Por Pablo Lapuente

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y la vicegobernadora, Verónica Magario, recibieron este jueves a una comitiva de representantes de la oposición para intentar llegar a un principio de entendimiento sobre los trazos gruesos del proyecto de Presupuesto 2023. Fue una primera reunión entre las partes que se llevó adelante en el edificio de la Gobernación, luego de la presentación oficial de la iniciativa en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo se mostró permeable a la carpeta de reclamos de la oposición por deudas para reactivar obras públicas en los municipios, avanzar con nuevos fondos coparticipables y pausar designaciones de cargos en la administración pública, en el marco de la creación de nuevas unidades penitenciarias.

Tal como adelantó Letra P, la oposición busca un nuevo Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por 50 mil millones de pesos y otro Fondo de Seguridad por 32 mil millones de pesos, y pretenden que se reparta a los municipios de manera automática y con una suerte de cláusula gatillo ajustada por inflación. Además, plantea la necesidad de una compensación por las deudas que la provincia mantiene con los distritos. Según los números que maneja la dirigencia de la oposición, tiene que ver con que el presupuesto para obras de infraestructura en los distritos para este año se calculó en base a una inflación del 36%, pero terminó con un ascenso cercano al 90% interanual, lo que daría un reajuste de cuatro mil ochocientos millones en favor de los municipios de Juntos y cinco mil docientos millones en beneficio de los del Frente de Todos. 

Además de Insaurralde, por el oficialismo estuvo el presidente de la Cámara baja, Federico Otermín; el jefe de la bancada kirchnerista, César Valicenti; el diputado Juan Pablo de Jesús; la senadora Teresa García y el senador Adrián Santarelli; mientras que por la oposición estuvieron los intendentes Julio Garro (La Plata-PRO) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen-UCR); el presidente del bloque de Juntos en Diputados, Maximiliano Abad; el jefe del mismo bloque en el Senado, Christian Gribaudo; el vicepresidente primero de la Cámara baja e integrante del PRO, Adrián Urreli; el diputado ritondista Alex Campbell y el senador radical Agustín Máspoli.

“Uno de los principales reclamos es que se termine la burocracia administrativa que demora la ejecución de obras. Los retrasos del FIM 2021 afectaron a todos los municipios porque la inflación se terminó comiendo entre un 50 y 60% de las obras previstas. Por eso, ahora pedimos que haya un adelanto del 50% del FIM 2023 al comienzo de año y después, 4 cuotas fijas que queden ya establecidas”, resumió Garro.  

Si bien todas las fuentes consultadas saben que se trató de una primera reunión de acercamiento, coincidieron en destacar la “buena voluntad de diálogo” del jefe de Gabinete y los representantes de los intereses del Ejecutivo, por lo que, en principio, aseguran que hay terreno para aprobar el Presupuesto y la ley Fiscal e Impositiva, siempre y cuando se garanticen los reglamos descriptos. 

Aun así, parte de esa lectura tiene que ver con que la oposición cree que en diciembre del próximo año se podrían invertir los roles, ante un eventual gobierno amarillo, en el que se especula que los intendentes peronistas continuarán los mismos reclamos por fondos para infraestructura y desarrollo municipal. Como sea, otro de los pedidos que hicieron fue el de frenar nuevos pases a planta permanente en la administración pública, al igual que la incorporación de siete mil efectivos del servicio penitenciario.