Dos diputadas nacionales, la justicialista correntina Araceli Ferreyra y la socialista bonaerense Ramona Pucheta, presentaron un proyecto para "declarar de utilidad publica y sujeto a expropiación" al ingenio salteño Tabacal, que se constituiría bajo la figura de una cooperativa de trabajo.
Actualmente la iniciativa se analiza en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, Legislación del Trabajo y Presupuesto y hacienda de la Cámara Baja Nacional.
Hasta tanto se constituya la cooperativa, todos los bienes del ingenio pasarán a ser administrados por el Estado con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades que realiza la Empresa, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de sus bienes. Por lo tanto el Estado Nacional proveerá los recursos económicos y financieros para el funcionamiento y las inversiones necesarias tendientes a la plena utilización y expansión de la fábrica Azucarera y sus instalaciones, y el aumento y diversificación de la Producción y la Comercialización.
Ya una vez armada la Cooperativa se creará un Consejo de Administración Obrera integrada por 13 miembros elegidos por los propios trabajadores del Ingenio Azucarero en una asamblea general. La función de esta comisión será la de organizar, dirigir y administrar el proceso productivo y de comercialización de los productos.
"Oscuros manejos"
Las legisladoras fundamentaron el proyecto basándose en los incidentes que sucedieron en agosto cuando los trabajadores reclamaban la reincorporación de 57 compañeros despedidos y fueron reprimidos por la policía.
Según las diputadas este suceso tuvo como origen "los oscuros manejos que viene desarrollando desde hace un tiempo, la empresa norteamericana que explota el Ingenio Azucarero, consistente en reducir a pasos acelerados el personal registrado contablemente". "Los desvinculan de la empresa, les quitan todos los beneficios laborales, previsionales y sindicales, y arman pequeños grupos tercerizados sin ninguna relación legal, integrada por grupos de 50 a 100 "ex" trabajadores", agregaron. También expresaron que "así se vacía a la empresa de trabajadores legales, para pasar de los casi 3000 trabajadores existentes en su momento en el Ingenio Azucarero a tener menos de la mitad, además inundaron a la empresa con pequeñas e irregulares PYMES de tercerización para burlar el cumplimiento de las Leyes Laborales, y acrecentaron las deudas impositivas de la empresa, llevando este proceso a un vaciamiento total de la misma". Por último explican que "la expropiación resulta en realidad la única alternativa útil a los fines de evitar no solo el cierre definitivo y vaciamiento de mano de obra, sino además un grave impacto en nuestra industria de comercialización azucarera, tanto en el mercado azucarero interno, como en nuestros ingresos nacionales provenientes de la exportación".
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