Por Ramiro Melucci

Desde que la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desnudó las profundas diferencias que surcan la relación entre Alberto Fernández y La Cámpora, Fernanda Raverta y su tropa local del Frente de Todos se desplazan como si atravesaran un campo minado.

Esa impresión ya merodeaba en el ambiente vernáculo en la previa de la votación en Diputados, en el encuentro mensual de la titular de la Anses con los distintos componentes de su espacio político, donde primó una coincidencia: la necesidad de moverse con cuidado y ponderar la hoja de ruta local antes que las discusiones superestructurales.

De la reunión participaron los responsables de las organizaciones políticas, sindicales y sociales del Frente de Todos. Entre ellos los que, a diferencia de Raverta, tienen jefes políticos que respaldaron el entendimiento con el FMI, como Ariel Ciano, del Frente Renovador, y Roberto Gandolfi, del Movimiento Evita. Uno responde a Sergio Massa, clave para que el acuerdo sumara adhesiones en Diputados, y el otro a Emilio Pérsico, el primero entre los dirigentes sociales oficialistas en ponderar la negociación del Presidente con el organismo internacional.

El ravertismo mantiene la sintonía con ambos. Conversa con Ciano, en su nuevo rol de director de Aerolíneas Argentinas, por la conectividad aérea de Mar del Plata. Más que con la plana mayor de la línea de bandera, que es camporista. Y la semana pasada nutrió con concejalas del núcleo duro las actividades que desarrolló Pérsico en la ciudad.

Los esfuerzos de contención se combinan con otro pacto interno: el de no fogonear la interna nacional por los medios y las redes sociales. Por el momento se cumple: lo poco que se dice no sorprende ni hiere porque ya se dijo y discutió en conversaciones previas.

En ese mar de aguas turbulentas pero contenidas se aguarda la elección del PJ del domingo próximo, con la que Rodolfo Manino Iriart busca proyectar un cono de sombra sobre el liderazgo de Raverta. En el marco de la puja por el voto de los afiliados emergió, sin embargo, una muestra de unidad tras el voto en contra de Máximo Kirchner: la inauguración de un mural para homenajear a todos los concejales que tuvo el justicialismo desde 1948.

Asistieron candidatos y referentes de las dos listas que competirán el 27. El clima era ameno, caracterizado por el reencuentro. Pero el último discurso destrozó la armonía: Juan Garivoto, ex diputado provincial y ex cacique del peronismo local, pidió que los que votaron contra el acuerdo con el FMI se vayan del Gobierno. Algunos aplaudieron y arengaron. Otros callaron y masticaron bronca. La imagen que trascendió muestra en primer plano la incomodidad de Daniel Rodríguez, primer candidato a congresal de Raverta, mientras se consumaba la diatriba.

En el kirchnerismo le bajaron los decibeles a la controversia: destacaron el tono de los discursos previos y responsabilizaron solo a Garivoto. De paso, reivindicaron otro lema: “Nuestro problema no es Manino ni (Juan Manuel) Rapacioli. Es Montenegro”. Allí talla la estrategia legislativa, en la que el bloque comandado por Marina Santoro se anotó a principios de la semana un pequeño triunfo: consiguió que la Comisión de Legislación deba poner en tratamiento el expediente de las fotomultas, que no tiene los votos para ser convalidado.

Eso sucederá en la próxima reunión, que no será este lunes, como es habitual: en aras de ganar tiempo para definir una estrategia, el oficialismo no formalizó la convocatoria. El dilema de Juntos por el Cambio es cómo encontrarle un camino favorable al expediente sin los votos en esa comisión y en la de Hacienda. Todavía lo cree posible. 

“El asunto es que los votos en el recinto están. ¿Qué es más representativa, una comisión o el recinto?”, se preguntaron en las últimas horas en el seno del oficialismo. Algunos consideran que hay que dar una discusión reglamentaria para llegar con un dictamen de minoría al recinto, donde Nicolás Lauría está dispuesto a levantar la mano para que el convenio con la Universidad Nacional de San Martín obtenga la mayoría.

En el gobierno ubican el caso de las fotomultas en un marco más amplio. “Es una cuestión de gobernabilidad. Con el mismo criterio ninguno de los proyectos que impulse el intendente van a ser aprobados, porque todos deben pasar por Legislación o Hacienda”, advierten. Piensan, por ejemplo, en el pliego del transporte y en el de disposición final de residuos.

El de las fotomultas tiene, sin embargo, una particularidad que ninguno de los otros tendrá: es un convenio cerrado, no se le puede cambiar una coma, por lo que acota las posibilidades de negociación con la oposición. En ese contexto, la estrategia del oficialismo puede esperar una semana, pero no mucho más: necesita convocar a Legislación para tratar el aumento de boleto.

Distinto también es el caso del presupuesto, en el que Acción Marplatense empezó a hacerle pagar al gobierno los incumplimientos del último acuerdo. Al no convalidarlo en la última reunión de la Comisión de Hacienda, el presidente de la bancada, Horacio Taccone, privó a Montenegro de avanzar en la sesión del último jueves, que sin el cálculo de gastos y recursos y las ordenanzas fiscal e impositiva pasó casi inadvertida.

Gustavo Pulti no se da por satisfecho. Quiere que de alguna manera el gobierno reconozca que no pudo ejecutar las partidas que le prometió a AM el año pasado. Y pretende, de mínima, definiciones sobre el futuro del edificio sin terminar de Libertad y Tandil –que su gestión planificó como centro cívico y derivó en playón de autos secuestrados–, la Terminal de Cruceros –convertida en una agencia de la Policía Federal– y los polideportivos Centenario y Camet.

Toda discusión presupuestaria tiene hoy en la Argentina un telón de fondo alarmante: la inflación. En febrero creció 4,7%, con una escalada de 7,5% en el rubro alimentos. Leída desde la política doméstica, la noticia se torna un arma de doble filo. A la oposición le vuelve inverosímil la tesis de que no hay que aumentar nada –como si el municipio fuera una isla en medio del desierto– y al gobierno municipal le hará pagar, de todos modos, los costos de la acumulación de incrementos (tasas, boleto, tarifa del agua) en un momento en que los bolsillos no dan abasto.