A un día del #19F, en que el movimiento de mujeres saldrá a las calles de todo el país para pedir por legalización del aborto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito presentó en el mediodía de este martes en la Legislatura porteña el proyecto de adhesión de la Ciudad al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

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La iniciativa contó con el apoyo de legisladores de todos los bloques presentes en la Legislatura porteña. De los 60 diputados que integran el cuerpo, más de 40 firmaron el proyecto de ley. Entre ellos hubo representantes de Vamos Juntos, Frente de todos, UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.

Pañuelos, banderas y telas verdes decoraron el salón Juan Domingo Perón de Perú 160. Antes de que se iniciara la presentación, se realizó un pañuelazo que organizaron las trabajadoras de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la puerta del lugar.

La primera en tomar la palabra fue Nelly Minyersky, la abogada y feminista de 88 años que integra la Campaña. “Con este proyecto de adhesión no estamos haciendo otra cosa que cumplir con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un instrumento muy valioso que nos otorgó el derecho a la planificación familiar", dijo.

Aclaró además que el protocolo no legisla sino que es una guía de procedimientos para los profesionales de la salud en caso de interrupciones legales de embarazos. “Ojalá esta Legislatura sancione el protocolo y las personas con capacidad de gestar estemos amparadas según el artículo 86 que estipula las causales legales existentes desde 1921”, destacó.

En la misma linea, la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, señaló que se trata de “un derecho ya conquistado y no vamos a volver cien años atrás” y aseguró que pronto esos legisladores tentran que tratar un “proyecto para hacer que sea legal la interrupción del embarazo porque este es el año que va a ser ley”. Su compañera de banca Lucía Cámpora destacó que“estar acá es una alegría pero esta alegría es la contracara de la bronca que nos da que las mujeres y personas gestantes que lo desean no puedan acceder al derecho de interrumpir su embarazo”.

Cuando tomó la palabra, Gabriel Solano, del Partido Obrero, dijo que es "fundamental" ir por la fabricación de misoprostol en la Ciudad.

Un protocolo para la Ciudad de Buenos Aires

En los primeros seis meses del 2019 se realizaron 3.577 abortos legales en la Capital, según informó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad. Sólo en los primeros seis meses del años pasado- último dato publicado- fueron más de la mitad de los que se realizaron en todo 2018 y un 3.800% más que en el 2014.

Pese al aumento de ILEs que se practican, siguiendo lo que dicta el Código Penal, la Ciudad tiene su protocolo suspendido desde 2013 porque se encuentra judicializado.

Tras el histórico fallo F.A.L., en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó al Estado nacional y a los provinciales a que elaboren un protocolo para la atención de los abortos no punibles, la legislatura promulgó su propio protocolo en 2012.

Éste fue vetado por el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri. Días después, en septiembre de 2012, a través de la Resolución 1252 su ministro de Salud , Jorge Lemus oficializó un nuevo protocolo más restrictivo.

A raíz de eso, la legisladora María Rachid, autora del protocolo vetado, junto con Andrés Gil Domínguez interpusieron un amparo en la justicia, al que se sumaron además la Asociación por los Derechos Civile (ADC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para pedir que se declarara la inconstitucionalidad de la resolución de Lemus.

Andrés López, abogado del equipo de litigio del CELS, explicó a minutouno.com que el protocolo dictado por Lemus para la atención en la Ciudad “es más restrictivo que el fallo de la Corte, el Protocolo a Nivel Nacional y lo que dice el Código Civil”. Establecía que para acceder a cualquier ILE la mujer debía pasar por un proceso de admisión con un comité interdisciplinario dentro del hospital o centro de salud que tenía que evaluar su situación. A partir del informe que éste elaborara, el jefe del hospital aprobaba o no el aborto. “Ponía pasos y obstáculos que dilataban el procedimiento”.

El protocolo porteño de Macri además ponía un límite gestacional de 12 semanas para acceder a la práctica en casos de violación, requisito que no contempla el artículo 86 del Código. También limitaba el acceso a quienes eran menores de edad, no les permitía decidir “por falta de capacidad”, al igual que a las personas gestantes con discapacidades.

Desde entonces, la justicia de la Ciudad dictó dos medidas cautelares que suspendieron los requisitos y se dictó un fallo que declaró la inconstitucionalidad de la resolución en primera instancia. No obstante, en abril de 2016, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario revocó la decisión de primera instancia. El caso pasó del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y desde 2018 está para el análisis de la Corte Suprema de Justicia.

El protocolo nacional al que busca adherir ahora la Campaña es el que repuso el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en diciembre de 2019, que había sido derogado durante Macri, en su gestión como presidente.

López explicó que si sale una nueva ley en la Ciudad para adherirse al protocolo la acción judicial se cierra y así la disputa por el protocolo de Lemus quedaría atrás.

¿Qué pasa en la práctica?

Las médicas de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir explicaron este martes en la legislatura que en la Ciudad existen 53 efectores de salud donde las mujeres acceden a prácticas de aborto seguro acompañado por profesionales.

Clara Noceti, médica generalista y miembro de la Red explicó a m1que en la Ciudad lo que ocurre es que la mayor parte de los Centros de Salud, que forman parte de los primer nivel de asistencia y pertenecen a las áreas programáticas de los hospitales, garantizan en su mayoría el acceso a la ILE de acuerdo a protocolo nacional porque no hay un protocolo porteño. “El problema es que sigue habiendo discrecionalidad sobre cuan bien se cumple esa guía de buenas prácticas para los profesionales de la salud”.

Además, señaló que un protocolo propio “nos da más herramientas para poder realizar las prácticas. Muchos CESAC no están capacitados y no hay herramientas para hacer algunos procedimientos de Interrupción del embarazo que no son tan invasivos como la aspiración manual uterina. Continúan haciendo una práctica que debería haber quedado abolida que es el legrado o raspaje, que genera más secuelas posteriores”.

Noceti remarcó que “la Ciudad de Buenos Aires, siendo el distrito más rico del país tiene una deuda muy grande con las personas con capacidad de gestar que espero que esperamos se salde pronto con este nuevo protocolo”.