Laura Serra

El proyecto de presupuesto 2025 que presentó el presidente Javier Milei el domingo pasado en el Congreso contiene algunos puntos que prometen desatar polémica. Por caso, la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei –la hermana del presidente–, recibirá una partida de $147.576 millones, el doble (103% de aumento nominal) que la actual.

No es un secreto que Karina Milei –quien, en palabras del Presidente, integra el “triángulo de hierro” en la Casa Rosada junto al asesor Santiago Caputo– adquirió a lo largo de este primer año de gestión cada vez más poder. No sólo en los aspectos funcionales al frente de la Secretaría General de la Presidencia; también en el armado político y electoral del oficialismo a nivel nacional.

El creciente presupuesto de esta cartera va de la mano con la también creciente influencia de la hermana de Milei. En efecto, su cartera no solo se limita a la asistencia directa al Presidente y a la coordinación entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo, sino que además controla todos los aspectos referidos a la comunicación oficial del Gobierno, desde la divulgación de la agenda presidencial hasta los medios de comunicación del Estado. Como si esto fuera poco, conduce en todo lo referido a la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, un área que antes pertenecía a la órbita de la Cancillería.

Al igual que la Secretaría General de la Presidencia, también la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) duplicará su partida el año próximo respecto de la actual. Tal como anticipó LA NACION, el organismo que conduce Sergio Neiffert –hombre de Santiago Caputo– trepará a $197,2 mil millones.

Otros puntos que prometen despertar controversia durante la discusión parlamentaria del presupuesto son los siguientes:

Gastos tributarios. Pese a que distintos sectores de la oposición vienen reclamando que el Gobierno revise y disminuya los gastos tributarios en el presupuesto para compensar el ajuste en las partidas más sensibles, el proyecto presentado por Milei los mantiene prácticamente inalterables. Los gastos tributarios son los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. Un caso paradigmático es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que por distintas exenciones impositivas el Estado dejará de percibir el año próximo casi $1,3 billones, lo que representa 0.18% del PBI (0,03% más que este año).Regresividad en la recaudación. El presupuesto prevé un aumento de la presión tributaria el año próximo, que pasará de 22,37% del PIB a 22,92% en 2025. Este incremento obedece a una mayor carga en impuestos como Ganancias y Monotributo, como así también en los derechos de exportación y el impuesto a los combustibles. En cambio, caerá la recaudación en Bienes Personales, uno de los impuestos considerados más progresivos.Renegociación de la deuda. El artículo 54 del proyecto faculta al Ministerio de Economía a realizar canjes de deuda sin cumplir con los parámetros que establece el artículo 65 de la ley de administración financiera, que dispone que el Poder Ejecutivo podrá llevar adelante una reestructuración de la deuda siempre que esta implique “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.” El ministro Caputo intentó insertar este mismo artículo en el proyecto original de la Ley Bases, pero debió excluirlo ante el rechazo de la oposición. Ahora vuelve a la carga.Suspensión de los pisos mínimos para Educación, Ciencia y Técnica y Defensa. El artículo 27 del proyecto establece que, en virtud de la declaración de emergencia establecida en la Ley Bases, se suspenderá el año próximo la aplicación del artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, que establece un piso de 6% del PBI para la educación inicial y media. Por otra parte, la ley 27.614 establece que, para el año próximo, debe destinarse el 0,45% del PBI para financiar el sistema de nacional de ciencia, tecnología e Innovación. Esto también queda suspendido, al igual que el artículo 1° de la ley 27.565 que creó el Fondo Nacional de la Defensa, destinado a reequipar a las fuerzas armadas. La norma establecía para el año próximo un piso mínimo del 0,8% de los ingresos del sector público nacional para esta meta, pero su suspensión deja a este sector sin presupuesto garantizado