El coronavirus cruzó de un año al otro como primer renglón de la agenda presidencial. Pero no es la única cuestión persistente. En medio de las preocupaciones sanitarias -y de manera creciente, políticas y sociales-, Alberto Fernández terminó de redondear su mensaje a la interna frente a los reclamos domésticos sobre las causas judiciales por corrupción. Fue claro: cualquier salida debería involucrar a todos los sectores de la interna, empezando por el propio kirchnerismo duro, que domina buena parte del juego en el Congreso. Y remitió a ese ámbito, el legislativo, la búsqueda de un camino que no fue abierto en la Justicia a pesar de todas las presiones.

La última andanada de reclamos domésticos, abiertos y reservados, fue disparada por la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena a Amado Boudou. Fue una demanda con un dejo de decepción y mucho malestar a un año de la vuelta al poder. El mensaje más rudimentario apunta precisamente a eso: el paso de los meses sin una masiva reversión de los casos más notorios, empezando por los que involucran a Cristina Kirchner, ex funcionarios de primera línea y algunos empresarios amigos.

El señalamiento al Presidente no aportó propuestas específicas para frenar y desarmar las causas concretamente, pero de hecho representó un cuestionamiento a la posición de Olivos. Alberto Fernández fue aumentando de manera ruidosa su discurso -incluso, a contramano de viejas declaraciones-, y pasó de críticas puntuales a procedimientos -comenzando por el uso de las prisiones preventivas- a una descalificación global de las investigaciones, con el paraguas del lawfare.

Sin embargo, el Presidente no propuso “solución” alguna desde el poder político. Su mensaje fue el siguiente: todo lo hecho en la Justicia debería ser revisado por la Justicia, no en otro ámbito. En otras palabras, aumentó la presión política de manera constante y hasta poner en discusión límites institucionales, con la carga cada vez más visible sobre la Corte Suprema. La consigna que resumió todo fue frontal: habló de “meter mano” en la Justicia.

Sin embargo, se encargó de mostrar su rechazo a los primeros reclamos concretos de indulto, el más notorio en estos días a cargo de Raúl Zaffaroni por la condena a Boudou. El Presidente negó ese instrumento por algo más que su reminiscencia monárquica. Lo hizo con el argumento de que sería inviable para el conjunto de procesados y porque lo expondría solo. Puesto así, un compromiso que suena desproporcionado y de ejecución parcial.

El Presidente emitió un mensaje expreso a la interna, con dos puntos centrales. Sostuvo que, en rigor, lo que le estarían reclamando encuadra como amnistía y no como indulto, para beneficiar a todos los procesados. Y destacó que la amnistía es tarea del Congreso y “no depende” de él mismo. Esto último supondría que el propio oficialismo debería empujar un proyecto sin esperar un texto del Ejecutivo.

Menos explícito, pero de lectura obvia para quienes siguen de cerca y presionan por una salida, fueron los términos del cuestionamiento a las causas que involucran a CFK y ex funcionarios. Afirmó que muchos casos “fueron desarrollados de modo muy irregular” y fue más lejos: dijo que estarían “colmados de nulidades”. Una referencia a irregularidades que ensambla con algunas de las vías en análisis en la rama judicial del oficialismo.

Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, fue creciendo también en Olivos la descalificación global a las causas más inquietantes con el argumento de que eran fruto de una estrategia ejecutada por el macrismo, pero diseñada por poderes económicos y mediáticos, básicamente. Con todo, algunas expresiones del kirchnerismo duro señalaban de entrada que no alcanzaría con la presión política sobre la Justicia, por diferentes razones, entre ellas que el paso del tiempo podría debilitar la potencia inicial. Así aparecieron algunas propuestas para generar por ley una revisión masiva de causas.

El mensaje de Alberto Fernández es ahora más preciso. Una amnistía, difícil de tramitar por variadas razones de cálculo político y electoral. Y el camino de un proyecto de ley para crear un tribunal intermedio o en paralelo a la Corte, que debería tratar los casos que lleguen bajo el rótulo de denuncias o demandas por arbitrariedades procesales. Por eso mismo, la referencia presidencial a nulidades e irregularidades no es un dato menor. Esta salida ya aparece sugerida en las propuestas entregadas al Presidente por la “Comisión Beraldi”.

En cualquier caso, esas jugadas demandarían un ejercicio práctico y fuerte de todos los referentes del oficialismo. CFK domina el Senado. Diputados exige mayor tejido político, con Sergio Massa en la presidencia de la Cámara y Máximo Kirchner al frente del bloque y cada vez más involucrado en las negociaciones y contactos, no sólo con aliados sino además con la oposición. Llegado el caso, también los gobernadores del PJ deberían asegurar sus piezas en el Congreso.

Eso explica a la vez el mensaje presidencial. Costos y compromisos, en el inicio de un año electoral. Es mucho lo que está en juego, en un horizonte cruzado por el coronavirus y la crisis económica y social.

Por Eduardo Aulicino