La Justicia dio ayer un paso clave en la tramitación de la causa penal que investiga el delito de corrupción de menores agravada en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, ocurrido entre los años 1985 y 1993, y que tiene como principal involucrado al cura Justo José Ilarraz, ex prefecto de disciplina en ese lugar.

El juez de Instrucción Alejandro Grippo firmó una resolución en la que rechazó el planteo de prescripción presentado por el abogado defensor del cura, Juan Ángel Fornerón, y así abrió el camino para la próxima citación a indagatoria de Ilarraz, hoy radicado en Tucumán, adonde ejerció el sacerdocio hasta septiembre último, cuando fue suspendido.

Siete víctimas declararon en la causa que tramita el juez Grippo, y contaron con detalles de qué modo el cura abusó de ellos cuando eran apenas adolescentes, y mientras permanecían en el Seminario como pupilos cursando la escuela secundaria. Los hechos, de extrema gravedad, fueron investigados por la Iglesia en 1996, cuando el actual cardenal Estanislao Esteban Karlic era arzobispo. Pero aquello terminó de modo abrupto en una sanción simbólica: Ilarraz fue expulsado de la diócesis, y no se le permitió volver a la ciudad como sacerdote.

Quien tuvo a su cargo la instrucción de aquel proceso fue el actual párroco de la Iglesia Catedral, Silvio Fariña Vaccarezza, quien declaró en la Justicia el 17 de diciembre último. Cuando se le preguntó por qué no había sido citado a dar su testimonio Ilarraz en la investigación que se llevó adelante entonces, respondió: “Que sí, que posiblemente sí, era lo más prolijo (haber escuchado a Ilarraz), pero por otro lado el que tenía la decisión era el arzobispo”. El arzobispo era, claro, Karlic.

Fariña reveló esa vez que a Ilarraz se le impuso otra sanción: ir a un retiro espiritual durante un mes. Cuando le preguntaron los querellantes por qué en 1996 hubo una simple investigación y no un juicio diocesano, respondió que ese camino lo tomó Karlic, luego de oír el arrepentimiento en viajes sucesivos que hizo a Roma, adonde Ilarraz se había mudado en 1993, autorizado por el propio arzobispo.

Violaciones. Grippo tuvo la decisión de rechazar la prescripción ni bien acabó de escuchar todos los testimonios de las víctimas, y, según contaron fuentes cercanas al juez, sólo aguardó el momento indicado para dar a conocer su determinación. El borrador lo tuvo a finales de 2012 y entonces se especuló con una rápida resolución, tres meses después de iniciada la causa penal por corrupción de menores contra Ilarraz, ventilada primero por la revista Análisis.

Pero en medio se presentaron dos apelaciones: una, motorizada por el defensor Maximiliano Benítez, que fue ante la Sala Primera de la Cámara del Crimen, disconforme con la decisión de Grippo de mantener la intervención de la Defensoría en la causa; la otra, la planteó el abogado Marcos Rodríguez Allende, que pidió la imputación de Karlic por encubrimiento. La Cámara –integrada por Miguel Ángel Giorgio, José María Chemez y Hugo Pero-tti– resolvió el 12 de marzo rechazar el pedido de imputación de Karlic; y el 21, que la Defensoría no podía seguir siendo parte de la causa.

Así, el expediente, que había sido elevado a la Cámara para resolver esos dos planteos, volvió por fin a manos del juez Grippo, que se tomó casi un mes para firmar una resolución que ya tenía pensada de antemano. El domingo, contó una fuente, estuvo dándole una última relectura, y ayer, cerca de mañana, firmó el escrito final, que durante el día fue notificado a las partes.

Uno de los puntos centrales de los fundamentos de la resolución de Grippo dice que resulta “apresurado” definir la prescripción cuando todavía no se tiene establecida la magnitud de los hechos que tienen que ver con la integridad sexual de menores, y la violación de garantías constitucionales amparadas por pactos internacionales. Grippo considera que se tiene que seguir investigando los hechos antes de plantear la prescripción, y así ponderó más importante la vulneración de derechos que hubo, antes que atender cuestiones de derecho interno, como la prescripción.

Indagatoria. No todas las partes fueron notificadas ayer de la resolución del juez. Entre ellos, el defensor de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, que se encontraba fuera de Paraná.

En diálogo con EL DIARIO, el letrado evitó entrar en consideraciones respecto del tenor del pronunciamiento judicial, aunque dejó entrever que irá con un recurso de apelación. “Vamos a hacer todo lo que debamos hacer para ejercer la defensa del padre Justo”, dijo Fornerón.

Aunque el fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, sostuvo que la estrategia de aquí en adelante será evitar que cualquier apelación tenga carácter suspensivo, y que de ese modo la causa pueda seguir avanzando, con la citación a indagatoria del cura. “Nosotros vamos a pedir que la causa continúe su curso, mientras se resuelve una eventual apelación”, aseguró.

Al plantear la prescripción, la defensa del cura Ilarraz había sostenido que el delito que se le pretende imputar ha prescripto por cuanto ya han pasado 12 años.

El letrado Fornerón sostuvo a ese respecto que la acción penal contra Ilarraz se encuentra “extinguida por prescripción”, y para eso se ata al planteo que formuló el fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, que encuadra el delito del cura en lo que establece el artículo 125º del Código Penal, bajo el rótulo “promoción a la corrupción de menores agravada”, cuya pena máxima prevista es de 10 a 15 años de prisión.

El abogado ha hecho la salvedad, no obstante, de la “inocencia” de su defendido, aunque respecto a los hechos que se le atribuyen plantea que han transcurrido más de 20 años, es decir que “largamente (ha) expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesto por nuestro ordenamiento”.

Urrutia: “Vamos por la justicia canónica”

Urrutia: “Vamos por la justicia canónica”

El abogado Milton Urrutia, uno de los querellantes que con más fuerza impulsó la investigación de los abusos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, dijo que una vez que avance la causa penal en la Justicia, irán por la investigación diocesana de los hechos.

“Vamos a ir por la justicia canónica, ya que está todo en marcha en la Justicia civil. Queremos que la Santa Sede tome una resolución con el padre Justo. No puede ser que siga activo, que no se le haya prohibido ejercer el sacerdocio”, sostuvo.

Pero además, Urrutia va contra las responsabilidades que les cabrían al cardenal Estanislao Karlic y al arzobispo Juan Alberto Puiggari en la falta de investigación de los hechos, y particularmente, en la ausencia de sanciones a Ilarraz.

“Ellos sabían lo que ocurría. Inclusive, hay hoy sacerdotes, que están ocupando altos cargos en la iglesia, que también habrían sido abusados por el padre Justo. Eso es lo grave. Como feligreses, queremos saber si esos sacerdotes están en tratamiento psiquiátrico, pero también queremos saber qué tratamiento se dio a los jóvenes que abandonaron el Seminario luego de estos hechos”, aseveró.

Respecto de la vía canónica, Ilarraz dijo que harán una presentación ante la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, y agregarán nuevos testimonios a los tres que ya están en Roma, y sobre los que el Vaticano se expidió. Pero además, pretenden que el arzobispo Puiggari aporte nuevos datos de víctimas. Y para eso se apoya en la revelación que efectuó en septiembre último, en un encuentro con el clero, en el Centro Mariápolis, cuando habría dicho que existirían al menos 15 víctimas.

Una carta

Durante el último verano, una de las víctimas que impulsa la investigación judicial por los abusos cometidos en el Seminario de Paraná se entrevistó con el arzobispo Juan Alberto Puiggari en la residencia de la Costanera Alta.

La víctima, antes, había llevado el caso hasta el Vaticano, a través de una carta que portó un grupo de monjas de una congregación que tiene asiento en el interior de la provincia de Córdoba. Las religiosas dejaron el escrito en Roma en 2012, y no se tuvo noticias hasta el último verano.

Puiggari reveló entonces que había recibido respuesta, y le mostró el texto a la víctima, con quien se entrevistó. Pero la carta no estaba todavía traducida, y entonces el arzobispo habría prometido hacerla traducir, y entregarle una copia. Pero antes, pidió autorización a Roma. Esa autorización llegó a principios de marzo.

El 4 de abril, la víctima fue hasta la Curia, y allí fue recibida por el vicario general, Eduardo Tánger, quien le entregó una copia traducida de la nota del Vaticano, más precisamente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En concreto, la Congregación respondía en esa carta la primera nota enviada por la víctima, a través de las religiosas. La nota, dirigida a Puiggari y no a la víctima en forma directa, decía esto: “Pido a vuestra excelencia contactar nuevamente a XX (dice el nombre de la víctima), informándole que su carta fue recibida por la Santa Sede, y que teniendo en consideración que sobre el caso planteado se tomó una decisión hace 15 años, no se puede volver a celebrar otro proceso por las mismas denuncias”. Y finalizaba así: “Además, le rogamos que le haga presente el pesar y la oración del Santo Padre por las víctimas de abuso sexual”.

Al parecer, en el Vaticano la causa Ilarraz es caso cerrado.