En esa línea, mientras en 2010 “servicios económicos”, item en el que se encuentra la deuda pública, significaba el 7% de los recursos, en 2023 ese mismo rubro saltó al 19% del total (+12 puntos porcentuales -pp.-). Por el otro lado, el gasto social (“servicios sociales” en el Presupuesto) pasó, en el mismo período, de 52% a 45% (-7 pp.).

Los 12 puntos de participación que gana “Servicios Económicos” a lo largo de este lapso, los obtiene de la siguiente manera: 7 de “Servicios Sociales”, 3 de “Administración Gubernamental” y 2 de “Servicios de Seguridad y Justicia”.

Los datos surgen del análisis del Presupuesto 2023 de Córdoba que realizó el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES). En su último reporte concluyen que “consideramos problemático que el gasto social tenga una importancia presupuestaria cada vez menor en una provincia cuyos niveles de pobreza y desempleo se encuentran por encima del promedio nacional”.

Agregan que “observamos con preocupación el presupuesto en los Servicios Sociales que implica la obligación del Estado de asegurar derechos esenciales básicos a la población. Principalmente la disminución en Salud, en Asistencia Social y en Vivienda, como así también en algunos programas educativos y en los salarios de la docencia”.

También apuntan que “la evolución creciente en Servicios Económicos privilegia un particular modo de desarrollo y apunta a beneficiar a grandes sectores concentrados, como el agronegocio, y al pago de deuda. Mientras que se produce un recorte en los programas de apoyo al sector industrial”.

Señalan, además, que “el modelo que el gobierno de Córdoba viene fortaleciendo en los últimos años, basado en la desindustrialización y reprimarización de su matriz productiva tiene grandes consecuencias ambientales. Se hace necesario un presupuesto en Ambiente acorde a estas problemáticas”.

Respecto de este último punto, precisa el informe que “según el presupuesto 2023, un monto de 2.538 millones será destinado al Saneamiento Ambiental, esto representa una disminución real respecto a 2022 (-3%) y se ubica en un nivel muy por debajo de lo presupuestado en 2010 (-66%), máximo del período”.

El trabajo dice que el Estado prevé gastar un total de $1.743 miles de millones en 2023, que descontado el efecto inflacionario implica un incremento del 6,2% respecto a 2022.

DEUDA Y CAMPO VERSUS INDUSTRIA

Para el rubro “Servicios Económicos”, el gobierno de Juan Schiaretti proyecta en 2023 un aumento real del 49,7% con respecto a 2022. Casi todos los fondos (92,7%) se destinarán a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento -ACIF-, de la cual una parte importante de su presupuesto 2023 (63%) se asigna al pago de servicios de la Deuda Pública.

Respecto a los otros rubros a los que se destina este gasto, se observa que “aunque los recursos destinados al fomento de las actividades primarias disminuirían (-24%) en 2023, estos se mantienen en niveles elevados (128% más que el promedio 2017-2021)”. Mientras que “la cuenta Transporte también disminuye (-9,5%), pero se mantiene en un nivel alto, sólo superado en 3 de los años de todo el periodo analizado. Dentro de esta cuenta el 26,4% se asigna al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario. Estos niveles contrastan con los programas de incentivo a la Industria que, para 2023, aumentan un 20% pero aún se mantendrían un 62% por debajo de 2016 (máximo del periodo) y participan marginalmente en relación al total de los Servicios Económicos”.

OTES afirma, en consecuencia, que “el presupuesto no está pensado para el desarrollo del conjunto de las fuerzas productivas provinciales sino para el beneficio de los grandes sectores concentrados como son el agronegocio (cuyos recursos crecieron por cinco en el rubro de agricultura, ganadería y recursos renovables) o para aportes a ACIF (crece por seis en el rubro de administración de los servicios económicos) que en su mayoría son utilizados para el pago de deuda”.

EL GASTO SOCIAL

Para 2023, el gobierno provincial prevé gastar en Servicios Sociales un monto de $784 mil millones, lo cual implicaría un aumento real del 11,7% respecto a 2022. Tal mejora se debe a los aumentos previstos en Educación y Cultura (23,7%), sin embargo, las cuentas restantes acusan recortes, en particular Salud (-3,6%), Promoción y Asistencia Social (-4,0%), Vivienda y Urbanismo (-24,2%).

El trabajo analiza que una recuperación en Educación y Cultura, “donde el presupuesto alcanzaría los niveles de 2015-2016, máximos en el periodo analizado”. Pero al bucear en el detalle, indica que ese crecimiento “se debe a un aumento importante en la Previsión Presupuestaria en Educación (89%), un programa de contingencias que en 2022 no ha sido ejecutado, el Fondo para el financiamiento del sistema educativo (38%), sin asignación específica, aportes a la educación secundaria, especial y superior privada (29%), programas de infraestructura escolar y algunos programas de inserción laboral como el Programa Primer Paso (39%)”.

Del costado de las bajas, el informe encuentra a “Educación Primaria (-13%), principalmente compuesto por personal docente; Administración del Ministerio de Educación (-30%); el Programa Avanzado de Educación Secundaria (-8,9%); Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional (-22,6%); e Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (-12%)”, entre otros.

Por último, releva que “hay una disminución en Salud que se suma a la caída del año 2022 (-15,7% respecto a 2021). Si lo analizamos como porcentaje del presupuesto, se registra una pérdida de participación en los últimos años; mientras que en el año 2015 el rubro Salud representaba un 10,5%; para 2023, este porcentaje no llega al 8%”.