En un golpe al entramado pyme, el Gobierno autorizó una suba de hasta el 73% para las industrias reciben la energía de las distribuidoras Edenor y Edesur. Desde el sector advirtieron por las complicaciones que puede generar al proceso de recuperación y pidieron por un plan de segmentación, tal cual como pasó con los usuarios residenciales.

Con el sello de la interventora del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, el Gobierno estableció un incremento de hasta el 73% en las tarifas eléctricas que será para los grandes usuarios industriales que obtienen la energía por parte de las distribuidoras más grandes del país. En el lenguaje dentro del ámbito energético, se denomina a ese tipo de consumidores como GUDI’s. 

La decisión del ENRE fue una respuesta a una solicitud directa del secretario de Energía, Darío Martínez. Según los nuevos cuadros tarifarios publicados por el ente, las industrias que contratan un servicio en baja tensión (BT) enfrentarán un alza del 58% a partir del 1 de mayo, los de media tensión un 67%, y los de alta un 73%.

A través de un informe, el ENRE aclaró que la Secretaría de Energía "estableció los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) que deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 137 del 30 de noviembre de 1992, durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2022".

Crítica del sector Pyme

En diálogo con El Destape, el representante del Frente Productivo Nacional Daniel Moreira fue crítico con el anuncio al señalar que "se trata de una cifra excesiva". En ese sentido, explicó: "Somos críticos porque lo que hay que hacer es una  segmentacion, los que más tienen, son los que más tienen que pagar". 

"Hay que revisar los costos de las empresas porque nosotros las pymes tenemos esquemas de costos y la energía es un problema muy importante desde hace tiempo", apuntó Moreira. A su vez, destacó: "El aumento del costo nos impacta de lleno en la producción y por eso hay que saber cuál es el costo real de las empresas para que generen la energía y verificar si lo que nos cobran tiene que ver con los gastos reales que realizan".

Por su parte, el secretario de la entidad APYME, Juan José Sica, se expresó en el mismo sentido: "Los aumentos nos impactan doblemente: en los costos de producción, pero además en el valor adqusitivo del salario del cual se vale el mercado interno y en el que nos abastecemos. Las pymes representamos el 75% del empleo".

"Es fundamental la segmentacion, las grandes empresas pueden asumir un esfuerzo mayor al que las pymes, que viven sobre la cornisa", subrayó el dirigente pyme. Al mismo timepo, advirtió por un freno a la actividad económica: "Venimos creciendo en el último tiempo porque hay rubros industriales que reflejan cifras prepandemia. Cuando nos estamos recomponiendo capital de trabajo, cualqueir aumento de este tipo nos descoloca".

Respecto a la necesidad de subdividir los incrementos energéticos, agregó: "Los rubros son muy distintos entre sí, los consumos son diferentes. Sigo exigiendo que haya transparecia en los costos de las empresas y no tendría que haber aumento hasta no contar con esa información necesaria para saber a quién subsidiar y a quién no. Alguna vez que hay que parar la pelota y hacerlo".

Audiencias Públicas

El aumento para usuarios industriales se dio en paralelo al inicio de las audiencias públicas para considerar los nuevos precios del gas y la luz. La mayoría de los expositores que participó de la primera de las tres audiencias para analizar propuestas expresó su disconformidad con lo que consideró un tiempo escaso para hablar y falta de información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.

Asimismo, los expositores solicitaron una revisión de la dolarización de los precios del gas en boca de pozo y en algunos casos reclamaron que no se apliquen los aumentos propuestos por la Secretaría de Energía, no sólo para los beneficiarios de tarifa social sino también para quienes no revisten esa condición, tanto usuarios residenciales como pymes.

Uno de los más enfáticos oradores fue el diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, quien cuestionó la presentación realizada en el inicio de la audiencia por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de tarifa social no tendrían un nuevo incremento después del ajuste realizado en febrero, en tanto aquellos que no contasen con ese régimen pagarían en sus facturas un aumento adicional del 20% promedio.

"Eso es una mentira presentada para algunos medios que van a bancar la parada de los aumentos", exclamó, al tiempo que consideró "falso" el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que "las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%".

Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que se posterguen los aumentos por entender que "no es un momento oportuno", y que su aplicación "afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público". Asimismo, reclamó mayores inversiones en infraestructura en su distrito y cuestionó que "en pleno siglo XXI" haya sectores de la población sin el servicio de gas por red.