Por el hecho acontecido el pasado domingo 19 de octubre del corriente en el barrio San Cayetano se llevó a cabo ayer al mediodía en sede de los tribunales penales del barrio Roca, la audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria contra Mauro Nicolás y Jonathan Alejandro Tula y contra Diego Omar Paredes. Al concluir el acto y por solicitud del fiscal, se estableció la prisión preventiva de los tres imputados por un mes, se les formalizó la apertura de investigación y se estableció el plazo de tres meses para concluir con la investigación.
Presidió el acto la jueza penal Gladys Olavarría; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Héctor Iturrioz, fiscal general y Cristian Olazabal, funcionario de fiscalía; la defensa de los hermanos Tula fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular; en tanto que la de Paredes fue ejercida por Lilian Borquez, adjunta de la Defensa Pública.
El fiscal solicitó se les formalice la apertura de investigación a los tres imputados en base al hecho acontecido el pasado 19 de octubre del presente año, siendo aproximadamente las 5. Mauro Tula, junto a otras personas, se hace presente en el domicilio de la familia Hernández donde se celebraba una fiesta familiar. Se produce una agresión previa y egresan de la morada varias personas de la familia Hernández y amigos. En ese momento Mauro Tula extrajo un cuchillo y hiere a Braian Hernández, luego comienzan a correr hacia su hogar paterno perseguidos por integrantes de la familia Hernández al verse superados en número. Mauro Tula extrajo un arma de fuego y comienza a disparar contra el grupo que lo perseguía. Luego se ocultan en la casa de los padres de Tula y son agredidos con piedras por los perseguidores. Egresando de ésta Diego Paredes y Jonathan Tula, esgrimiendo ambos armas de fuego, disparando y alcanzando a Miguel Benítez y alcanzando a Orlando Hernández. Calificando provisoriamente el hecho para Mauro Tula como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones graves”, en calidad de autor. Para Jonathan Tula y Diego Paredes como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.
Solicitando Iturrioz que se declare legal su detención y la prisión preventiva por tres meses de los mismos en base a los elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores y la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimientos de la investigación. Requiriendo el mismo plazo para concluir con la investigación.
Por su parte el defensor de los hermanos Tula cuestionó la detención de los mismos por medidas urgentes “ya que no estaban dados los requisitos para esa vía”, sostuvo. Las pruebas que se hayan tomado en ese lapso no pueden ser tenidas en cuenta por el juez, formulando objeción sobre éstas por la invalidez de esos actos jurídicos. Mencionó el principio de la duda y que se debe analizar la figura de “homicidio en agresión” ya que no se sabe quién es el autor aún. Asimismo se refirió a la legítima defensa privilegiada, solicitando se considere la detención domiciliaria continua de sus defendidos, hasta que se logre identificar al autor.
La defensora de Paredes no planteó objeciones respecto del relato del hecho pero sí de la calificación legal escogida, sugiriendo la de homicidio en ocasión de riña y no la de homicidio agravado como postula el representante de fiscalía. Refirió que pueden ser subsanados los peligros procesales con medidas sustitutivas a la prisión preventiva como 2 presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y prohibición de acercamiento a testigos. “No está claro cuál ha sido la participación de Paredes en el hecho”, concluyó.
Finalmente la jueza penal resolvió formalizar la apertura de investigación por el hecho narrado por el fiscal, mencionando que la calificación legal provisoria podría mudar a homicidio en legítima defensa de un tercero. Estableciendo la prisión preventiva de un mes para los tres imputados y el plazo de tres meses de investigación al fiscal. Aún faltan medidas de investigación para analizar qué conducta le corresponde a cada uno de los traídos a proceso.
La medida de coerción dictada se basa en las características graves del hecho, realizado en la vía pública y pudiendo haber resultado lesiva de más personas, también por los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.
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