La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

La iniciativa fue aprobada a las 5:13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Civica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.

Tras casi quince horas de debate, el plenario legislativo comenzó el debate en particular de los 143 artículos que componen esa iniciativa.

Dos de los puntos que generaron mayor debate son la eliminación de la eximición del impuesto a las ganancias para la justicia y la facultad delegada al Gobierno Nacional para poder cambiar las alicuotas de retenciones agropecuarias. En ambos casos, la oposición se abroqueló y votó en contra, por lo que el proyecto pasó con cambios a la Cámara Alta. 

Presupuesto 2023: los puntos clave 

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos. El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.

Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

 Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1%, y una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023.

Para conseguir el ajustado quórum de 130 diputados, el Frente de Todos contó con la ayuda del interbloque Provincias Unidas, una parte de Evolución Radical, los dos miembros del bloque SER, los dos diputados socialistas de Santa Fe y cuatro legisladores de la UCR (Jorge Rizzotti, Miguel Bazze, Víctor Hugo Romero y Martín Arjol).

En cambio, el grueso de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica no colaboraron con ese objetivo y recién bajaron al recinto con la sesión comenzada.

Presupuesto 2023: el debate

El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, inició la ronda de discursos y negó "rotundamente" que se esté tratando un "presupuesto de ajuste", como denunció el Frente de Izquierda, y como celebró el referente económico de Juntos por el Cambio en Diputados Luciano Laspina (PRO). Además le pidió a la oposición que sea responsable y no deje al Poder Ejecutivo sin Presupuesto como sucedió el año pasado.

"No se puede volver a dejar al país, no al gobierno, sin esa herramienta que es el presupuesto. Hemos logrado hasta aquí un dictamen de mayoría que entendemos superador y adecuado a los tiempos. Instamos al honorable cuerpo a acompañarnos para tener este presupuesto como una herramienta para el trabajo durante el 2023", reclamó.

El economista afirmó que "la inflación prevista del 60% para 2023 es una meta alcanzable", y agregó: "Frente a todos los desafíos que plantea este flagelo inflacionario, la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios".

A su turno, Itai Hagman (Frente de Todos) reconoció las restricciones fiscales y monetarias a raíz de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, pero destacó que la propuesta oficialista cumple el objetivo de que "el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales".

En este sentido, recordó que el programa de "ajuste drástico de la inversión publica" de la oposición "ya se probó en la Argentina y nunca funcionó".

El economista del Frente Patria Grande admitió que una de las "falencias" del programa económico actual tiene que ver con no haber podido lograr que los salarios aumenten acorde a la inflación, y recordó que en todo este tiempo hubo un aumento de las ganancias de las empresas que ensanchó la brecha distributiva con los trabajadores. "Yo creo que este presupuesto tiene que ser el punto de partida para una política económica que se proponga revertir como primer objetivo en el corto plazo esa situación. Por eso quiero decir que es muy importante que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que nos quieren convencer que si hacemos los deberes que un sector del poder económico quiere, vamos a conseguir esos resultados. Nunca paso eso en la Argentina", remató.

Laspina, en tanto, destacó -chicana mediante- que "en el marco de una crisis económica y social solo comparable a 2001 y 2002 recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público". "Es una derrota ideológica para el oficialismo y es el principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en la Argentina sin teorías indefendibles", lanzó el santafesino que habló de un "final de ciclo".

"Este Presupuesto se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto, gasta en cosas que no debe", consideró, señalando que si bien cumple con las metas del FMI recortando en subsidios a las tarifas, a las universidades y a las provincias, "se queda a mitad de camino" porque no reduce el gasto en burocracia estatal. "Argentina es un defaulteador serial, no nos podemos dar el lujo de tener déficit fiscal. Ordenar las cuentas públicas es condición necesaria pero no suficiente", dijo.

Víctor Hugo Romero (UCR) planteó reparos respecto del proyecto oficialista, pero garantizó el acompañamiento del radicalismo "para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y para evitar la discrecionalidad en un año electoral".

"Este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina", lamentó el cordobés, uno de los pocos radicales que contribuyó al quórum.

Por el Frente de izquierda, Nicolás del Caño fustigó al Gobierno por impulsar un "presupuesto de ajuste".  "¿No era que venían a llenar la heladera? Hicieron un Presupuesto digno de (Ricardo) López Murphy", le espetó al oficialismo, y agregó: "Todas las fuerzas políticas están de acuerdo con este presupuesto de ajuste del FMI. No JxC sino también sectores del propio FdT que antes corrían a (Martín) Guzmán". El Frente de Izquierda también rechazó el artículo para que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias, porque advierten que bajo ese artilugio no sólo los jueces sino también los empleados de ese sector van a tener que realizar ese tributo.

"El salario no es ganancia", argumentó el legislador del PTS. 

La diputada del Partido Obrero Romina del Plá catalogó el presupuesto como "antiobrero" y dijo que es una "estafa monumental para la población". "Es un cheque en blanco, ficción completa. Esto no se puede acompañar", arrojó la diputada trotskista, y alertó que "una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa".

"El ajustazo es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda y aun así ni siquiera lo resuelve", alertó, a lo que sumó: "O sea que vamos a una situación aún peor". 

En nombre de la Coalición Cívica, Paula Oliveto expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. "De la oposición se espera que controle y denuncia cuando algo está mal y que nos opongamos a un presupuesto que nada tiene que ver con la realidad. "Tampoco nos votaron para avalar suba de impuestos. Y este presupuesto tiene suba de impuestos", añadió la opositora.

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño se expresó en contra del artículo que quitaría a los integrantes del Poder Judicial el beneficio de no estar alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Según dijo, "es una movida del oficialismo para fastidiar y atropellar al Poder Judicial", e interpretó que la propuesta es "anticonstitucional" y que "ya existe una norma" que establece el pago de Ganancias por parte de los jueces.

"En 2017 acompañamos el dictamen por minoría de Axel Kicillof, que planteó que los jueces que ingresaran en tiempo posterior a la aprobación de la norma paguen Ganancias", recordó. "El Gobierno generó una huelga en un sector que estaba siendo prolijo en su discusión salarial", lamentó la representante del interbloque Federal, que advirtió que el avance de este tema "sería un antecedente nefasto". "No vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado", manifestó Camaño.