En sus reuniones presenciales previas a la pandemia, en las teleconferencias, en los grupos de whatsapp, en los comunicados y en las sesiones los senadores de Cambiemos se pelean y se dividen. Ni siquiera votan juntos: el miércoles, 9 de los 25 aprobaron con el frente de Todos el decreto que suspendió los despidos por 60 días. El resto se abstuvo y Esteban Bullrich lo rechazó. 

La fractura a la hora de levantar la mano no fue una excepción sino que es la regla, porque desde diciembre el interbloque conducido por el radical Luis Naidenoff rara vez vota unido y no siempre es posible identificar grupos sólidos ni espacios duros y dialoguistas, como los hay a simple vista en Diputados.

Pero en cada revuelta dejan sus marcas referentes nacionales de Cambiemos como la jefa del PRO Patricia Bullrich y o los radicales Gerardo Morales y Enrique Nosiglia, todos preocupados por poner un pie en la Cámara del Congreso más sólida del oficialismo.

Lousteau, identificado con Nosiglia pero también con el teléfono abierto del presidente de la UCR Alfredo Cornejo, casi siempre tira la primera piedra, pero nunca lo siguen los mismos: en diciembre presionó, antes y durante la sesión, para no habilitar el tratamiento de la ley de emergencia económica y obligar a Cristina Kirchner a esperar la semana reglamentaria entre dictamen y sesión. Quedó en minoría.

En febrero el cordobés Ernesto Martínez, que figura como PRO pero llegó a Cambiemos de la mano de Luis Juez, rechazó la ley de góndolas por considerar que como estaba redactada no favorecía a nadie y se fue del recinto junto a varios de sus pares, como su coterránea Laura Rodríguez Machado. Lousteau se abstuvo y la mayoría del interbloque votó a favor, más por temor a los títulos negativos que a otra cosa. 

Con el debate de la ley que bajó las jubilaciones de jueces y jubilados casi llega la sangre al río en una reunión previa a la última sesión presencial del Congreso: Lousteau se desmarcó de la decisión de acompañarla que había tomado Naidenoff, cuyo padrino en la UCR es Morales.

Cambiemos votó dividido en el Senado en varias leyes. Pato Bullrich les exige endurecer posturas y Gerardo Morales es la línea dialoguista. El tratamiento del pliego de Rafecas podría complicar la interna y por eso quieren posponerlo. 

Arrastró a la radical mendocina Pamela Verasay, cercana a Cornejo; y a los PRO Bullrich, Guadalupe Tagliaferri y Gladys González, entre otros, suficiente para convencer a la mayoría de los radicales de endurecer votar en contra. Algunos se fueron del recinto junto a varios macristas, encabezados por su jefe Humberto Schiavoni. 

Con la pandemia como tema excluyente, Lousteau logró respaldo del ex ministro de Educación cuando presentó un proyecto para bajarle el 30% los sueldos a los empleados de mayores ingresos del sector público. No quiso sumarse Tagliaferri, al parecer, por una gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que en esos días se separaba de la línea dura de su partido. 

Curioso: hace 15 días, el economista enfureció al leer el comunicado del bloque que rechazaba el bono adicional a los custodios o personal de limpieza del Senado que trabaja durante la pandemia. Junto a Verasay, abandonaron el grupo de whatsapp, todo un gesto de hostilidad en estas épocas. 

El texto citaba a los senadores, tenía membrete de Juntos por el Cambio, pero no las firmas de sus jefes Naidenoff y Schiavoini. Fue publicado en las redes sociales por Patricia Bullrich y no por ellos, que hasta negaron su autoría ante los líderes gremiales del Congreso.

Schiavoni, antecesor de la ex ministra de Seguridad en la presidencia del PRO, sufre sus garras seguido. Chocaron cuando respaldó el proyecto de Roberto Basualdo para obligar a los ciudadanos con altos patrimonios a realizar una inversión que agilice la economía, con un monto proporcional al impuesto a la riqueza que había propuesto Máximo Kirchner. Deberían optar entre una cosa o la otra. 

Martín Lousteau. 

Empresario de profesión y aliado del PRO en San Juan, a Basualdo poco le interesa la grieta política y está dispuesto a debatir estos temas con los legisladores del frente de Todos. La ex ministra de Seguridad hizo llegar su reproche por no haber pedido permiso, pero esa vez no fue escuchada.

En una de las teleconferencias del PRO, Schiavoni pidió no prestarle atención y seguir la línea de Larreta, por entonces en diálogo con la Casa Rosada y sin lugar a disonancias. Pero cada vez le fue más difícil ignorarla, hasta que le cedió la firma. Nadie confirma si Macri es el que intermedia a favor de su ex funcionaria en esos momentos de tensión, pero todos lo sospechan. 

Si Pato Bullrich es la que pide endurecer posturas, Morales es el cultor de la cordura, aun cuando el oficialismo del Senado empezó a tratar antes de la pandemia un proyecto para intervenir la justicia de su provincia. 

El gobernador de Jujuy fue el primero en pedir sesiones remotas cuando Cambiemos las negaba en ambas Cámaras y la semana pasada, en una entrevista radial, se desmarcó de los pedidos del PRO para levantar la cuarentena aun en zonas con circulación social del virus.  

"Es distinto estar en gestión de gobierno y teniendo que administrar una pandemia. Concuerdo con lo que ha hecho el presidente y el gobierno nacional. En mi calculo ha salvado de 2500 a 3000 vidas, comparando con la política Brasil", se diferenció Morales.

Reproches a Bullrich en Cambiemos por haber agitado la baja de las dietas y los cacerolazos

Si hay un tema que puede eclosionar al interbloque y exhibir quién es quién es el pliego del juez Daniel Rafecas como procurador general. Rápido de reflejos, para habilitar las sesiones remotas, Naidenoff negoció con Cristina Kirchner restringirlas a proyectos sobre el Covid 19, pero el decreto que las habilitó llegó con una trampita.

El artículo 2 señala que "las sesiones remotas tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz del COVID-19", pero también sobre "aquellas leyes que requiera el Poder Ejecutivo Nacional". 

Para el oficialismo, esa oración abarca proyectos enviados por Alberto Fernández antes y después de la llegada del coronavirus. Tal es así que la única limitación que creen tener para avanzar formalmente con Rafecas son las garantías de las audiencias públicas por teleconferencia y no el debate en el recinto virtual.

Lo más complejo para el frente de Todos es garantizar los dos tercios, porque necesitan del apoyo de al menos una parte de Cambiemos para llegar bien. Antes del 11M, fecha en que la OMS pidió cuarentenas mundiales, las gestiones estaban ben avanzadas. 

Juan Carlos Marino, Luis Naidenoff y Julio Cobos. 

El ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro negociaba la colaboración de los gobernadores radicales, Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdes (Corrientes) y Morales. Los dos primeros explicaban que no dominaban a los senadores coterráneos, pero el jujeño no tenía excusa. 

Y Coti Nosiglia, que además de hablar con Lousteau tiene en el Senado la ayuda del pampeano Juan Carlos Marino, había dado un mensaje más que favorable con la adhesión al pliego de Rafecas del rector de la UBA, Alberto Barbieri . Tan cercano es al histórico operador radical que la hermana, Catalina Nosiglia, es su secretaria de Asuntos Académicos.

El miércoles, los 9 cambiemistas que votaron a favor del decreto que suspende despidos por 60 días quedaron en una posible lista dialoguista.  Fueron el jujeño Mario Fiad, el fueguino Pablo Blanco, el riojano Julio Martínez y los santacruceños Eduardo Costa y María Belén Tapia, todos cercanos a Morales.

Más lo es su coterránea Silvia Giacoppo, quien se abstuvo, pero se deshizo en elogios a la cuarentena en el discurso inaugural de la sesión. Integra además el Consejo de la Magistratura, donde el Gobierno no tardará en necesitarla. 

A Lousteau lo acompañó en el respaldo al decreto antidespidos el chaqueño Victor Zimmermann, que suele seguirle los pasos; Cobos, pero no Verasay, que prefirió la abstención. 

El argumento para votar a favor a Rafecas que ofrece el frente de Todos es que Macri lo propuso como camarista el año pasado, antes de perder la elección. Sus operadores judiciales explican que intentaban liberar una oficina en Comodoro Py para cubrirla con un juez afín, pero se quedaron sin presidente. 

Sin novedades sobre su pliego, el juez que sacudió al Senado con la investigación sobre los sobornos en 2000, cerrada 13 años después por inexistencia de delito -un herida abierta en la UCR-, tiene a cargo la denuncia de legisladores kirchneristas sobre una supuesta mesa judicial liderada por Macri que operaba contra Cristina y sus ex funcionarios. El viernes le llegó una ampliación que involucra al ex ministro Jorge Triaca y deberá investigarla. Salvo que lo nombren procurador.