Los senadores del Frente Renovador ratificarán la vigencia en la provincia de Buenos Aires del acuerdo de gobernabilidad que experimentan con Cambiemos y acompañarían con voto positivo la normativa que con moción de preferencia llegaría al recinto mañana. También acompañará la bancada del PJ.

La idea subyacente que empujó el proyecto de Emergencia Administrativa y Tecnológica, elaborado bajo la atenta mira del ministro de Coordinación y Gestión Roberto Gigante y el aporte del secretario Legal y Técnico Julio Conte Grand, es pretender instaurar procedimientos céleres y ágiles, con “el foco puesto en la provisión de bienes y servicios necesarios para poner en marcha la provincia”, según dijeron.

Plantea la emergencia con una duración de 1 año, y por cuerdas separadas propone algunos cambios normativos que son el puntapié inicial del plan integral de reforma de la gestión pública.

El objetivo de la declaración es establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas.

La selección del procedimiento de emergencia debe estar fundando. Todo proceso se debe publicar en el Boletín Oficial y en la página web del ministerio, además, se debe notificar a las cámaras empresariales que se hayan adherido. Asimismo, previo a la adjudicación intervendrán los organismos de control “con 3 días de plazo”. La adquisición del bien llevará la firma de la máxima autoridad de la jurisdicción.

De esta forma en el Poder Ejecutivo pronostican reducir a la mitad los tiempos que insumen los trámites de licitaciones, que en promedio hoy son inviables: 6 meses para bienes y servicios -que es competencia de este nuevo proyecto- y entre 9 y 11 meses para obra pública –que compete el proyecto de Ley de Emergencia en Infraestructura.

Según se pudo saber, el punto técnico de mayor discusión del proyecto de marras, independientemente de las cuestiones políticas, lo cual termina siendo una excusa elegante para los sectores en pugna, es el Título III.

Allí se habla sobre la Regulación del contrato de servicio y régimen salarial del personal de gabinete, donde, básicamente, se establecen las condiciones de los contratos de servicios que se podrán celebrar durante la emergencia, y de esta forma se apartan de las previsiones contenidas en la ley 10430.

No obstante, se aclara que los contratos que estuvieren cumpliendo a la fecha de entrada en vigencia de la normativa continuaran bajo dicho régimen. Además, se expresa que los contratados bajo esta modalidad de la emergencia no podrán intervenir en actuaciones administrativas ni serle asignadas tareas propias del personal permanente con estabilidad y cesará en forma automática al término de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desempeñe.

Dos artículos son los que quedaron en el centro de las negociaciones, el 25 y el 26, pero que con modificaciones menores serían aprobados mañana.

La ley de Emergencia Administrativa quedó con moción de preferencia para ser tratada con despacho de la comisión de Trabajo y Legislación Social y de Modernización del Estado. La normativa primero sorteó con dificultades la Comisión que preside el radical Gustavo De Pietro y luego también obtuvo despacho de mayoría en la Comisión que comanda el peronista Norberto García. Formalmente tiene destino de recinto.

Pero el acuerdo que se alcanzó por estas horas en el Senado de la provincia de Buenos Aries para tratar mañana la Emergencia Administrativa requirió algo más que los pasos formales por la Cámara alta, luego que la semana pasada se fracasara en el intento por la negativa del massismo a acompañar la iniciativa.

Fue necesario para la construcción del consenso la participación de las máximas autoridades de ambas Cámara, Jorge Sarghini y Daniel Salvador, y la presencia de quien empieza a oficiar como el “refrendador oficial” de acuerdos bonaerenses, el vicepresidente de diputados, Manuel “Manu” Mosca.

El entendimiento alcanzado aisló a la bancada del FpV; por lo menos en el Senado, pues en diputados será otra historia; que en solitario tratará hasta el último instante evitar que la movida se concrete, manteniendo una firme oposición al proyecto que relativiza algunos principios tradicionales de la administración pública provincial, y que formaría parte del cambio propuesto por el oficialismo.