Laura Serra

El fuerte torniquete que aplicó el Gobierno sobre los principales programas sociales destinados a paliar la pobreza y la indigencia en nuestro país ha sido uno de los factores claves para que el presidente Javier Milei pudiera ostentar, al cabo de su primer año de gestión, cuentas públicas con superávit fiscal y el ajuste del gasto “más grande de la historia”.

Según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los programas sociales cayeron un 45,6% interanual –noviembre 2024 vs. noviembre 2023– en términos reales; dicho en otros términos, los recursos que el Estado le destina a los sectores más vulnerables, tanto en partidas alimentarias, asistenciales y educativas, cayeron casi la mitad en un año. Todo esto pese a que la pobreza creció al 52,9% en el primer semestre del año y la indigencia se duplicó, alcanzando al 18,1% de los argentinos.

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En esta situación de extrema vulnerabilidad social, el Gobierno alega darle prioridad a las políticas alimentarias con el objetivo de sostener, justamente, la canasta básica de la población de menor edad. En función de ello, dispuso duplicar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ampliar la cobertura de la Tarjeta Alimentar hasta chicos de 17 años, con aumentos reales en los beneficios.

Empero, según advierte la OPC, el poder de compra de la Tarjeta Alimentar –cuyo monto varía según la cantidad de hijos y se actualiza discrecionalmente por el Gobierno– cayó un 14,3% real año contra año.

Caso contrario sucedió con la AUH: según la OPC, el poder de compra de este ingreso mensual –que tiene unos cuatro millones de beneficiarios– se incrementó un 43% real en el mismo período. Según el Ministerio de Capital Humano, quienes perciben ambas prestaciones tienen cubierta la canasta básica alimentaria.

Sin embargo, si bien fue importante el aumento de la AUH, no llegó a compensar los efectos del ajuste que se aplicó sobre los sectores vulnerables, aseveran en el centro de estudios Fundar. Hay dos razones que lo explican, según su último informe: primero, porque en términos presupuestarios la AUH representa solo el 7% del gasto en seguridad social. Segundo, porque la AUH es la única que experimentó un aumento en un contexto en el que el resto de los “ingresos populares” –tanto laborales como no laborales– que perciben las familias cayeron en términos reales durante la gestión de Milei.

Uno de los programas sociales que más retrocedió fue el plan Volver al Trabajo (el ex-Potenciar Trabajo). Como el ingreso que perciben sus beneficiarios permanece congelado desde que asumió Milei –antes se actualizaba de acuerdo al salario mínimo, vital y móvil– y se mantiene en $78.000 mensuales, el poder de compra se desplomó en un 53% real año contra año, detalla la OPC en su informe.

Otras partidas con fuertes caídas presupuestarias son las becas Progresar (-64,2% interanual) y la atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas (-12,4%). Por el contrario, los fondos para el seguro de desempleo aumentaron un 81,2%, mientras que el programa 1000 días, que tiene como foco la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, tuvo un incremento real del 182%.

“El gasto en protección social disminuyó en el período mencionado, aún con la duplicación de la AUH, un 22%. En otras palabras, la seguridad social fue uno de los componentes más importantes de la disminución del gasto público, uno de los objetivos centrales de la política macroeconómica”, enfatizó Federico Pastrana, de Fundar.

Según la OPC, el ajuste en los principales programas sociales se ubica tercero en el ranking de rubros que más contribuyeron a la fuerte caída del gasto público en lo que va del año. El que más aportó al ajuste fueron las jubilaciones y pensiones, con una caída interanual del 17,5% en términos reales. Así lo detalla la OPC en su informe, en el que señala que el poder de compra promedio de estos once meses registró una caída del 21% año contra año; en tanto, los haberes mínimos (con los bonos de $70.000, congelados desde marzo del año pasado) perdieron un 15,7% de poder adquisitivo.

No obstante, la reducción de la inflación y el nuevo esquema de movilidad jubilatoria –que permite actualizar los haberes con el índice de costo de vida– permitieron que el mes pasado los haberes jubilatorios superiores a la mínima tuvieran una mejora del 12,4% en términos reales; en cambio, los ingresos mínimos cayeron un 5,6%, justamente porque los bonos se mantienen congelados.

La desaceleración de la inflación parece ser, por ahora, la principal política del Gobierno para reducir la pobreza. “Milei es el Presidente que más está haciendo por los pobres”, aseveró el vocero presidencial Manuel Adorni al celebrar, el jueves pasado, la última medición de la inflación del Indec, del 2,4% en noviembre pasado. Este diario consultó al Ministerio de Capital Humano sobre qué políticas aplicará el año próximo para los sectores más vulnerables habida cuenta de que no habrá presupuesto. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

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Esta caída del costo de vida comenzó a impactar positivamente en el combate contra la pobreza. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó un 49,9% en el tercer trimestre de este año, experimentando una leve baja respecto del cierre del primer semestre.

Agustín Salvia, titular del Observatorio, adelantó que, merced de la baja de la inflación, el año finalizaría con 10 puntos menos de pobreza que a principios de año y similar al cuarto trimestre de 2023. Aun así, encendió una luz amarilla en cuanto a la tarea asistencial del Estado, al advertir que dentro del universo de hogares afectados por la “inseguridad alimentaria severa”, es decir, que padecen hambre frecuentemente, el 24,9% de ellos no recibe ningún tipo de asistencia ni transferencia de ingresos, mientras que el 24,6% de los hogares, a los que no les falta la comida, es receptor de algún plan. “No toda la ayuda llega a todos los que la necesitan”, advierte Salvia.