La financiación del transporte urbano de pasajeros copó ayer la presentación y el primer debate del proyecto de presupuesto municipal 2018 realizado en el Concejo por el secretario de Hacienda, Santiago Asegurado.

Los ediles de la oposición reconocieron la necesidad de buscar una alternativa que permita no sólo sostener sino también mejorar el sistema de colectivos, pero varios cuestionaron que sea a través de una suba adicional de la tasa general de inmuebles (TGI) del 15 por ciento (que se suma al 18 por ciento ya autorizado por el Concejo hace dos años), y plantearon la creación de una tasa específica para el transporte. También criticaron al gobierno nacional por el congelamiento de subsidios; y a la provincia, a la que le reclamaron más recursos para esta área.

El resto de los números del presupuesto expuestos para su ejecución durante el próximo año quedaron casi en un segundo plano en una sala de reuniones del primer piso improvisada del Palacio Vasallo, que prácticamente está todo en obras.

No obstante, se conoció la modificación de la base de cálculo y alícuota del derecho de registro e inspección (Drei) para las concesionarias y agentes oficiales de autos —se asimila a la base imponible de ingresos brutos—, para préstamos financieros y tarjetas de crédito de entidades no financieras.

Asegurado inició su presentación con un detallado trabajo sobre la presión tributaria de los tres niveles de Estado, por medio del cual mostró que son los municipios los que menos contribuyen a la carga impositiva. Después avanzó con la explicación y argumentación del aumento extra solicitado de la TGI. Este fue el aspecto más debatido y cuestionado desde perspectivas económicas y hasta jurídicas por parte de los bloques opositores.

Entre las voces críticas se escucharon las de Renata Ghilotti, Diego Giuliano, Norma López, Caren Tepp, Jorge Boasso y Marina Magnani.

Otros, como Eduardo Toniolli, insistieron en un ya viejo pedido para que el Ejecutivo o el Ente de la Movilidad ponga todos los números actualizados del sistema de transporte sobre la mesa. El último informe disponible es de junio pasado. Los concejales de la oposición quieren conocer la cantidad de "boletos cortados" y los kilómetros recorridos, entre otros datos.

Alternativas

La posibilidad de reemplazar el posible incremento adicional de la TGI por una tasa del transporte fue propuesta por ediles de distintos bloques políticos. Asegurado dijo estar abierto a discutir alternativas, pero consideró que el clima de época sobre la creación de nuevos impuestos transita en la agenda nacional en sentido contrario, y alertó que podría existir alguna posible incompatibilidad jurídica.

El funcionario trajo al debate una situación coyuntural: dijo que en el caso de Santa Fe, el el pedido de eliminación de impuestos que solicitó nación a las provincias hará, por ejemplo, que desaparezcan los aportes que realiza el Estado provincial al fondo compensador, conocido como ley Rubeo.

Ante esto le retrucaron que con el congelamiento o recorte de subsidios, el gobierno nacional también les está trasladando a las provincias y municipios esos costos. Incluso señalaron que si el Ejecutivo tenía información acerca de un ajuste en los subsidios, lo hicieran público. "Porque ya el reclamo no sería por recursos sino porque no corten los vigentes", punzó Toniolli.

Defensa nacional

La defensa del gobierno nacional llegó por parte de la concejala Ghilotti, quien señaló que actualmente el 43 por ciento del valor del boleto es subsidiado por Nación. Tras lo cual demandó que la provincia participe con más fondos, como lo hace con el sistema de salud.

Ghilotti detalló que como integrante del directorio del Ente de la Movilidad, está haciendo gestiones para viabilizar la "homologación" de las tarjetas Movi y Sube, lo que le permitiría a los rosarinos una serie de beneficios sociales adicionales que en la provincia, por ejemplo, sí tienen en la ciudad de Santa Fe.

Desde el oficialismo, en tanto, la concejala y ex secretaria de Economía, Verónica Irizar, defendió la iniciativa de incrementar el fondo compensador del TUP vía TGI. Buscó despejar los cuestionamientos jurídicos y manifestó la incompatibilidad legal de sumar una tasa a través, por ejemplo, del impuesto a las patentes.

El objetivo del oficialismo sigue siendo que el presupuesto sea aprobado antes del recambio del cuerpo legislativo, el 10 de diciembre próximo.