“Cambiar la cara”. Palabras más, palabras menos, todos los actores del Concejo Deliberante coinciden en que el principal desafío para el 2020 es cambiar la imagen que dejó el Legislativo en los dos últimos años.

Sumergido en conflictos internos y tensiones constantes con el Departamento Ejecutivo, con el agravante de una causa que tramita la Suprema Corte bonaerense con un conflicto de poderes a causa de las bonificaciones docentes, la labor de los concejales dejó más en el debe que en el haber. Si la crítica social no recayó con mayor peso sólo se debe a la aún más deficitaria actuación del exintendente Carlos Arroyo.

Y las señales en los primeros días tras el 10 de diciembre dieron la pauta que un tiempo nuevo puede nacer. Por su lado, Montenegro sentó a la reunión de Gabinete al presidente del Concejo y a los titulares de los tres bloques, incluida Vilma Baragiola, derrotada en las internas de las PASO.

Como contrapartida, la oposición acompañó unánimemente los primeros pedidos del gobierno: la designación de funcionarios en los entes descentralizados y OSSE, la extensión de la fecha para presentar el Presupuesto 2020 y la aprobación de la ordenanza contra la pirotecnia sonora.

La foto de Montenegro recibiendo en su despacho a las autoridades del Legislativo y los presidentes de los siete bloques fue la postal que gráfico la nueva era. ¿Son sólo gestos iniciales? ¿Se sostendrá en el tiempo? Preguntas que el tiempo sabrá responder.

Mucho de ello dependerá de la tramitación y resultados de los debates más sensibles que se le avecinan a los 24 concejales, en un juego de malabaristas donde la oposición unificada cuanta con una mayoría de 13 ediles.

La licitación del transporte público

 Con fecha de caducidad de los actuales contratos de concesión en junio de 2021, no emerge como un tema de urgencia pero si como el más sensible y controvertido que deberá atravesar la actual composición del Concejo Deliberante.

 Pocos debates en la política legislativa municipal tienen tanta incidencia como la determinación del sistema de transporte. Como muestra basta contemplar que los últimos tres gobiernos (Pulti en dos oportunidades y Arroyo) transitaron su gestión con los contratos celebrados en 2007 por Daniel Katz. Acusando falta de tiempos, los concejales rechazaron entre fines de 2018 y comienzos de 2019 debatir el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones elevado por Arroyo, para renovar los contratos que originalmente vencían este año y finalmente que fueron extendidos por otros dos años. En los últimos días, Montenegro solicitó al presidente Bordaisco la remisión de ese expediente para diseñar una propuesta nueva e integral.

 Sin fecha prevista para su presentación, los equipos técnicos del área de Transporte y Movilidad de la secretaría de Gobierno ya estudian alternativas. Cuando el expediente sea elevado se transformará el principal tema del Concejo, donde ya se prevé la realización de jornadas de trabajo y audiencias, donde se escucharán las voces críticas de sectores ligados a los usuarios.

Presupuesto 2020

 En este caso, por disposición del Concejo, en concordancia con los intereses del gobierno, se habilitó una prórroga hasta el 10 de enero (según la Ley Orgánica de las Municipalidades, debe presentarse todos los 31 de octubre) para elevar el Presupuesto de Gastos y Recursos del año próximo, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva, y la Complementaria. De todos modos, implicará un desafío mayúsculo para Montenegro obtener los consensos necesarios para que la ordenanza se sancione en el Recinto, ya que no contará con mayoría propia en el Legislativo.

 En principio, el monto que se manejaría para el año próximo oscilaría entre los 15 mil y 16 mil millones de pesos, contando la Administración Central y los Entes, es decir, un 35% con respecto al presupuesto de este año. En estos momentos, las ordenanzas están en manos del equipo económico de Montenegro, con Germán Blanco a la cabeza.

Juzgado de Faltas

Las vacantes en los Juzgados Municipales de Faltas le han subido el tono a la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos dos años, en un enfrentamiento que nunca alcanzó un horizonte de definiciones.

El conflicto se registró a partir de la jubilación de las Dras. Ana Maria Castelao y Carmen Susana Maffioni, confirmadas a partir del 1 de enero de 2018. Previamente, anticipándose a la acefalía en los organismos, en diciembre de 2017 el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante las dos ternas para llenar las vacantes en los Juzgados N°2 y N°5, respectivamente. Si bien la presentación fue a sobre cerrado, rápidamente trascendieron las identidades de los propuestos por Carlos Arroyo.

La primera de las ternas estaba compuesta por el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, la abogada Florencia Parato y la trabajadora municipal, Marcela González. En tanto, la segunda estaba conformada por el abogado Andrés Barbieri, el extitular de Defensa del Consumidor durante el gobierno de Pulti, Pablo Di Scala, y la empleada municipal Sandra Cavalucci. Quienes corrieron con el caballo del comisario fueron los primeros dos.

Sin embargo, la discusión en el Concejo nunca prosperó, y todo parecería indicar que las definiciones se postergarán en el gobierno de Guillermo Montenegro. En julio del año pasado, además, el Ejecutivo presentó un proyecto para crear el Juzgado de Faltas N°6.

El motivo oficial fue para aliviar la carga de los otros juzgados ante el aumento de causas, teniendo en cuenta que el último juzgado fue creado en 2011. Aunque, en rigor, también tenía un trasfondo político: al aumentar los cargos a tres, eso serviría al gobierno para tejer acuerdos con sectores de Cambiemos para destrabar los nombramiento de Gil de Muro y Barbieri.

Las dilaciones en el tratamiento de las designaciones generó la reacción de uno de los candidatos a asumir en el Juzgado N°5, Gustavo Gil de Muro, quien semanas atrás le solicitó al cuerpo legislativo que trate de su designación. Ahora Montenegro deberá reelaborar una alternativa, donde la palabra final la tendrán los 24 concejales.

Plan de Metas

Otra deuda pendiente. En palabras del anterior presidente de la comisión de Legislación, Ariel Bordaicso, había un supuesto compromiso por aprobar el proyecto en el Recinto antes del recambio de autoridades. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y lleva semanas sin tratamiento, a la espera de una serie de modificaciones técnicas que se anunciaron en el texto de la normativa. A grandes rasgos el proyecto procura traer transparencia en la próxima administración municipal.

En concreto, el futuro jefe comunal, según se plantea en la iniciativa, deberá, al iniciar su período al frente del Ejecutivo, presentar las metas de su gobierno. Las mismas tendrán que ser “cuantificables y medibles” para su posterior seguimiento. El proyecto se había elevado al Concejo en mayo y se reflotó en los últimos meses.

En efecto, el plan será una “herramienta” del próximo Ejecutivo que asuma, con la finalidad de determinar los objetivos concretos que tendrá la nueva administración; de tal modo que las proposiciones se traduzcan en acciones previamente especificadas y mensurables.

En esta misma línea, anualmente se informará si lo propuesto se pudo cumplimentar o no, detallando los motivos que desembocaron en ello, bajo la finalidad de incentivar la transparencia en la gestión pública. En efecto, el jefe comunal será quien defina el contenido del plan de metas. En tanto que el Concejo se encargará de supervisar el cumplimiento del mismo.

El gasto político

“Hay que hacer una reducción del gasto de la política”. La frase de Montenegro fue en sintonía con la de la mayoría de los candidatos durante la campaña, aunque con una responsabilidad extra: ahora es el titular del Ejecutivo.

El cuestionamiento social por los fondos destinados a los sueldos de funcionarios y asesores expuso una mayor crisis en el Concejo Deliberante, a partir de la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidad, donde se rebajó del 3% al 2% los fondos topes que se pueden destinar a los cuerpos deliberativos, respecto a la totalidad del presupuesto municipal.

Sobre el final del mandato de Arroyo se redirigieron casi $70 millones destinados originalmente a obras públicas para sostener la planta política del Concejo. En los primeros días de su gobierno, Montenegro reforzó esa partida con otros $25 millones de Hacienda. La respuesta que darán los concejales al ajuste en la política aún es una incógnita.

En este marco, hay un conflicto en ciernes. Luego que Montenegro anunciara la semana pasada que se reduciría en un 20% el sueldo y en un 15% el de sus funcionarios, el bloque oficialista de Vamos Juntos llamó a replicar la medida en el Concejo. Esto originó la crítica de las distintas fuerzas políticas por el “exceso” de asesores que tendría el jefe del bloque, Alejandro Carrancio. Y también del propio Ejecutivo, ya que realizaron el anuncio sin “consultar” previamente al intendente y su círculo íntimo.

Excepciones y modificación del Código de Ordenamiento Territorial

El 2019 fue un año donde la comisión de Obras, bajo la presidencia de Cristina Coria, avanzó en un sinfín de autorizaciones para la construcción de edificios por fuera de las normativas previstas en el Código de Ordenamiento Territorial (COT). “Queremos la presidencia de la comisión para frenar el festival de excepciones”, reconoció un concejal del Frente de Todos a este medio. Esa tensión será una de las que deberá tramitar próximamente el Concejo Deliberante, con un tema más espinoso de fondo. La propia modificación del COT.

“Hay sectores privados que vienen presionando para ello”, complementó el edil. “La modificación del COT está en agenda, pero no es algo urgente”, aseguró por su parte el flamante secretario de Obras, Guasa González, durante el acto de jura en Villa Victoria.