Por

ARI LIJALAD

FRANCO MIZRAHI

"Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite". Es una de las tantas frases que se acumulan en el archivo de Javier Milei. Dado el mensaje que le envió la Corte Suprema en las últimas horas el presidente electo debe estar aprendiendo lo que significan los códigos mafiosos intra Estado.

En su segunda reunión de acuerdo post balotaje, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranz y Juan Carlos Maqueda le dejaron un mensaje al presidente electo sobre cómo perciben su poder y la relación que quieren tener con el nuevo Poder Ejecutivo. Con un solo movimiento, el mensaje que le enviaron a Milei es que pueden fallar en su contra en una causa que implicaría que el Gobierno Nacional tenga que desembolsar más 215.000 millones de pesos. Si, como dice Milei, "no hay plata", sería un agujero enorme para las cuentas del nuevo presidente.

La causa que eligieron es la de la Coparticipación, donde se discuten los millonarios fondos que Mauricio Macri le transfirió discrecionalmente a Horacio Rodríguez Larreta para solverntar la Policía porteña, que excedían en mucho a lo que se necesitaba para sostener a esa fuerza (caso único, ya que el Estado nacional no paga ninguna policía provincial). El gobierno de Alberto Fernández mantuvo los fondos para el pago de la policía pero retiró el excedente. Rodríguez Larreta acudió a la Corte, que enseguida se alineó con quien creían que era el próximo presidente. El gobierno recusó a los cortesanos por distintos motivos. Ahora Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda deciden rechazar sus propios apartamientos y quedaron liberados para ejecutar la cautelar y además definir la cuestión de fondo: si el Estado Nacional tiene que reponer todo lo que no pagó desde que retiró el excedente y continuar con las transferencias tal como las dejó Macri.

La Corte hizo trascender que si falla contra el Estado Nacional puede ordenar inmediatamente el pago a la Ciudad. La realidad es más compleja. Las transferencias por la coparticipación las realiza el Banco Nación, tal como establece la Ley de Coparticipación en su artículo 6. Las órdenes de las partidas las provee el ministerio de Economía. Si la Corte ordena al Banco Nación hacer una transferencia fuera de la ley lo pone en una disyuntiva: o incumple la ley o incumple un fallo de la Corte. Otra vez un conflicto de poderes generado desde el 4to piso del Palacio de Tribunales.

Hay, sin embargo, un trasfondo en esta decisión: que Ricardo Lorenzetti no firmó la resolución. Y no es un dato menor, sino que es otro síntoma de la guerra interna que sostiene con Rosatti. Lorenzetti no intervino porque en esta causa hubo un contacto promiscuo entre Rosatti y Rodríguez Larreta. Lo ejectuó Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, en contactos con Marcelo D’Alessandro, por entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño. Y consistía en que Robles asesoraba a D’Alessandro sobre el devenir de este expediente clave.

Lorenzetti dejó por escrito que Rosatti encubre esta situación y reclamó el desplazamiento de Robles y que se le inicie un sumario por "graves faltas éticas".

Una “amenaza” multimillonaria

La Corte le enrostró a Milei el daño que le puede provocar con un simple fallo. El presidente electo está a tiro de firma de recibir un duro golpe económico-financiero. El fallo es una clara advertencia de lo que vendrá si el libertario se aleja de las promesas que le viene haciendo al Poder Judicial. A eso se suma que por ahora los aumentos salariales de los judiciales dependen del jefe de Gabinete de ministros, es decir, del gobierno nacional, que es el que debe girar el dinero para poder aplicar los “ajustes” económicos en los tribunales.

La resolución no parece antojadiza ante el cuadro inflacionario que asoma para los próximos meses. Milei, vía su postulado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había prometido que le daría “autarquía financiera” al Poder Judicial. En verdad esa autarquía ya la tiene el Poder Judicial de la Nación, no así todos los poderes judiciales de las provincias. Se entiende que el deseo (u ofrenda) es otorgarle la autarquía presupuestaria.

El hecho que utilizó la Corte para presionar al futuro mandatario es el caso de la Coparticipación. ¿Qué se aborda allí? El trasfondo que llevó a la Corte a firmar una medida cautelar a fines de diciembre del año pasado por la cual ordenó que el Estado nacional le gire el 2,95% de los fondos de la Coparticipación que corresponden al Estado Nacional a la Ciudad.

Tal como informó El Destape, eso implicaba que la gestión de Rodríguez Larreta iba a recibir una cifra multimillonaria en un año electoral. Fue tan desequilibrada la decisión que el jefe de gobierno porteño y  Macri festejaron la resolución por las redes sociales.

La Corte estableció que la Ciudad reciba aquel 2,95% sin ninguna justificación ni cálculo ni índice hasta que se resuelva la cuestión de fondo, esto es, si se amplían los fondos coparticipables para la Ciudad al 3,50% al cuál lo había elevado Macri por decreto cuando era presidente o si vuelve al 2,3% previo.

Este último jueves lo que hicieron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda fue rechazar in limine las recusaciones que se hicieron contra ellos en esta causa. Los supremos dijeron que no prejuzgaron cuando dictaron la cautelar a favor de CABA de cara a la campaña electoral; que el juicio político en su contra tampoco era causal para correrse aunque varios de los denunciantes sean los afectados por la cautelar de los supremos.

A su vez, también consideraron improcedente que Rosatti se deba correr por el caso de la filtración de chats que intercambió Silvio Robles, su mano derecha, con D’Alessandro, quien era ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad.

Entre otras cosas, indicaron que la filtración no involucra directamente a Rosatti: “La recusación derivada de la difusión de supuestos mensajes se funda en hechos que la propia recusante reconoce como inciertos y que, más allá de su veracidad o falsedad y del carácter lícito o ilícito de su procedencia, no se atribuyen al magistrado sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado”.

Al dejarse ellos mismos como jueces firmes del caso ya pueden ejecutar la cautelar y también resolver la cuestión de fondo.

Un dato curioso que expone a Rosatti: los recursos de la coparticipación se dividen en los que se destinan a las provincias (54%) y a la Nación (46%). Parte de los fondos del Poder Judicial surgen de un porcentaje (3,5%) de los recursos nacionales de la coparticipación. El 2,97% de esos fondos se destinan al Consejo de la Magistratura (del que Rosatti es presidente) y 0,53% a la Corte. Si esos recursos se recortan, bajan los recursos del Poder Judicial porque disminuye la base sobre la que se aplican los porcentajes. Fuentes de la Corte calculan que de aplicarse el criterio de la cautelar el Poder Judicial podría perder cerca de 8 mil millones pesos. La cuenta que hacen es la aplicación del 3,5% sobre los más de 215 mil millones de pesos que la Nación debiera girar a CABA.

En noviembre de 2015, la Corte Suprema aplicó una estrategia similar para condicionar al entonces presidente electo Macri. A la luz de lo que fue la relación de la Corte con Macri no se puede negar que el efecto buscado le rindió resultados.

Básicamente, en aquel momento la Corte declaró inconstitucional un decreto del gobierno de La Alianza, de 2001, y ordenó que la Nación le devuelva a tres provincias 45.000 millones de pesos. Las provincias que litigaron fueron Santa Fe, San  Luis y Córdoba. Rosenkratnz, entonces abogado, representó a Santa Fe.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) el 24 de noviembre de 2015, la Corte “declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”. Por un lado, el Alto Tribunal “hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis” y por otro “ordenó al Estado Nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos”.

¿Qué implicó esa decisión? Que el Estado Nacional tuviera que “cesar en forma inmediata de detraer esos fondos” y “devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan”.

Lorenzetti contra Robles por “graves faltas éticas”

A diferencia de 2015, la demostración de poder de la Corte que hizo este 30 de noviembre no contó con el voto de Lorenzetti. ¿Por qué el juez oriundo de Rafaela no suscribió el texto cortesano? Porque considera que con esta resolución se quiere encubrir “una conducta censurable de Robles”, sobre quien pidió un sumario administrativo por violación a la ética.

Esta decisión de Lorenzetti expone que la interna que mantiene con Rosatti está en uno de sus momentos más tensos. Por ejemplo, el 22 de noviembre pasado Lorenzetti le dirigió una dura nota al presidente de la Corte en la que le pidió el desplazamiento de Robles por “graves faltas éticas”. La falta de ética no es solo el vínculo con D’Alessandro sino también todo lo que rodeó a ese caso y otros que también involucran a Robles y cómo impactó aquello en la imagen de la Corte.

La nota de Lorenzetti a Rosatti comienza así: “Estimado colega. He respetado su decisión de paralizar todo tipo de decisiones hasta que terminen el juicio político o el proceso electoral, incluyendo la situación del funcionario de su vocalía, Sr. Silvio Robles. Pero nunca entendí que ello significara ocultar esperando que el paso del tiempo haga olvidar, porque la sociedad no olvida; siempre reclama”.

“La institución tampoco permite aceptar lo inaceptable”, continuó Lorenzetti. Acto seguido citó que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó el pasado 13 de noviembre un Código de Conducta, “disponiendo que un juez debe evitar lo que genera la apariencia de ser indecoroso o inaceptable. Una persona que ha tenido la conducta desplegada por el Sr. Robles no duraría un minuto en ese prestigioso Tribunal”, remarcó Lorenzetti.

Paréntesis: varios jueces de la Corte Suprema de EEUU son investigados por recibir dádivas y favores de personas sobre las cuales luego fallaron, entre ellas Paul Singer, cabeza del fondo buitre NML Elliot.

Cerrado el paréntesis, Lorenzetti le pide a Rosatti "el inmediato desplazamiento del Director General de su vocalía, Sr. Silvio Robles, por graves faltas éticas". El texto es extremadamente duro. Dice que Robles obstruyó la investigación que apunta a comprobar si asesoró a funcionarios porteños en la causa donde se definen los fondos que Mauricio Macri le entregó discrecionalmente a Horacio Rodríguez Larreta, que no aportó su celular para dar transparencia frente a la denuncia en su contra.

Lorenzetti también le apunta directo a Rosatti. "Es claro que Ud., como presidente de la Corte, le ha dado entidad a estas denuncias. La evidencia más cabal es que todos los expedientes donde Robles fue involucrado fueron paralizados durante todo un año", le escribe.

Lorenzetti remarcó que a Robles se lo acusa de haber “tenido reuniones con diversas personas en varios casos que tramitaron ante esta Corte. En esas reuniones habría transmitido información interna acerca del estado en el que están, los votos que tiene cada uno de ellos, y se habría comprometido a acelerar o demorar el procedimiento”. “También se ha mencionado que habría  logrado favores para miembros de su familia por medio de instituciones que tenían interés en casos tramitando en esta Corte”, añadió.

Señala que se vio obligado a hacer este planteo por escrito porque no obtuvo respuesta de las numerosas conversaciones que tuvo por este tema con sus colegas. Y aclara que su reclamo “no tiene ninguna relación con la difusión de presuntas comunicaciones que aparentemente lo involucrarían”. No obstante, agrega que la falta ética de Robles es que “no ha ejercido ninguna acción  destinada a brindar la información sobre estas imputaciones como corresponde a un funcionario público”. “Por el contrario, ha dedicado todos sus esfuerzos a evitar que se aclare”, indicó el ministro cortesano.

Robles es la mano derecha de Rosatti y director general de su vocalía. Había quedado envuelto en el escándalo de los chats filtrados, luego de que se difundiera que intercambiaba mensajes con el entonces ministro de Seguridad y Justicia porteño, D’Alessandro, a quien le pasaba información de causas que tramitaban en la Corte y hasta aconsejaba cómo actuar en casos puntuales como el de la disputa entre el JxC y el FdT por una banca en el Consejo de la Magistratura tras la toma por asalto que hizo el Tribunal Supremo.

Uno de los exfuncionarios de la Corte que también expuso el accionar de Robles y lo denunció penalmente es Héctor Marchi, ex secretario de administración del Tribunal Supremo. Marchi, que es cercano a Lorenzetti, fue desplazado de la Corte por decisión de Rosatti. El trasfondo de ese apartamiento tiene que ver con el conocimiento de Marchi de muchos de los desmanejos supremos como los que hubo en la Obra Social de los Judiciales (OSPJN), que el exsecretario de administración denunció en el marco del proceso de juicio político que hay contra los supremos y hasta en sede penal. En ese proceso Machi fue testigo y además de hacer referencia a las irregularidades en la OSPJN también afirmó que el caso de la coparticipación no tramitó por la Unidad de Análisis Económico de la Corte que estaba a su cargo cuando debía haber pasado por allí. Esa falencia fue uno de los cargos que se le endilgó a Rosatti como mal desempeño en sus funciones en el proceso parlamentario.

Concretamente, se le achacó “haber omitido dar intervención a la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cumplimiento a la Acordada 36/2009 que crea la Unidad de Análisis Económico de la Corte con sus funciones, donde determina que es el presidente de la Corte Suprema quien debe darle intervención a la Unidad de Análisis Económico (oficina especializada en el análisis y proyección del impacto económico y financiero de las decisiones del tribunal)”.

Es de esperar que ante el nuevo gobierno de Milei, que provocará un reacomodamiento de las relaciones de poder, la interna entre Lorenzetti y Rosatti se agudice.