Presionado por los gobernadores patagónicos y los sectores pesqueros, el Gobierno anunció hoy que dará marcha atrás con los artículos de la ley ómnibus que incluían modificaciones al régimen de pesca y explotación de los mares argentinos. Así lo confirmó el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, luego de la reunión que este mediodía tuvo en Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata.

Una actividad totalmente privada, ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, que genera miles de puestos de trabajo para la población del interior que agrega valor, exporta cientos de millones de dólares al año y que influye en el desarrollo de otras industrias como la naval, no puede ser legislada desde el desconocimiento o a las apuradas”, se había quejado Montenegro el martes en su cuenta de X sobre el impacto que la ley ómnibus tendría en el sector pesquero.

Ahora, el Gobierno podría dar marcha atrás en su propuesta de desregulación de la actividad pesquera. Poco antes de la reunión lo había deslizado el secretario de Comunicación y Medios, Eduardo Serenellini, quien indicó que el autor del Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus, Federico Sturzenegger, estuvo dispuesto a conversar los puntos que generaran tensión desde los inicios de la confección de ambos proyectos. “Es parte de la democracia”, dijo.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó en su habitual conferencia de prensa que “en el caso de la pesca, la actividad está por debajo de su punto óptimo” por lo que el Gobierno entendió que “esta apertura hace que la actividad pueda crecer y no por el contrario que haya perdida de empleo”. Y agregó que el Gobierno está abierto a dialogar “los puntos que puedan generar controversias” y aclaró que “como cualquier ser humano puede cometer alguna cuestión que pueda corregirse”.

Uno de los puntos que el Gobierno intentará ahora aclarar es que se mantiene la soberanía nacional dentro de las 200 millas de la costa. “A lo mejor (la ley) tenía una parte que no era clara. Todos queremos proteger el trabajo y la industria argentina. Hay que hacer clarificaciones, son dos o tres”, dijo Francos a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

El texto generó alarma porque varios actores implicados en el tema consideraron que se les estaba abriendo a empresas del exterior la chance de poder pescar dentro de las 200 millas de soberanía nacional, algo reservado solo para buques nacionales.

“No hay país en el mundo que ceda su soberanía en las 200 millas, eso lo primero que queremos sacar, también que se revea la obligatoriedad de que las descargas sean en puertos argentinos, no solo por la trazabilidad y el control sino por la generación de empleo. Mar del Plata, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, la pesca genera laburo y el sector genera divisas para la Argentina”, cuestionó Torres antes de ingresar a la reunión.

Las declaraciones de Adorni y Serenellini y la reunión de Francos con Torres y Montenegro ocurrieron luego de que los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa , además del propio Torres, rechazaran los cambios introducidos en la Ley de Pesca porque para ellos, de aplicarse estas modificaciones se “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros”. A ellos se sumaron otros intentes de ciudades pesqueras, como Montenegro, de General Pueyrredón.

Las principales críticas expresadas incluyen la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina ya que entre los cambios que pretende hacer el Ejecutivo aparece la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922- que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.

El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.

Por último, enciende las alarmas que se toque el artículo 40° de la Ley 24.922, que establece que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.

En cambio, el proyecto de ley ómnibus postula que las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen”, adjudicándose las licitaciones a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada y abriendo íntegramente la participación de empresas extranjeras que podrán ejecutar su cuota de captura mediante cualquier barco que tenga un permiso de pesca, sin priorizar el trabajo nacional empleado ni su historial en el sector.

Más críticas

Los intendentes de ciudades portuarias, dirigentes de distintos partidos políticos, cámaras empresarias y sindicatos chubutenses también rechazaron las modificaciones a la actividad pesquera planteadas. En línea con los cuestionamientos que formuló el gobernador de este distrito, Ignacio Torres, quien junto con sus pares de la región patagónica cuestionaron la ley que “generaría un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, se expresó el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

El jefe comunal donde se asienta el puerto de aguas profundas y se produce la descarga de la flota de altura, dijo: “Si bien no somos del mismo espacio político, en esto vamos a acompañar sin ninguna duda al gobernador de la provincia, porque de concretarse lo que se propone se hará un daño irreparable al sector y a las fuentes de trabajo que genera”.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Administración Portuaria de esa misma ciudad y referente local del PRO, Diego Pérez. También la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn (CIMA) emitió hoy un comunicado advirtiendo que “si no se exige el desembarque en puertos argentinos, tal como lo propicia el proyecto de ley, se abrirá la puerta a la evasión fiscal y a la pesca ilegal, el camino inverso al que hay que tomar porque el imperativo es mantener el control en los puertos nacionales para garantizar una explotación sostenible”.

El intendente de Rawson, Damián Biss, fue otro que se manifestó en contra del proyecto de ley indicando que “la actividad pesquera tiene que ser fortalecida, no debilitada, porque genera dividendos para el país y fuentes de trabajo, como se puede ver ahora mismo en nuestro puerto con la temporada de langostinos que está a full”.

En el mismo sentido se expresaron el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que representa a la marinería; la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, el Sindicato de Conductores Navales (maquinistas) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que nuclea a los trabajadores de las plantas pesqueras.

Además, ayer, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo una reunión con representantes de sindicatos y cámaras del sector pesquero en Mar del Plata para analizar las modificaciones que introduce la ley ómnibus. “El Gobierno de la Provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

De esta forma, el mandatario bonaerense se manifestó en la misma línea que los gobernadores patagónicos. “La industria pesquera tiene una importancia superlativa en la provincia de Buenos Aires, por eso hemos establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”, añadió.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, aseguró hoy que el proyecto del Poder Ejecutivo “fue caracterizado como fatal para la cadena de la pesca”, ya que “pone en los recursos naturales nacionales en detrimento de todo lo que se viene desarrollando”.

Según el funcionario, la iniciativa plantea que “las cuotas estén asignadas a un mejor postor sin considerar si ese recurso de la pesca se desembarca en puertos argentinos, si las tripulaciones son con trabajadores nacionales o no y si son embarcaciones de bandera nacional”.

“Cualquier embarcación podría llevarse el recurso natural, desembarcarlo en un puerto de otro país sin otro condicionamiento más que haber aportado una tasa al Estado nacional”, remarcó.

La subsecretaria de Pesca de Río Negro, Jessica Ressler, también opinó sobre el tema. Dijo que los cambios que el Gobierno nacional pretende realizar “atenta” contra el sector “y la sustentabilidad del mar”.

“Son modificaciones que atacan por completo a la actividad pesquera, que ponen en peligro la soberanía y la sustentabilidad de los recursos marinos argentinos”, afirmó.