Por Eugenia Muzio

La regla que sigue el Presupuesto 2025 para hacerle un "blindaje fiscal" a las cuentas públicas le permitirán al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Toto Caputo, profundizar la motosierra. La proyección de la inflación y la eliminación de excepciones le dan al Gobierno la herramienta del ajuste a discreción.

A partir de la recaudación proyectada del 16,5% del PBI, la iniciativa presentada en la cámara baja plantea que el nivel de gasto será del 15,2%. Esto da como resultado un superávit primario de 1,3% del PBI, lo suficiente para pagar los intereses de la deuda y así obtener el equilibrio financiero.

La norma madre aplicará cuando la estimación de los ingresos falle y con dos alternativas:

Si hay menos pesos de los previstos, se ajustará por otro lado.Si el resultado supera las expectativas, entonces se bajará algún impuesto.La "novedad" de Javier Milei

Lo que Milei presenta como "novedoso", en realidad no lo es. La ley 25.152 de 1999 establece que el resultado financiero debe estar equilibrado, definiendo topes máximos de gasto y fondos anticíclicos; y la norma 25.453 de 2001 de “déficit cero”, preveía exactamente el mismo esquema que el proyecto de 2025. "Cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción", planteaba.

 

 

En 2002, esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema al considerar que "implicaba un exceso de discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo y que no cumplía con los términos propios de una medida de emergencia, en tanto no contenía una pauta temporal concreta de vigencia".

En el texto del proyecto para 2025, hay dos diferencias fundamentales con las normas de inicios de siglo. Una es clásica de todos los gobiernos y utiliza la inflación como pauta; la otra, es específica de la administración libertaria y subraya que en caso de tener que reducir partidas porque los ingresos son menores, se podrá recortar "todo lo que no tenga mínimo o ajuste legal", indicó en un informe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La maniobra de la inflación y el crecimiento

El Presupuesto 2025 estima un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que llegará al 18,3% a fines del año siguiente. Se trata de una medición punta a punta, entre los diciembres, pero la inflación promedio que proyecta el sector privado está entre el 27% y el 40%.

La maniobra es típica del Ejecutivo de turno: el Congreso aprueba una cifra y si el nivel de precios se dispara, el gasto por encima está justificado por la disparada del índice.

En el caso de Milei, será al revés. Aunque el IPC sea mayor al esperado, el déficit cero se cuidará y Caputo podrá podar las partidas no indexadas: jubilaciones y asignaciones sociales.

Javier Milei saluda a Toto Caputo al presentar el Presupuesto 2025

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"La presente regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero", establece el artículo 1°.

El economista de Vectorial, Haroldo Montagu, advirtió que el gasto también está "atado de manos" en el caso de que la actividad económica no crezca al 5% tal como está predicho.

"Quita grados de libertad. En el caso de que la economía crezca menos de lo pautado, no puede hacer política económica contra cíclica para que haya una reactivación", indicó ante la consulta de Letra P.

Eliminación de excepcionalidades

Milei estará obligado a aumentar haberes previsionales y el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por inflación. Sin embargo, el proyecto que se tratará primero en la Cámara de Diputado deroga artículos clave que le permitirán al Gobierno hacer modificaciones discrecionales.

En el caso de la prestación familiar, se eliminan los puntos 1°, 3° y 4° de la ley 27.160 que indican la movilidad. Según el CEPA, "el monto de la asignación y quién la percibe quedaría a discreción del Poder Ejecutivo, lo cual le permitiría -tal y como hicieron con el bono para la jubilación mínima- congelarlas y licuarlas, o bien directamente reducirlas o restringir su alcance".

De acuerdo a la iniciativa, la suma asignada aumentarían en términos reales 7,9% respecto a 2024 y 16,9% en relación con 2023, pero las metas físicas (cantidad de personas alcanzadas) se actualizarían de forma marginal. Las AUH aumentarán 0,4%, pasando de 4.061.018 personas a 4.078.706. Es decir que, en caso de realizar un ajuste, será en los montos otorgados a quienes ya cobran el programa.

Para 2025 también se suspende un conjunto de normativas legales que establecen pisos mínimos de partidas como es el caso de presupuestos para Educación, Ciencia y Técnica, Educación Técnica y Defensa.