Por: Federico Galligani.

El presidente Javier Milei sabe que tiene tiempo de vetar el proyecto de financiamiento universitario incluso hasta un día después de la marcha convocada por docentes, alumnos y organizaciones políticas, por lo que esperaría hasta último momento para hacer efectiva la medida.

El Congreso aprobó la iniciativa impulsada por un sector del radicalismo en la madrugada del 13 de septiembre pasado, pero el Poder Legislativo recién le envió al Ejecutivo el texto sancionado por la tarde del 19 de ese mismo mes.

Si bien el mandatario nacional todavía se encontraba en Buenos Aires para ese entonces, ya que viajó a los Estados Unidos el sábado siguiente, para participar de la Asamblea General de la ONU y mantener encuentros con empresarios, no firmó el veto en ese momento.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el Decreto con la decisión presidencial ya está preparado, pero todavía la cúpula libertaria no dio la orden de publicarlo en el Boletín Oficial, por lo que el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, espera la indicación para darle el trámite correspondiente.

Desde que la Casa Rosada recibió la notificación del Senado de la sanción de la iniciativa, comenzaron a correr los 10 días hábiles que tiene el Gobierno para anunciar, o bien su promulgación, o bien su observación total o parcial.

El propio Milei confirmó con una respuesta a un mensaje en las redes sociales que el veto será completo, al igual que ocurrió con la reforma de la movilidad jubilatoria, y eso no cambió en el último tiempo, aunque esperaría hasta la fecha límite, que es el jueves próximo.

Si para el viernes a primera hora no se comunicó el veto en cuestión en el Boletín Oficial, el proyecto aprobado por ambas Cámaras pasaría a estar “promulgado de hecho” y se convertiría formalmente en ley, entrando así en vigencia, aunque el Gobierno evitará que pase esto.

De esta forma, la medida se concretaría la jornada posterior a la marcha convocada para el 2 de octubre por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, y la Federación Universitaria Argentina, que integran alumnos.

A estas entidades se les sumarán la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e incluso algunos referentes de la oposición, como es el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y algunos integrantes de su gabinete.

“El 2 de octubre vamos a estar en la Plaza de los Dos Congresos con Kicillof y nuestra querida Universidad de San Martín a la cabeza, como ya lo hicimos junto a miles de pibes y pibas el 23 de abril”, comentó en su cuenta de X Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

A pesar de los intentos para desactivar la movilización, que incluyó una propuesta de aumento de un 6,8% para los salarios de docentes y no docentes que trabajan en las universidades, las autoridades nacionales no lograron que se cancele la protesta, que volverá a poner a prueba el protocolo antipiquetes de la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich.

La marcha del 23 de abril pasado

En la primera marcha, realizada el último 23 de abril, los manifestantes ocuparon tanto la Plaza de Mayo como las calles y avenidas circundantes y tuvo fuertes repercusiones en Balcarce 50, aunque en el oficialismo trataron en aquel momento de minimizar el conflicto y sostuvieron que fue “incentivada por la política”.

“No es que la marcha no sea genuina de los alumnos, que están preocupados y son a quienes nosotros defendemos. Lo que consideramos peligroso es que desde un escritorio incentiven a que estas cosas ocurran de forma antinatural”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la previa de esa movilización.

Ahora, fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien salió públicamente a cuestionar la “tradición de un sistema opaco” en el ámbito de las universidades y aseguró que “hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales aproximadamente, que no se sabe si están inscriptos en alguna materia o no”.

“No está informada su inscripción en alguna materia. No sabemos sobre el 38%, no lo han informado si están anotados o no, y los fondos se reparten de acuerdo a eso que tiene que ver con cantidad de estudiantes”, expresó el funcionario en diálogo con radio Rivadavia.

El proyecto de Financiamiento Universitario que ahora vetará el Presidente establece actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si se aprueba la medida, a partir de la recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la fecha, se estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.