco de los funcionarios que lo acompañaban en su gestión. Fueron acusados de, entre 2012 y 2015, y mediante maniobras ilegales, armar un sistema de contratos truchos para apoderarse de cifras millonarias. Semanas después, algunos de los detenidos –entre ellos Andrés Ombrosi, de Bahía Blanca-, pagaron importantes fianzas y recuperaron su libertad.

En su momento, Scabuzzo señaló ante la justicia a Cristian Breitenstein como “el responsable de todo”, ya que afirmó que el también exalcalde  de Bahía Blanca se presentaba en persona en la dirección de pagos y jornaleros de ARS para recibir los haberes de los empleados inexistentes. Desde entonces, Astilleros Río Santiago pasó a ser conocido como “la fábrica de ñoquis”.

El fiscal Jorge Paolini de la UFI 15, a cargo de la investigación, comenzó el trabajo luego de que una ciudadana de Coronel Pringles, localidad de donde Scavuzzo había sido jefe comunal, denunciara que había perdido el beneficio de Asignación Universal por Hijo ya que su esposo aparecía como empleado de ARS, con un sueldo de 30 mil pesos mensuales. Sin embargo, el hombre era empleado rural.

El fallo

Otro responsable, según la investigación, es el ex coordinador de Sueldos del Personal Jerárquico, Rodolfo Elisetch, también detenido. El tribunal de cuentas analizó algunos de los movimientos más sospechosos. Por ejemplo, un acuerdo entre ARS y ATE ensenada, del que derivaron pagos hacía el gremio en concepto de aportes retenidos mensualmente a empleados.  En ese punto, Elisetch declaró que esas fueron decisiones de Scavuzzo.

A su vez, salieron a la luz pagos a la AFIP en concepto de ajustes de Ganancias mal liquidadas, que no impactaron a los trabajadores.

En la rendición de cuentas del Ente en 2015, se advierte un ajuste del presupuesto para personal en unos 740 millones de pesos y registraron 3328 miembros de planta y  168 contratos aprobados, en contraste con los 2256 y 39 reconocidos el año anterior.

De los 168, se demostró que al menos 58 personas que figuraban con haberes de entre 25 y 30 mil pesos, jamás habían trabajado en el organismo y, de hecho, desconocían su vinculación. Varios hombres a los que se les había tomado la identidad, eran jornaleros rurales en Pringles.

Con eso probado y otras irregularidades demostradas en el fallo, entre las que se menciona hasta incompatibilidad de empleo público, se determina que los involucrados deberán devolver a las arcas provinciales un total de 90 millones de pesos. Sin embargo, aún faltará saber si Scavuzzo y Elisetch responderán económicamente o deberá hacerlo su superior, Cristian Breitenstein, quien desde que abandonó su cargo se encuentra en Alemania junto a su familia.