La presión judicial crece sobre el vicepresidente Amado Boudou . El juez Ariel Lijo, que lo investiga por el rescate de la imprenta Ciccone , pidió ayer al sistema financiero los nombres de quienes pusieron el dinero para levantar la quiebra de la empresa que hoy imprime billetes de 100 pesos. En paralelo, el fiscal Jorge Di Lello pidió que se lo investigara en una causa relacionada con la que se le sigue a Sergio Schoklender por desvíos de fondos del Estado.

Estas dos medidas se suman a otras ordenadas por la jueza María Servini de Cubría en un expediente en el que Boudou es investigado por la compra de bonos cuando conducía la Anses.

Lijo investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con su función porque supuestamente se interesó en el salvataje de Ciccone, la empresa que quedó a cargo de Alejandro Vandenbroele, a quien su ex mujer acusó de ser el testaferro del vicepresidente. El juez también investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito de él y de su socio comercial, José María Núñez Carmona.

En esta causa Lijo le mandó oficios al mercado electrónico de pago para determinar quiénes realizaron las transferencias de fondos que le dieron oxígeno a la ex Ciccone. Por lo pronto, se sabe que en la causa comercial la empresa London Supply puso 1,8 millón de pesos que recuperó seis días después. Uno de los accionistas principales es Miguel Castellano, amigo de Juan Bautista Boudou, hermano del vicepresidente. London Supply es socia de Searen SA, la sociedad dueña del departamento del edifico Madero Center en el que vive Boudou. El pago de London Supply se hizo en septiembre de 2010.

Lijo, además, quiere contestar a través de estas medidas las dos preguntas que el juez comercial de la quiebra, Javier Cosentino, no consiguió que le respondieran: quiénes son los nuevos dueños de la ex Ciccone y quiénes aportaron los 47,5 millones de pesos usados para pagar salarios y deudas antes de obtener contratos con el Gobierno.

La empresa que se llama ahora Compañía de Valores Sudamericana sólo admite que la familia Ciccone se quedó con el 30% de las acciones y que la sociedad The Old Fund, cuyo rostro visible es Vandenbroele, adquirió el 70% restante. Reconocen que tiene una deuda de 51,5 millones de pesos. El acreedor en parte es The Old Fund, que le prestó 47.548.460,75 pesos. Para saber si hubo lavado de dinero, Lijo le pidió intervención a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la unidad fiscal especializada, a cargo del fiscal Raúl Pleé. Lijo quiere saber el nombre de quién ordenó el envío de los fondos a través del sistema de mercado electrónico que utiliza el Banco Central.

Además, citó a prestar declaración como testigos a empresarios y personas ligadas a las sociedades que están relacionadas con la ex Ciccone y ordenó reconstruir la historia de esas empresas, sus sucesivos accionistas y directores.

A URUGUAY Y A HOLANDA

El juez Lijo además enviará exhortos diplomáticos a Uruguay y Holanda. A las autoridades orientales les preguntó sobre la misteriosa sociedad de dueños desconocidos Dusbel, que irrumpió en The Old Fund días después de la muerte de Néstor kirchner para quedarse con el 50 por ciento de la ex Ciccone.

La otra mitad de The Old Fund la tiene el fondo holandés Tierras International Investments CV, que figura como ya disuelto en el Registro de Comercio de Amsterdam. Lijo también enviará un exhorto a los Países Bajos para conocer antecedentes de constitución de ese fondo.

El otro frente que se complicó ayer para Boudou se dio en la causa en la que el juez Norberto Oyarbide investiga a Schoklender. Allí el fiscal Di Lello -el mismo que está a cargo del caso Boudou- pidió extraer testimonios de las declaraciones de Sergio y Pablo Schoklender y de su contador Alejandro Gotkin, que denunciaron la intervención de funcionarios en las maniobras denunciadas.

El fiscal pidió enviárselos al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga si funcionarios cobraron retornos para entregar fondos a las Madres y si hubo sobreprecios en las obras.

Gotkin, en su indagatoria, dijo que Schoklender llegó a pensar en darle un porcentaje del paquete accionario de Meldorek -su constructora- a Boudou, ante quien gestionaba un préstamo especial. También los Schoklender aludieron al pago de retornos a funcionarios.

Y al mismo tiempo la causa contra Boudou en manos de Servini de Cubría cobró ritmo. Después de tener el expediente desde septiembre de 2011, la jueza pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre la empresa Mirgor.

Según la denuncia del diputado Claudio Lozano, la Anses compró en 2008 acciones de Mirgor "beneficiando a terceros con información privilegiada". El legislador señaló al ex subgerente de Operaciones del organismo Hernán Fardim, que admitió en su declaración jurada haber adquirido el año anterior acciones de Mirgor por 1.400.000 pesos.

Las acciones de Mirgor, según el denunciante, crecieron un 15% después de la compra por parte de la Anses. Lozano denunció manejos irregulares de los fondos del sistema previsional por un total de $ 4200 millones. El caso fue impulsado por el fiscal Luis Comparatore.

LAS NUEVAS PRUEBAS QUE ORDENÓ EL JUEZ

1. La ruta del dinero

El juez Lijo pidió al sistema financiero saber de dónde salieron los aportes de capital que le dieron oxígeno a la ex Ciccone.

2. La radiografía societaria

Intenta también reconstruir la historia de las empresas ligadas a la nueva Ciccone y revelar quiénes son sus accionistas y sus directivos.

3. A Holanda y Uruguay

Vía Cancillería, el juez pidió informes a Holanda y Uruguay sobre las dos empresas que controlan -por mitades- a la nueva Ciccone.

LOS ABOGADOS CRITICAN A LA IGJ

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la desaparición de un expediente vinculado al caso Ciccone de la Inspección General de Justicia (ICJ) y la decisión posterior de ese organismo de limitar el acceso a legajos de sociedades. Añadió que se trata de una violación de la ley "para amparar el ocultamiento o el retaceo de información con una finalidad netamente política"..