La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el cierre por “prescripción” de la causa en la que se investigaba una presunta defraudación en perjuicio de las arcas públicas con la caída del Banco República, ex Banco Mendoza, por parte del ex empresario menemista Raúl Moneta, en los años ‘90.

La Sala Cuarta del máximo tribunal penal rechazó los últimos recursos presentados por el fiscal Raúl Plée y por el representante del Banco Central contra el cierre del expediente a favor de varios de los imputados, entre ellos Carlos Molina, Jorge Maldera, Eduardo Lede, Juan Carlos Bietti, Pablo Lucini y Benito Lucini.

En la causa se investigaba una maniobra a través del Banco República para propiciar la caída del Banco de Mendoza y la obtención de beneficios económicos del Banco Central por unos 140 millones de dólares.

La maniobra   escandalosa de los ‘90

El gobernador justicialista Rodolfo Gabrielli (1991-1995) lanzó el proceso de privatización del Banco Mendoza, que iba a ser fusionado con otra entidad estatal provincial, el Banco de Previsión Social de Mendoza.

Ese paquete fue adquirido por el Banco República, de Moneta, en 1996, durante la gestión del también justicialista Arturo Lafalla (1995-1999).

Esto lo hizo en sociedad con Magna Inversora, integrada, entre otros, por Daniel Vila, Héctor López (supermercados Metro), Ernesto Pérez Cuesta (Mendoza Plaza Shopping) y Jacques Matas (Industrias Matas).

La causa ya había sido cerrada, pero en 2014 la Corte dispuso su reapertura y la profundización de la investigación, no obstante lo cual el 30 de noviembre del año pasado la Sala Primera de la Cámara Federal nuevamente declaró “extinguida la acción penal”.

El fiscal Plée y el BCRA, a través del abogado Pablo Roa, intentaron nuevamente llevar el caso ante la Corte, pero los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques rechazaron el planteo.

Una megacausa que queda en la nada

Los periplos judiciales de Moneta por su desempeño al frente de los bancos República y Mendoza se iniciaron el 8 de abril de 1998, cuando una resolución del Banco Central ordenó el cierre simultáneo de las dos entidades financieras por serias irregularidades.

El juez investigó la supuesta administración ilegal del dinero en ambos bancos y acusó preventivamente por los delitos de “subversión económica, asociación ilícita y violación a la Ley Penal Tributaria” a Moneta y a otros nueve directivos del banco.

Como se dijo, Moneta se había quedado con el Banco de Mendoza a través de su privatización iniciada en diciembre de 1996, junto al Banco de Previsión Social.

Por 30 millones de pesos quedó en manos del consorcio Banco República-Magna Inversora, cuyo principal accionista era Moneta. Sin embargo, un balance final determinó que el Estado le devolviera 15 millones. 

Una vez en manos de Moneta, el Banco Mendoza, comenzó a tener problemas y luego soportó una corrida de depósitos hasta que fue suspendido. En ese momento comenzó la investigación del entonces juez federal Luis Leiva que se basó en supuestos préstamos a empresas vinculadas con el grupo Magna al que pertenecían Moneta y otros empresarios mendocinos. 

A principio de la década de 2000, Moneta tenía una fuerte exposición pública. El semanario que se le atribuía, “El Guardian”, cerró sus puertas luego de una cruzada mediática contra sus denunciantes, los políticos del PD Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter, y la familia Saguier con el objeto de quedarse con el diario La Nación.

Elisa Carrió fue la única que sobrevivió a los embates de “El Guardián”, que hasta pegó afiches con escraches por Mendoza. Pero la denuncia de Lilita, una vez más, queda en la nada.