El lunes pasado, los cinco legisladores nacionales que tiene la UCR mendocina se reunieron en el salón de audiencias de la Suprema Corte provincial con autoridades del Poder Judicial. ¿El motivo? Pedir oficialmente al máximo tribunal que resuelva en un plenario los 11 pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 7.722 que regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera (prohíbe, entre otras sustancias. el uso del cianuro en la megaminería a cielo abierto). El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió a enviar el petitorio a la Sala II de la Suprema Corte, que debe expedirse sobre el caso.

Los radicales que asistieron al cuarto piso del Palacio Judicial son los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero y los diputados Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín. La preocupación de la oposición mendocina, por el fallo que debe dar la Sala II, no es nueva.

Por eso hace un mes los cinco legisladores antes mencionados pidieron una audiencia al titular de la Suprema Corte; al de la sala en cuestión, Herman Salvini y al procurador general, Rodolfo González. Es que cualquiera de estos tres hombres puede resolver que sea el plenario de los siete jueces supremos los que decidan en el espinoso tema. El lunes sólo González y Llorente recibieron a los legisladores nacionales de la UCR. Salvini estuvo ausente.

Los radicales, que defienden la constitucionalidad de la ley que fue sancionada durante la gobernación de Julio Cobos, temen que sea sólo una sala de la Suprema Corte la que termine definiendo la cuestión de fondo y siente jurisprudencia para próximos pleitos planteados por los empresarios mineros.

Este temor estaría fundado en que los 11 planteos de inconstitucionalidad, formulados por diferentes empresas mineras, están todos acumulados en la Sala II (Penal y Laboral), ya que por su competencia específica, es la adecuada para resolver sobre este tema. Especialmente, si se estima que la Sala I atiende aspectos de Derecho Civil, Comercial y Administrativo.

Además de Salvini, la Sala II está conformada por Mario Adaro y Carlos Böhm. En rigor, la Corte no está obligada a que sea un plenario la que resuelva la constitucionalidad o no de la ley 7.722 ya que todos los expedientes los tiene una misma sala. Pero la doctrina del máximo tribunal prevé que cuando un tema tiene alta significación política, económica y social es menester que sean todos los jueces los que tomen posición. De hecho el año pasado, cuando Alejandro Pérez Hualde era el presidente del máximo tribunal, hizo público a sus colegas su intención de que el caso fuera resuelto a través de un plenario.

Durante los últimos años, ha crecido significativamente el número de asambleas de vecinos en contra de la megaminería. De hecho, hace casi una semana, la Asamblea Popular por el Agua, donde están incluidos ciudadanos del Gran Mendoza, pidió a través de una concentración que se declare la constitucionalidad de la 7.722. Lo mismo sucede en el Valle de Uco, donde además de los asambleístas, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), ha pedido públicamente el plenario de la Suprema Corte y que la ley quede firme.

Consultado por este diario sobre la reunión del lunes, Llorente dijo a través de un vocero, que envió "el petitorio a la Sala II" para que tenga conocimiento del mismo. Como publicó este diario el pasado 13 de julio, la propia Suprema Corte tiene diferentes posiciones sobre si debe ser o no un plenario el que deberá resolver el tema.

En la oposición creen que los jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano del peronismo, básicamente Adaro (quien era ministro de Gobierno de Celso Jaque) impulsan la inconstitucionalidad de la norma sumándose al argumento planteado por las mineras que sostienen que no se respeta la igualdad ante la ley ya que las sustancias prohibidas por la ley 7.722 para la metal-minería no están restringidas en otras actividades, como la vitivinicultura.