El Gobierno envió en secreto a un conjunto de máximos funcionarios, para intentar frenar el pedido de justicia que el movimiento empresario realiza por la muerte de Alberto Nisman. Julio De Vido, Axel Kicillof, el viceministro de Economia, Emanuel Alvarez Agis, Enrique Vanoli y Jorge Capitanich operan en la oscuridad para acallar los reclamos de independencia judicial y para que se profundice la investigación.

Los ministros utilizan todo tipo de coerción: amenazaron con sanciones, juran persecución fiscal y perjudicarlos en cualquier licitación pública.

La ofensiva se inició cuando el Grupo de los 6 reclamó hace diez días investigar la muerte de Nisman y continúa en las últimas jornadas para frenar iniciativas similares. La acción responde a una orden política de Cristina Kirchner y busca acallar el clamor de la sociedad para esclarecer el magnicidio. Pero la actitud de los ministros fue incomprensible: es inaceptable que los funcionarios del Gobierno operen para tapar un pedido de justicia, en un caso de extrema gravedad.

Luis Miguel Etchevehere, de la Rural, lo expresó así en la intimidad: “no se entiende, salvo que quieran tapar algo”. De todos modos, el insólito operativo se desplegó sin suerte sobre el Grupo de los 6 y tampoco tuvo éxito para frenar la solicitada del Club Político que hoy se publica con las firmas -entre otras- de 16 entidades empresarias. Exige el “derecho a la verdad” y avalan ese reclamo ejecutivos como Jaime Campos de AEA, Claudio Cesario de la banca extranjera y Juan Vaquer de la Amcham de EE.UU.

Julio de Vido fue el único que tuvo relativo éxito en su apriete: la Cámara de la Construcción no firmó la declaración del G-6. Estos líderes empresarios, se volverán a reunir la semana próxima.

Los reclamos de Capitanich y Kicillof no frenaron a la UIA, ni a la Bolsa de Comercio. El desconocido Alvarez Agis chocó contra una pared en la Asociación de Bancos Argentinos. Fue quien promovió después la transitoria sanción de la Comisión de Valores al banco de Jorge Brito, a quien el gobierno acusa de promover la declaración.

La escasa influencia de los ministros refleja la licuación de poder de los funcionarios. Para los hombres de negocios Cristina Kirchner atraviesa su peor momento y sus sucesivas y erráticas reacciones públicas indican una cuestión: que la Presidenta está desorientada.

Sostienen que la inadecuada reacción pública de Cristina frente a la muerte de Nisman, incriminó políticamente a la Casa Rosada.

En los ambientes de poder se sabe que la Presidenta, en la intimidad, acusa a Estados Unidos y a Brasil de todos los males de su gobierno. Cree que la pésima –no podía ser de otro modo – repercusión internacional por la muerte de Nisman, está agitada por el Departamento de Estado y acompañada por Brasilia.

Ese pensamiento conspirativo tiene sus límites: la economía pasó a un segundo plano, pero continúa con su franco retroceso. Todos los números estaban en rojo, pero en las últimas semanas profundizaron su deterioro. Existe mayor recesión, la inflación no cede, el déficit fiscal aumentó y los dólares genuinos de las exportaciones caen. La tenue tranquilidad cambiaria obedece a presiones, operaciones especulativas y a la venta de bonos de la ANSeS.

También juega la “cosmética contable” de los préstamos de China. El jefe de Estado Xi Jinping aprovechó la debilidad de Cristina, para obtener un acuerdo comercial con exageradas concesiones de la Casa Rosada. La Presidenta aceptó cláusulas indigeribles: adjudicaciones y compras sin licitación, que abren la puerta a la corrupción. También avanzan en un acuerdo similar con Rusia.

La UIA está alerta y hasta la CGT oficial duda de lo firmado: el convenio abre la posibilidad para que en las obras que financia Beijing trabajen obreros traídos desde China. Brasil firmó un convenio de inversión similar con China, pero minimizó y evitó incluir las cláusulas leoninas que aceptó Cristina. La Presidenta  -por sugerencia de Kicillof- se apresuró a avalar los convenios, para obtener dólares que fortalezcan las reservas. Así por un tema de coyuntura, se ataría a compromisos serios al próximo gobierno. Los fondos chinos no generan, igualmente, tranquilidad en el Banco Central. Otra vez, Vanoli, tuvo que tomar una medida extrema: suspender la liquidación de importaciones, para frenar la caída de reservas que comenzó en febrero.

La discrecionalidad cambiaria es un arma que generó múltiples sospechas de manejos turbios. Capitanich, Kicillof, Ricardo Etchegaray y Vanoli tienen un amplio poder para beneficiar o perjudicar empresarios.

En la UIA existe un paper no oficial, en donde se sostiene que el foco de corrupción se encuentra en las autorizaciones de importaciones para las medinas empresas. Se trata de un monto de US$ 10.000 millones y los expertos hablan de recompensas para los que agilizan los trámites del orden del 7 %. Una friolera de 700 millones de dólares. Jorge Capitanich controla la Aduana a través de Carlos Sánchez. Pero la Presidenta no confía en su gestión y nombró, en su momento, a Beatriz Paglieri para que controle al hombre de Capitanich.

Las irregularidades son tantas, que por primera vez existe una resolución que dice que todo debe ser aprobado por ambos en la Aduana. Capitanich obligó a la Cámara de Importadores a echar a Miguel Ponce, para acallar sus denuncias por las irregularidades oficiales.

Se reunió con Diego Santisteban y no habría dudado en amenazarlo: según fuentes empresarias, le dijo que si no lo desplazaba a Ponce, la Aduana no iba a aprobar ninguna operación que proviniese de la Cámara de Importadores.

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