Cualquier presupuesto representa un bosquejo más o menos fiel de cómo se va a gastar lo que se presume que ingresará y delinea también la impronta de gestión de un gobierno. Axel Kicillof, desde su llegada prometió una fuerte inversión en obra pública, mejorar la producción y apuntalar con mejor gestión las obligaciones básicas del Estado: salud, educación y seguridad. Pero, sin dejar de lado los trastornos lógicos producidos por la pandemia, hay una subejecución notoria en áreas claves que atentan contra esa bienintencionada premisa, pese a que en caja hay dinero. En las cuentas del Banco Provincia hay 140 mil millones, con los cuales el Ejecutivo se asegura, de mínima, arrancar 2022 con los salarios de enero y febrero en el bolso.

En ese marco, la Ley de Leyes presentada en la Legislatura, y que quedará para discutir luego del ingreso de los nuevos senadores y diputados, constituye un ambicioso boceto que no solo sufrirá modificaciones de base (como la incorporación de un FIM y retoques en el articulado), sino que también resulta una previsión de gastos cuya precisión colisiona de frente con lo hecho hasta ahora. No es un mal exclusivo de la gestión actual, viene de arrastre, aunque parece haberse acentuado en el presente.

Al último mes del año el Gobierno solo ha informado la ejecución presupuestaria del primer trimestre, y desde la oposición advierten que sin una mayor precisión acerca de cómo se gastó el dinero no votará el nuevo Presupuesto. “Yo me acerqué al ministro (Pablo López) cuando hizo la presentación y me dijo que iba a estar la semestral cargada pronto en la página y el proyectado anual. Pero todavía no hay nada. Sin eso, nosotros no vamos a avanzar, porque el primer trimestre da subejecución. Y como el primer trimestre da mal queremos más información”, dijo el senador radical Agustín Máspoli. 

“Tenemos muy poca información. El ministro López planteó que las prioridades iban a ser Infraestructura, Salud, Educación y Seguridad, pero el año pasado planteó exactamente lo mismo y nos encontramos que ninguno de esos temas, excepto Salud en algunos casos, fue la prioridad. Fueron cuestiones más de relato que de la realidad que se vio en el Gobierno. El año pasado lo votamos sin la información de la ejecución presupuestaria, pero este año no vamos a hacer lo mismo”, afirmó el diputado Daniel Lipovetzky (PRO). 

Sin dudas, el foco está puesto en las obras y en la poca ejecución que se llevó adelante del plan quinquenal anunciado en su momento por el ministro Agustín Simone. A octubre, de acuerdo a fuentes de esa cartera, solo se había gastado el 20 por ciento del crédito. Desde que llegó Leonardo Nardini al Ministerio de Infraestructura la ejecución subió un 10 por ciento más, y ambicionan a que termine en el 40 con el cierre del ejercicio. Hay una aceleración, pero quedará muy lejos de la meta inicial. 

Un alcalde oficialista confirmó a La Tecla que “tenía cuatro obras en el Presupuesto de este año, y recién firmé uno de los convenios cuando llegó Nardini; tengo tres sin firmar”. Además protestó porque “en el peronismo siempre sobreejecutamos los presupuestos, y ahora estamos subejecutando”, a la vez que dijo tener obras de viviendas trabadas por la burocracia provincial. 

“No es un problema de plata, la Provincia tiene plata, lo que pasa es que no se ha podido ejecutar”, reconoció un funcionario bonaerense. “Es un problema de gestión”, añadió. Es por ello que los jefes comunales energizan sus reclamos. Y si bien el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) es una demanda ahora de la oposición, los intendentes oficialistas acompañan esa petición. A su vez siguen los reclamos de cambios en carteras que no muestran un funcionamiento dinámico y ocultan cómo y en qué gastaron. 

“Seguridad, además del presupuesto recibió mucha plata de Nación y no sabemos en qué se gastó, porque no vemos muchos móviles en la calle y los problemas salariales de la policía siguen estando. Lo de Infraestructura es un despropósito, y queremos ver qué pasa en Educación, porque las escuelas, por ejemplo en La Plata, están detonadas”, sostuvo Lipovetzky. 

La Tecla solicitó información de la ejecución de cada uno de los ministerios. Tanto Seguridad como Educación no informaron absolutamente nada. Lo mismo sucedió con los números Jefatura de Gabinete, Justicia, Hacienda y Comunicación Pública. 

Además de Infraestructura, donde esperan, como se dijo, terminar con una ejecución por encima del 40% pero que no llegará siquiera a la mitad de lo pautado, desde Trabajo se informó que al 31 de octubre se había gastado el 72% del crédito y que la proyección a diciembre prevé una ejecución del 97%. Desde Gobierno, cartera en la que Cristina Álvarez Rodríguez reemplazó a Teresa García en octubre, al tercer trimestre se declaró un gasto del 88%. 

En Producción, el ejecutado hasta el último día de octubre fue de $ 6.431.709.985, que, sobre un presupuesto de $ 6.700.000.000, equivale a un 92%. El Ministerio de Mujeres, de un crédito de $ 1.032.918.000 usó hasta el décimo mes $ 892.283.011,07, es decir, el 86%.

Mientras que Desarrollo de la Comunidad, hasta el 30 de noviembre había erogado $43.527.178.905, sobre un crédito de $43.881.929.501 (99%). 

En Agrarios, sobre un presupuesto de $ 2.221.388.845, se habían gastado al 31 de octubre $ 1.754.806.173, lo que representa el 80%. Desde la cartera aseguran que si se suman los compromisos definitivos aún no devengados, el porcentaje asciende al 84%. Por último,

Salud gastó el 90,6% de las partidas que no incluyen el gasto de personal.

Los intendentes también ponen la lupa sobre el Bapro. “El Banco Provincia tiene superávit y hay 50 municipios que estamos pidiendo créditos para comprar maquinarias desde hace un año y esos créditos están parados”, se quejó un alcalde oficialista. 

El Presupuesto de 2022 que se empieza a discutir tiene un desafío por delante: que la obra final quede más o menos parecida al dibujo

LEGISLATURA

Dificultades del oficialismo para juntar manos propias

Cuando llegue el acuerdo con la oposición para tratar el Presupuesto y la Ley Impositiva, desde Juntos estarán dispuestos a sesionar, con la condición de que el oficialismo junte todas sus manos. Es la práctica habitual en el juego de las cámaras, donde nadie tiene la mayoría propia. Y en ese sentido, en el Frente de Todos se vislumbra una fuerte discusión interna para conformar a actores que están molestos y esperan respuestas del Ejecutivo. 

El caso más visible es el de Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, cuya esposa, Magdalena Goris, es senadora y una de esas 23 manos que el oficialismo no puede perder si quiere seguir con la Cámara Alta empatada. No es el único caso, hay otros senadores que quieren saldar cuentas con el Gobierno y la política antes de seguir acompañando los proyectos del Ejecutivo. Por caso, Omar Plaini todavía espera una explicación de por qué no lo dejaron jugar en las PASO de La Plata. 

En cuanto a Gray, suele decir en su entorno que su compañera no va a votar nada a libro cerrado y repetir una frase con asiduidad: “Ya di dos cheques en blanco y me salieron mal. Nunca más”. 

Enojado por cómo se eligieron las nuevas autoridades del PJ bonaerense, y distanciado por ese tema de Martín Insaurralde, el alcalde de Esteban Echeverría viene pidiendo desde hace un par de meses una reunión a solas con Axel Kicillof. Quiere precisiones sobre algunas políticas generales de la Provincia y, en particular, del distrito que conduce. 

Como se describe en estas páginas, Echeverría no es una de las comunas más beneficiadas en el plan de obras para el año que viene, y eso, al jefe comunal no le hace mucha gracia. Sabe Gray que quizá, en un acuerdo con la oposición, el oficialismo pueda prescindir de Goris y hasta de algún otro legislador, pero también sabe que en el mapa de equilibrio, cada carta vale casi lo mismo que el mazo. Entonces espera tranquilo. Está convencido de que en algún momento lo tendrán que llamar. Todas las facturas a pasar las tiene bien anotadas y querrá cobrarlas.

“Yo apoyé a un Gobierno para que hiciera transformaciones, no para estar brindando por una remontada electoral”, suele quejarse el mandatario entre sus colegas, que lo siguen llamando para ver qué pasos tomará. Públicamente prefiere mantenerse en silencio, a la espera de la confirmación de la reunión con Kicillof.

FIM

Ese fondo que no está pero estará

Ya se ha hecho una costumbre que grafica casi como nada la elasticidad del Presupuesto y la sensación de que cada vez más la Ley de Leyes aparece como un bosquejo que no representa casi nada de lo que será la obra. El Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) es una herramienta que el Ejecutivo no pone en el texto original a sabiendas de que la incorporará en el marco de las negociaciones con la oposición. Es decir, de entrada, todos asumen que habrá reasignaciones de partidas. 

El FIM fue impuesto por los intendentes peronistas cuando asumió María Eugenia Vidal y es ahora una demanda de los jefes comunales radicales y del PRO hacia el Gobierno de Axel Kicillof. El Ejecutivo, en el texto cumplimentó en parte la demanda de los alcaldes al incorporar un fondo de siete mil millones de pesos para cuestiones vinculadas a la seguridad, pero eso no alcanza. 

“Sin FIM no hay Presupuesto, porque, si no, los intendentes no podemos hacer obras y el Gobierno maneja los fondos de manera discrecional”, advirtieron de entrada desde Juntos. Pero se ha avanzado en la constitución del fondo y, la semana pasada, Martín Insaurralde recibió a Néstor Grindetti y a Maximiliano Abad para consensuar la incorporación y acercarse al número final. 

La oposición pide que sean 30 mil millones de pesos, divididos en 20 mil por el Fondo de Infraestructura Municipal y 10 mil por el Fondo de Seguridad (que tendría un aumento), a repartirse por el mismo índice que distribuye la coparticipación. 

El Ejecutivo ofrecía los 12.000 millones de este año indexados por inflación, lo que elevaría la cifra a unos 18 mil millones. No parecen estar lejos y el tema se resolvería. De todos modos, la cifra final estará alejada de los más de 80 mil millones que debieran destinarse a ese fondo si se respetara el porcentual del Presupuesto que los jefes comunales peronistas le sacaron a Vidal en el 2016, cuando el FIM representó el 2,82% de los gastos totales.

Las obras en los municipios también entran en discusión

Las obras que aparecen en las planillas anexas del Presupuesto y que la Provincia determinó para cada municipio también están en discusión. Legisladores e intendentes de la oposición aseguran que hay un reparto demasiado discrecional y los jefes comunales de la oposición se quejan porque no fueron consultados acerca de las necesidades, por lo que potencian el reclamo del FIM. 

En algunos casos, como el de Coronel Rosales (también le pasa al oficialista Presidente Perón), no hay obras pautadas, y en otros, los montos y trabajos previstos son muy escasos, como se ve con claridad, por ejemplo, en Lanús, Tres de Febrero y Vicente López. Es otra discusión que derivará en modificaciones de algunas partidas.

PLANTEO OPOSITOR

Piden modificaciones en la Impositiva y un solo tope de aumentos en los impuestos

La oposición pide algunas modificaciones en la Ley Impositiva al margen de los planteos que se hacen sobre el Presupuesto. En la reunión de la semana pasada con Cristian Girard en la Legislatura le adelantaron al titular de ARBA que pedirán una reducción del tope del 45% de algunos impuestos. 

El senador radical Agustín Máspoli, que integra la comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, aseguró que “en la charla con Girard le marcamos algunas diferencias”, aunque reconoció que “no son grandes”. “Ellos insisten con la progresividad y nosotros decimos que la progresividad está en el impuesto. El tope para algunos impuestos no debería ser del 45%, porque ellos están pensando en una pauta inflacionaria del 36. No nos parece bien esa progresividad de 25, 35 y 45%, sino que se debería unificar un solo tope, que sea menor de 45. Es la cuestión central”, adelantó el legislador. 

“¿Por qué ponés 45 y en el mensaje del Presupuesto la inflación la ponés en el 36? ¿Por qué no un único tope en vez de tres topes? Porque la progresividad la trae el impuesto. Ya los de menos valuación pagan menos que los de mayor valuación. Y por qué es 45 y no 36, que es el aumento inflacionario que ellos mismos dicen que va a haber. Podemos discutir que sea un poco más, pero que haya un único tope”, reiteró Máspoli.

CUD

El detalle de cómo se distribuirán los recursos es clave para avanzar

El Código Único de Distribución (CUD) es otra de las cuestiones que el Ministerio de Hacienda deberá resolver con celeridad si quiere que en la Legislatura se avance con el Presupuesto y la Ley Impositiva. Este año se realizó el reparto de la coparticipación y de los fondos que se rigen por este índice con el CUD prorrogado de 2020. Debería cambiar, pero, por consecuencia de la pandemia, podría verse seriamente alterado en favor de algunos municipios y en detrimento de otros si no se modifica la fórmula con la que se compone. 

El CUD se determina, año tras año, en función de la evolución de tres ítems: 58% corresponde al Régimen General, que tiene en cuenta población, superficie y capacidad tributaria; 37% corresponde al Régimen de Salud, distribuido entre los municipios que tengan establecimientos oficiales para la atención de la salud mediante la ocupación de camas; y el 5% restante corresponde al Régimen de Acción Social, es decir, los servicios sociales transferidos. 

Lo que se ha modificado ostensiblemente durante la pandemia es el Régimen de Salud a partir de la instalación de hospitales modulares y la suma de camas en los distintos nosocomios, lo que les da a la mayoría de los grandes distritos del Conurbano una ventaja en cuanto a la cantidad de camas. Atentos a esto, los intendentes radicales del interior pidieron a sus colegas del PRO (que en su mayoría manejan municipios superpoblados) que no los dejen solos en esta puja por no alterar demasiado el régimen de coparticipación. 

Sin una certeza de cómo se constituirá el CUD y qué coeficiente le queda a cada municipio, desde la oposición aseguran que no acompañarán el Presupuesto.