María Victoria Lippo

 

Las universidades nacionales se preparan para su segunda gran marcha desde el cambio de Gobierno, en un último intento por revertir la decisión del oficialismo de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

En paralelo, el Gobierno envió el presupuesto 2025 al Congreso. En él, plantea que las universidades recibirán el año próximo 3,8 billones de pesos en sus conjunto, esto es, incluyendo las 62 universidades nacionales y sus gastos de funcionamiento, salarios, los programas de investigadores universitarios, los hospitales universitarios, los programas de doctorados, los de extensión universitaria, los colegios pre universitarios y las carreras técnicas, entre otros.

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Cabe recordar que el presupuesto de 2024 consiste en la prórroga del de 2023, año que cerró con una inflación del 211,4%. El hecho de partir de una base que ya estaba muy desactualizada hizo que el Gobierno debiera enviar correcciones al presupuesto que, sin embargo, dejaron con significativos atrasos.

El Gobierno recortó en un 30% las transferencias a universidades nacionales entre diciembre y agosto de 2024 contra el mismo período del año anterior y descontando la inflación, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, este recorte explicó el 1,1% del achicamiento del gasto. 

El mayor recorte se dio en salarios de personal docente y autoridades (-30,4%), salarios de personal no docente (-26,7%), asistencia financiera para el funcionamiento universitario (-23,1%) y para hospitales universitarios (-19,3%).

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) los gastos para universidades para 2025 reflejan un aumento del 0,8% real sobre el estimado en el que cerrará el año vigente.

Mientras tanto, para el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), el presupuesto para la educación superior para 2025 es un 34,4% inferior al de 2023 e incluso está por debajo del de 2024 en términos reales. En el caso del salario docente y no decente, la contracción sería del 37,2% contra 2023.

El rector de la Universidad de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Victor Moriñigo, explicó a El Cronista que con los recursos que hoy cuentan las instituciones nacionales pueden cubrir los gastos de funcionamiento hasta fin de año, pero no para garantizar los salarios docentes "que ya perdieron 50 puntos entre diciembre y septiembre".

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Desde el CIN agregaron que esto se da en un escenario en el que el 70% de los trabajadores de la educación superior reciben sueldos por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron ningún aumento desde principio de año.

Lo plasmado en el presupuesto por el Gobierno para 2025, agregó Moriñigo, no contempla la inflación de 2024.

El CIN plantea la necesidad de que la inversión en educación superior sea del 1% del PBI, lo que representa 7,2 billones en los que se incluyen los gastos de funcionamiento, hospitales, correcciones salariales, entre otros. Los cálculos, explicaron, están hechos en base a los números incluidos en la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye la corrección salarial hacia fin de año para los trabajadores por inflación.

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El Gobierno deslizó la posibilidad de transferir las universidades nacionales a las provincias para recortar el gasto del Estado nacional, proyecto que aún no fue presentado formalmente y que además requerirá del tratamiento de las legislaturas provinciales además del sostenimiento de las transferencias de la Nación.

Según el Observatorio de Argentinos por la Educación, 3 de cada 4 pesos destinados a la educación son ejecutados por las provincias y 1 de cada 4 es de la Nación.