Solo resta que el Gobierno provincial fije los “términos de referencia”. En buen romance, determinar la modalidad de implementación de la suba de tarifas del servicio eléctrico, como parte de la revisión integral que viene postergándose desde agosto de 2013.

Esa postergación justifica un ajuste del VAD (Valor Agregado de Distribución) de entre 80 al 100% que, de quedar en firme en el decreto de convocatoria de la audiencia pública, significará hasta un 50% más en las facturas para los usuarios. 

A ese porcentaje apuntan las cifras resultantes de los estudios de costos elaborados por el Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico), según está plasmado en un expediente de 15 cuerpos del cual ayer empezaron a notificarse las empresas.

Con ese fin, durante la mañana del martes 18,  los ejecutivos de Edemsa, Edeste y otras distribuidoras desfilaban por la oficina de la Dirección de Servicios Públicos de la Provincia, en el octavo piso de Casa de Gobierno.

Pese a que aún las distribuidoras pueden hacer sus observaciones, es el paso previo a la tan esperada convocatoria de la audiencia pública. Decisión que debería plasmarse en un decreto del gobernador Francisco Pérez antes de fin de mes.

“Las diferencias con los números de las distribuidoras se limaron lo más posible. Se hizo un trabajo serio y transparente, apuntando a la actualización de la inflación en los costos y los ingresos no percibidos en los últimos siete años pero también al impacto, entre otros ítems, de la necesidad de obras y del vandalismo en la calidad del servicio para hacerlo sostenible”, argumentó el presidente del Epre, Elián Japaz, acerca de los peritajes elevados por el ente al Ministerio de Energía.

Los “términos de referencia” implican que, sea un 40 o 50% el incremento autorizado, no necesariamente se traslade a la tarifa de una sola vez. El Ejecutivo tiene la facultad de aplicarlo por tramos semestrales o trimestrales, para minimizar su impacto en el bolsillo y, de paso, disipar el lógico malhumor por la medida.

Hay varios indicadores que inciden en la composición del número. Especialmente dos: una rentabilidad anual del 11% (hasta ahora la ganancia reconocida no superaba el 9%), y el débito de casi $ 240 millones que recibieron los concesionarios en concepto de Convergencia Tarifaria entre 2014 y 2015, como pago a cuenta de “ingresos no percibidos” (unos $ 4.000 millones reconocidos por Pérez a través del discutido decreto 390) a cambio de mantenerla congelada hasta fin de año.

¿Qué pueden cuestionar las empresas? Ítems como para mejorar  unos puntos más el Valor Agregado de Distribución. Entre otros,  cuánto del Impuesto a las Ganancias pagado se devolverá en las facturas una vez vencida la Convergencia el 31 de diciembre. 

Pulgares arriba

Sea para no exponerse hasta que el decreto con la fecha de la audiencia pública se dé a conocer, o sólo por extrema prudencia en medio de los análisis, ayer muchos gerentes de las principales eléctricas dejaban sonar sus teléfonos sin atenderlos. No obstante el Gobierno espera una devolución, el cielo aparece sin nubarrones.

“Un ajuste de esa proporción cerraría por las pérdidas que vienen arrastrando las empresas. Y si bien cada cual deberá revisar los números y es posible que se aplique gradualmente, trataremos de que, dentro del consenso generalizado, el plazo sea el más corto posible”, señaló José Álvarez, titular de la Cooperativa Alto Verde-Algarrobo Grande y vice de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas.  

Para Edemsa, por otra parte, es la llave que abre la puerta de un acuerdo con Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico, por una deuda superior a los $ 800 millones. La falta de regularización le había impedido acceder al grueso del subsidios de la Convergencia.

Según Raúl Stasi, gerente general de Edeste, “lo razonable es que se vaya recomponiendo la tarifa, y lo propuesto no nos parece mal. Actualmente hay un porcentaje muy alto de usuarios que paga un poco más de un peso diario o $ 60 por bimestre”.

Sin embargo, Stasi aclara que “de lo que las empresas necesitan, no necesariamente todo debe trasladarse a tarifa. Mucho tiene que ver cuánto irá a usuarios y a la empresa”. El cálculo contempla, para Edeste, descontar al menos $ 25 millones en subsidios de los $ 207 millones asignados como VAD retroactivo al 2013. Lo mismo sobre casi $ 166 millones de Cooperativa Godoy Cruz.

“El decreto 390 plantea un VAD provisorio y la revisión integral. Esta no es una revisión tarifaria ordinaria: necesariamente habrá que compensar con la Convergencia, lo que vuelve el proceso un poco más engorroso”, advirtió el ministro de Legal y Técnica, Francisco García Ibáñez.

Aunque el decreto 390 asoma como variable de negociación, para García Ibáñez el conflicto judicial que lo envuelve “lo convierte en un tema pendiente. Pero con la revisión tarifaria el planteo deviene en abstracto”.

En definitiva, si las distribuidoras avalan lo hecho por el Epre, estaría todo dado para que Pérez firme el decreto. La meta es fijar la audiencia no más allá del 29 de setiembre, para lo cual la convocatoria debe hacerse 30 días antes.