Todavía falta un año y medio para que llegue a su vencimiento la vigencia del contrato de quienes operan los anexos del Casino de Mendoza en el Valle de Uco y, sin embargo, en tiempo récord y en medio de la transición de un gobierno a otro, hoy se abrieron los sobres de la nueva licitación.

Esta se convocó el 5 de junio y en tan solo 18 días ya se inició el proceso de adjudicación, que incluye a tres de las cuatro salas ubicadas en San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

El caso, que debería ser parte de la agenda del nuevo gobierno, se empezó a definir aun a pesar de una serie de presentaciones judiciales en su contra, que buscaron frenarla, impugnar el proceso, pedir que cierren la sala ubicada en pleno centro de Tunuyán y reclamar por la exclusión en el proceso licitatorio de posibles oferentes.

En los tres municipios del Valle de Uco hay inquietud social. Al punto que en Tunuyán se ha solicitado que, previo a permitirles a los nuevos concesionarios de la sala a explotarla, que se realice un estudio de impacto ambiental que incluya la incidencia social.

Las quejas provienen desde diversos puntos pero no han sido atendidas por el gobierno provincial que, en lugar de frenar para atender a las observaciones, puso el pie en el acelerador. Dos días después de que Mendoza eligiera un nuevo gobernador, el saliente avanza sin pausa.

Lo que preocupa a vecinos, dirigentes sociales y comerciantes, más allá de las cuestiones políticas y comerciales que pueden estar latiendo alrededor del proceso, es que se les ha permitido a los nuevos concesionarios hacer crecer sin límites las actuales salas de juego, con el consiguiente impacto social.

Esto quedó en claro en el punto 2.1.3 del pliego de bases y condiciones que dice, textualmente: "Por razones comerciales, de acuerdo a la demanda y según los estudios y opiniones de las Áreas técnicas estadísticas y comerciales correspondientes del INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS, de común acuerdo entre el Licitante y el adjudicatario, la cantidad de máquinas se podrá incrementar sin límite alguno, como también se podrán abrir sucursales dentro del Departamento o zona adjudicada".

Si bien el Estado recaudaría más, también la visión está puesta en el negocio privado y -se indica- con un escaso interés en el factor social y el impacto que esto puede provocar al no tener restricciones ni controles y, además, avanzar en zonas en donde tienen todo servido: pleno centro de los departamentos.