El encargado de explicar este documento que incluye trece puntos fue el concejal de Bragado -y productor agropecuario- Pablo Torello. Lo acompañaron la concejal de Chacabuco Graciela Rodríguez y el dirigente Pablo Goldaracena. Éste último fue quien abrió el evento comentando que “esta propuesta es un compromiso del PRO con el sector agropecuario; ratificando que estamos con el sector y que estaremos mucho más si somos gobierno”. La doctora Rodríguez, a su tiempo, rescató la presencia de los representantes del campo en la sala asegurando que “son la fuente de riqueza de nuestro país, algo que nuestro gobierno actual parece no darse cuenta”.

Seguidamente, Pablo Torello comenzó a desarrollar los puntos del documento, explicando que “es el producto de tres años de trabajo de técnicos de la Fundación Pensar y enriquecido con el aporte de otras instituciones como AACREA, AAPRESID y especialistas del sector”. Torello también recordó que en la Mesa Agropecuaria del PRO estos temas se siguen debatiendo con la presencia de los legisladores nacionales del macrismo e invitó a quienes quieran participar de esos encuentros que se realizan los días martes en Balcarce y Avenida Belgrano de la CABA.

Los puntos de la Propuesta:

1. Apertura de las exportaciones y eliminación de los ROE

La existencia de permisos, cupos y cuotas auto-impuestas para las exportaciones agroindustriales, consagradas por el esquema creado en 2006 de Registros de Operaciones de Exportaciones (ROE), llevó al extremo de prohibir de hecho dichas exportaciones y ha sido uno de los elementos más nocivos de los últimos años. Se han generado transferencias inequitativas de ingresos entre sectores, falta de previsibilidad, desincentivo a las inversiones de largo plazo e incluso sospechas de corrupción en torno a dicho sistema.

En nuestro proyecto de país pretendemos ser una potencia exportadora, y eso requiere un horizonte claro para que cualquier actor de la cadena (procesador, comercializador, acopiador, exportador) pueda exportar sin trabas ni arbitrariedades. Por eso nos comprometemos con la eliminación de los ROE y la derogación de toda la normativa dictada respecto a los mismos desde 2006 hasta la fecha.

2. Nueva estrategia de relaciones económicas internacionales

Además de eliminar las trabas al comercio exterior, es necesario tener una política proactiva de acceso y recuperación de mercados que debe ser orientada de manera estratégica según las capacidades y potencialidades de Argentina y de las demandas y oportunidades del mundo. Proponemos establecer una estrategia común con otros países productores sobre negociación internacional, apertura de agregadurías en países con demanda relevante para nuestros productos y avanzar en un trabajo específico y profesionalizado en temas clave del mercado actual, en particular el cumplimiento de los estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad que los países demandantes requieren. Cualquier acción que se haga en este sentido debe hacerse utilizando estrategias conjuntas de interacción entre el sector público y el sector privado.

3. Competencia y transparencia en el mercado interno

Nos comprometemos con la eliminación de todas las trabas de hecho y de derecho existentes en la actualidad a la comercialización interna y externa de alimentos y otros productos e insumos agroindustriales. Esto incluye la eliminación de precios sugeridos y precios máximos. Asimismo, proponemos en este esquema de comercialización eliminar intervenciones e injerencias arbitrarias, sin por ello dejar de ejercer todas las potestades de control de Estado (sanitarias, fiscales, aduaneras, etc.), por cada uno de los organismos especializados (SENASA, AFIP; Aduana y demás). Eliminaremos la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI), en línea con lo que se trabajó en la Cámara de Diputados junto a otros bloques partidarios.

4. Reducción y eliminación de derechos de exportación

Proponemos la eliminación de los derechos de exportación de todos los granos y cereales y sus subproductos, de los productos de las economías regionales y de todas las carnes. Esta propuesta incluye eliminar los derechos de exportaciones de los productos que utilizan granos como insumos, tales como las carnes bovina, avícola y porcina, con lo que se asegurará la sustentabilidad y el crecimiento de toda la cadena.

En el caso del complejo sojero, proponemos una reducción paulatina de 5% por año respecto a los niveles tributarios actuales, logrando así su eliminación en el mediano plazo.

Los derechos sobre las exportaciones son un impuesto distorsivo, que desalienta la producción y que al aplicarse sobre las ventas brutas no tiene en cuenta los márgenes reales de ganancia y rentabilidad de cada productor. En un esquema tributario coherente con nuestro proyecto de país y sostenible en el largo plazo debe contemplarse la eliminación definitiva de estos derechos. El impacto productivo positivo de la rebaja en cada una de las cadenas, y con ellas en las regiones del interior en donde se producen, será muy importante medido en términos relativos al costo fiscal. Además, de esta manera se ampliarán las bases de los impuestos coparticipables (IVA y Ganancias).

El impacto de la propuesta de eliminación para todos los granos a excepción de la soja, todas las carnes (porcina, aviar, vacuna, caprina, ovina) y los productos de economías regionales implica un costo fiscal promedio de 2.850 millones de dólares por año (82% por granos, 11% por carnes y 7% por economías regionales). En el caso del complejo sojero, la reducción de cada 5% implica un costo fiscal promedio acumulativo anual de 1.175 millones de dólares. Se estima que entre 65% y 80% de la pérdida de recaudación por baja de retenciones se recupera por vía de impuestos (Ganancias, IVA y otros) y aumento de la producción, sobre todo en zonas marginales y alejadas de los puertos. Asimismo, desde el Área Fiscal y Presupuesto de Fundación Pensar se analizó el gasto público de todas las jurisdicciones del Estado Nacional, de forma de evaluar prioridades, proponer mejoras de eficiencia y eliminar superposiciones. Dichas alternativas fueron ya presentadas en diferentes reuniones con expertos internos y externos a PRO.

5. Reducción general de los niveles de presión tributaria efectiva

Además de los derechos de exportación existe una multiplicidad de impuestos sobre el sector, tanto nacionales como provinciales y tasas o impuestos municipales que disminuyen considerablemente los márgenes de utilidad de la agroindustria argentina, y por tanto limita su crecimiento. Además de

recientes aumentos que se han aplicado en varios de ellos, y del efecto de presión tributaria “de facto” que genera la combinación de inflación alta y mínimos no imponibles y deducciones estables (o crecientes a tasas menores que la inflación), existen también detalles y errores de diseño en cada

uno de estos diversos impuestos. Se han generado fuertes distorsiones y perjuicios debido a cambios normativos incoherentes hechos a lo largo del tiempo y a algunas regulaciones puntuales. Por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias debe gravar las ganancias reales de la actividad económica – y

no ganancias ficticias generadas por la inflación –, no debe generar costos financieros al contribuyente y debe tener mínimos no imponibles coherentes con la inflación. Hay algunos ejemplos de estas distorsiones en la agroindustria que se pueden corregir de forma sencilla:

- eliminar la aplicación de Impuesto a las Ganancias a lo que se denomina “resultado por

tenencia”, solo aplicable a las empresas agropecuarias;

- corregir el esquema del IVA hacia una mayor simplificación;

- tanto para IVA como para Ganancias, proponemos permitir la utilización de los “saldos a favor” sin restricciones por parte del contribuyente.

A través de estas medidas y de la simplificación tributaria (ver punto 6) proponemos bajar la presión tributaria efectiva (más allá del valor de las alícuotas).

6. Simplificación de la normativa y reglamentación impositiva

Además de existir una presión tributaria muy alta, el sistema administrativo es muy complicado. La cantidad de normas y su cambio continuo lleva a que sea prácticamente imposible cumplir adecuadamente con la reglamentación, costo que complica especialmente a los pequeños productores. Existe además una multiplicidad de obligaciones y regímenes de información ante el fisco (RFOG, RUCA, Registro de Contratos y el recientemente creado Registro Online de Stock Granario) que en muchos casos implican entregar varias veces y a diversas oficinas públicas la misma información, lo que genera un costo excesivo de administración para empresarios y productores. Por último, las regulaciones otorgan un excesivo y arbitrario poder de castigo a la AFIP y otros organismos, que pueden imponer sanciones tales como la suspensión del RFOG o considerar al productor en inconducta fiscal, sin que haya parámetros claros. Sabiendo que no basta con reducir impuestos y bajar la presión tributaria, revisaremos y corregiremos esta regulación sobre trámites y

regímenes de información tendiendo a su simplificación y unificación. Se fijarán parámetros claros para la aplicación de sanciones y la posibilidad de recurrir las mismas. Además, eliminaremos todas las reglamentaciones y regímenes de información que impliquen superposiciones, dobles

obligaciones de entrega de información o trámites innecesarios o excesivos para el control fiscal, aduanero y sanitario.

7. Amortización acelerada de inversiones

En línea con las propuestas referidas a impuestos y libertad de comercio explicadas más arriba, proponemos la amortización acelerada de las inversiones de manera de incentivar la inversión en todo tipo de capital físico, tal como maquinaria agrícola, galpones, alambrados, fábricas, etc.

8. Infraestructura para la producción, la competitividad y el desarrollo

Todos los principales modos de transporte deben ser potenciados para incrementar la competitividad sistémica de los agronegocios y sus industrias, para lograr la baja de costos, el mejor acceso a los mercados de productores de diferentes escalas y el arraigo rural, entre otros objetivos.

Estos modos son el vial, el fluvio-marítimo y el ferroviario de cargas. El transporte vial será prioridad, pensando en ampliar la red de autopistas, repavimentar rutas y mejorar los caminos rurales.

9. Ley nacional de fomento y políticas diferenciadas

Proponemos una Ley Nacional sobre Políticas de Fomento Agroindustrial que pueda ordenar, priorizar, presupuestar y controlar todas las normas de fomento que hoy existen dispersas y desordenadas. El Congreso Nacional será el encargado de discutir y decidir cuáles serán las políticas diferenciadas específicas en las que se incluya: (a) objetivos, (b) sectores, (c) requisitos y

condiciones, (d) tipos de ayuda y (e) contraprestaciones de cada uno de los programas de fomento. Asimismo, dicha ley debería agregar a los actuales programas de fomento las siguientes características, hoy ausentes: (i) la condicionalidad del beneficio (es decir, debe existir algún tipo de

contraprestación u objetivo a cumplir por parte del privado que recibe el beneficio estatal); (ii) la evaluación de impactos y resultados de los proyectos; y (iii) la existencia de auditorías y controles a todo el esquema de fomento (AGN, SIGEN, etc.). Dicha ley será de largo plazo, y la renovación de los

beneficios que en ella se incluyan estará atada a dichas evaluaciones de impacto y controles.

Esta propuesta tiene una faceta institucional, que implica que este nuevo esquema institucional de fomento se defina por el Congreso Nacional. Además, tiene una faceta productiva en sí; en este sentido, desde nuestra gestión las prioridades a fomentar con esta nueva ley y las herramientas que de ella se deriven serán: el arraigo, el emprendedorismo, el apoyo a los pequeños productores, el impulso a la formación de cooperativas, el empleo joven y las oportunidades laborales en el interior para hijos e hijas de productores, la formación de recursos humanos, la agregación de valor, la densificación de las cadenas de valor, la industrialización de la materia prima y la adopción de tecnología amigable con el medio ambiente.

Destacamos que para las economías regionales tenemos en elaboración desde hace un año un trabajo específico y en profundidad para cada cadena. Allí se estudia la situación actual de cada sector, se analizan las herramientas de políticas públicas vigentes y se analizan alternativas de reforma.

10. Carne vacuna: propuestas específicas para revertir ocho años de errores

El mercado de carnes vacunas fue uno de los mercados más alterados por las políticas implementadas en los últimos años. Por ello y porque se caracteriza por ciclos de mediano plazo deben implementarse políticas específicas que apunten a su rápida recuperación. Para ello se deben eliminar a la brevedad, como para el resto de las actividades agropecuarias, los mecanismos de ROE

y “encajes” y las retenciones a las carnes y cueros. Se deben promover activamente negociaciones bilaterales que tiendan a la apertura de los mercados de los Estados Unidos y asiáticos y que promuevan la reducción de restricciones, aranceles e incremento de cuotas en los mercados de la UE.

Para maximizar la recuperación de stocks y productividad de los rodeos ganaderos debe promoverse la desgravación acelerada para inversiones en producción forrajera, genética, sanidad e infraestructura de trabajo. Asimismo, se ejecutarán mecanismos de promoción, desgravación y financiación para readecuar las plantas frigoríficas, en especial las del interior, a las exigencias

internacionales para que puedan alcanzar los niveles exigidos para la exportación. Se buscará nivelar las capacidades para los procesos de cuarteo y despostada para facilitar y mejorar la integración comercial de los distintos cortes entre los mercados locales, y entre estos y los mercados internacionales.

11. Lechería y productos lácteos industriales

La lechería viene sufriendo problemas desde hace muchos años y hoy enfrenta dos grandes problemas: los precios de salida de industria regulados y las trabas en el mercado externo que no permiten sacar los excedentes productivos. Hoy, los tamberos argentinos reciben el precio más bajo entre los países representativos de la producción de leche.

Las intervenciones del mercado interno posibilitan aumentos de precios al consumidor mientras se regulan los valores industriales, reduciendo la participación del tambero en el precio final de los productos lácteos ya que los aumentos de los precios al consumidor no se trasladaron al productor.

Nos comprometemos a tomar acciones para una formación transparente de precios en todos los eslabones de la cadena. Es urgente actualizar el precio de la leche cruda frente al aumento permanente de los costos de producción. Proponemos la creación de un “precio de pizarra lácteo”, con participación del sector privado y auditoría pública, con el antecedente de las iniciativas que ya

están en marcha en este tema.

Además, apoyaremos la industrialización de la materia prima (secaderos y producción de quesos, entre otros productos industriales lácteos) de forma de poder exportar el exceso de producción del país y aprovechar las ventajas que tiene en esta cadena respecto de la mayoría de sus competidores, en el marco de una demanda mundial creciente. El fomento de estas inversiones se dará por varias vías: recuperación del precio, amortización acelerada de inversiones, previsibilidad en las reglas de juego o acciones especiales incluidas en la ley de nacional de fomento.

12. Recuperación del RENATRE

Proponemos la recuperación del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores Rurales), que fue un órgano tripartito, con participación de todos los sectores, que tuvo éxito en lograr la formalización de los trabajadores del sector.

13. Ministerio de Agroindustria

Nos comprometemos a reformar la Ley de Ministerios para crear, en línea con el modelo de país y la visión de la agroindustria que planteamos, un Ministerio de Agroindustria fortalecido que, sin dejar de atender a la producción primaria, tenga una visión industrial, alimentaria y de conjunto del sector

y su potencial. En ese marco, proponemos potenciar los organismos técnicos, tanto en lo institucional y profesional, con la aplicación del sistema de mérito en sus estructuras. Además, el nuevo Ministerio de Agroindustria contará con un “Consejo de Diálogo Permanente”, que será un espacio de debate e interacción público-privada y consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo

nacionales. Allí podrán participar todos los actores, cadenas y subsectores de la agroindustria. Creemos que el diálogo y el intercambio de ideas mejora el diseño de políticas públicas: así actuamos en el Gobierno de la Ciudad y así queremos institucionalizarlo a nivel nacional.